Casi al final de la prolongada sesión de la comisión mixta que se conformó para destrabar la reforma al Sistema de Inteligencia, el diputado Jorge Brito (FA), el gobierno y el equipo de senadores de RN lograron aprobar una indicación para prohibir y sancionar el espionaje político.

Con el objetivo de que la norma quedara plasmada en el proyecto, fue el diputado frenteamplista el que comenzó gestiones reservadas para recabar el acuerdo del resto de los integrantes de la instancia, que preside el senador Javier Macaya (UDI).

La idea surgió por tres fuentes distintas. El primero en plantearlo fue el diputado Brito. Luego el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), también lo propuso en la comisión a partir de una idea de su asesor Ronald von der Werth.

Después de ello, el Ejecutivo también recogió la propuesta del mismo colaborador de Ossandón que también es asesor del senador Kenneth Pugh (ind. -RN).

Según la versión de algunos legisladores, Brito, para evitar un bloqueo de parte de la derecha, le pidió apoyo a Ossandón para hacer fuerza común detrás de la idea, a la que también se plegó el senador Pugh.

El gobierno finalmente fue el que redactó la indicación a través de la asesora del ministro del Interior, Álvaro Eizalde (PS), Laura Mancilla. Con ello, prácticamente todos los parlamentarios le dieron la firma.

Aunque los ruidos de espionaje político siempre han sido una materia sensible y que ha alimentado desconfianzas entre distintos grupos de la sociedad, en el último tiempo ha crecido la preocupación en el mundo político de que estas prácticas, casi erradicadas desde el fin de la dictadura, se escondan bajo otros fines como la persecución del delito.

En particular las medidas intrusivas desarrolladas por la Fiscalía han abierto un debate sobre la protección de la vida privada en sectores de izquierda, mientras que la derecha se ha mostrado reticente a apoyar el proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica, actualmente en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, precisamente por temor al mal uso de herramientas de investigación como el levantamiento del secreto bancario.

“Ningún funcionario de alguno de los servicios u organismos que integren el Sistema de Inteligencia del Estado podrá ejecutar acciones, operaciones o actividades de inteligencia o contrainteligencia con fines políticos, partidistas, electorales o de intervención en la deliberación democrática. La infracción a esta prohibición será sancionada con las penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y la de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles que correspondan”, dice la disposición, que además de Brito contó con las firmas de los diputados Francisco Undurraga (Evópoli), Carmen Hertz (PC) y Andrés Jouannet (Amarillos) y los senadores Kenneth Pugh (Ind. RN), Gastón Saavedra (PS) y Javier Macaya (UDI).

Aunque el diputado Luis Sánchez (republicano) no patrocinó la enmienda, igualmente votó a favor, dando una inédita unanimidad en una discusión de esta naturaleza.

Si bien la reforma que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado se ha tramitado con una relativa transversalidad, diferencias entre el Senado y la Cámara obligaron a derivar este proyecto a una comisión mixta, que se conformó por cinco senadores y cinco diputados.

Los más resistentes eran los republicanos por temor a que la nueva institucionalidad fuese aprovechada por el actual gobierno para designar a personas afines políticamente. Sin embargo, despejadas esas inquietudes, hoy la discusión está cerca de llegar a término.