El estricto “timing” que ha promovido el gobierno y en especial el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para tratar de sacar a la brevedad el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, nuevamente corre el riesgo de sufrir un retraso.

Ya es un hecho que el martes el Senado votará el último artículo pendiente de la iniciativa gubernamental -una norma para compensar a los municipios por la rebaja de contribuciones- por lo que el texto será “despachado a ley”.

Ello, sin embargo, no es el paso final, ya que el Ejecutivo tiene tomada la decisión de vetar (presentar observaciones, según el concepto que usa la Constitución) para corregir o borrar algunas normas aprobadas por la oposición (gracias a descolgados del oficialismo), que no fueron del pleno gusto de La Moneda.

“Respecto a los vetos, Hacienda ha estado trabajando en coordinación con la Segpres y esperamos el miércoles ingresar vetos”, indicó el biministro Claudio Alvarado.

Hasta la semana pasada, el cronograma que barajaba el Ejecutivo, a petición expresa del ministro Quiroz, era ingresar los vetos el miércoles para que pudieran votarse ese mismo día o lo antes posible.

En las reuniones de comité político de esta mañana, el Presidente José Antonio Kast y sus ministros resolvieron que objetarían tres normas: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) el impedimento de cobro de intereses sobre intereses (anatocismo); y 3) los ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pymes.

Estos ajustes fueron comunicados a los representantes de partidos que concurrieron a esta mañana a Palacio.

El problema es que los tiempos son ajustados, por lo que es altamente probable que el Congreso postergue la resolución de esas objeciones presidenciales para las próximas semanas.

Una de las razones es que existe una controversia jurídica en el Parlamento respecto de si las urgencias que habitualmente se usan para un proyecto de ley se aplican de la misma forma para los mencionados vetos.

Incluso, algunos juristas consultados sostienen que, si los legisladores tuvieran que ajustarse a un plazo, debiera ser de 30 días por cada rama legislativa, como lo señala el artículo 74 de la Carta Fundamental.

El Reglamento de la Cámara, de hecho, pone a las observaciones del Presidente en el sexto lugar de las preferencias de la tabla, debajo de los proyectos que tengan urgencia simple (30 días).

Plazos

Públicamente el titular de Hacienda ha sido el que más ha bregado para que la megarreforma, cuyos principales artículos ya están aprobados, pueda convertirse en ley lo antes posible. Uno de los factores que justifica ese apuro es la incertidumbre que generan estas modificaciones legales en ámbito tributario y económico.

Sin embargo, Quiroz tuvo que resignarse a hacer una pausa la semana pasada por el trabajo territorial de los parlamentarios, ya que la megarreforma no pudo culminar su trámite regular, entre el martes 21 y el miércoles 22 de julio, por sufrir algunos imprevistos.

En aquella oportunidad, la Cámara no aprobó completamente los últimos ajustes que había aprobado el Senado, dejando pendiente la mencionada norma sobre platas municipales.

Si bien el Ejecutivo volvió a ponerle presión al Congreso para que el miércoles se despejara el último nudo legislativo -a través de una comisión mixta y luego en una vertiginosa ronda de sesiones de la Cámara y el Senado en una misma tarde-, la ausencia y el desmarque de algunos senadores del propio oficialismo obligó a que el gobierno pidiera postergar la votación, ante el riesgo de que la norma sobre las municipalidades se rechazara.

A esas alturas, tanto en la Cámara como en el Senado ya estaban notificados de que el gobierno ingresaría algunos vetos, por lo que sus respectivas mesas directivas le transmitieron a los ministros que no aceleraran más de la cuenta el trámite de los vetos. Por lo general, estas acciones, de por sí, irritan a los parlamentarios, al ser facultades excepcionales del Presidente de la República que doblegan a la voluntad del Congreso.

Con todos esos incidentes ya superados, en La Moneda y en un sector del oficialismo abrigaban la esperanza de que esta semana, la primera de agosto, fuera la decisiva. Primero votando el artículo pendiente el martes en el Senado, y luego votando los vetos el miércoles o jueves en ambas ramas del Parlamento.

Una semana más

No obstante, desde la Cámara, algunas de sus autoridades advierten que ya es casi imposible votar aquellas observaciones esta semana, por lo que es altamente probable que los vetos recién se resuelvan en la próxima.

Incluso, el jefe de los diputados del PS, Raúl Leiva, dijo que exigirá que se cumpla una pausa de 24 horas entre que el Senado despache a ley la megarreforma y la consiguiente notificación al Ejecutivo. “No debiera votarse esta semana, debiera votarse la semana próxima”, dijo.

En la misma derecha también hay cierta resignación.

Otro de los problemas es que los vetos debieran pasar al menos por las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado antes de que sean votados en las respectivas salas.

El diputado Agustín Romero (republicano), quien preside la instancia de Hacienda, si bien es partidario de apurar el debate, dijo que “voy a tramitarlo con la rigurosidad que merece. Máximo una o dos sesiones. Quiero ver si puedo citar el miércoles y lo voto el jueves en una sesión en Santiago”, adelantó.

En tales circunstancias, la sala de la Cámara, en el mejor escenario para el gobierno, recién podría estar votando los tres vetos en la segunda semana de agosto, el lunes 10.

El subjefe de los diputados UDI, Sergio Bobadilla, señaló que al menos “es relevante que el gobierno mande el veto esta semana para que esta ley cumpla en forma definitiva su tramitación en el Congreso Nacional”.