Contra todo pronóstico, el gobierno intentará sacar esta semana sus últimos proyectos antes del receso legislativo de febrero.

La Moneda tiene sus esperanzas puestas en el proyecto para la prevención de incendios forestales y rurales, la nueva ley del Sistema de Inteligencia, la iniciativa que fortalece el Ministerio Público y al menos en una de las dos reformas políticas que ha discutido en el Congreso.

Se trata de la reforma impulsada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), que busca “promover la gobernabilidad”, reducir el discolaje parlamentario y fijar nuevas restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos.

Todas estas iniciativas se encuentran en su fase final de tramitación, por lo que desde una perspectiva realista podrían ser despachadas a ley esta misma semana.

Si bien el Ejecutivo tiene también otras prioridades, aún no cuentan con el suficiente piso político. Incluso, aunque se llegue a un entendimiento entre lunes y miércoles, igualmente su tramitación quedaría para marzo. Ello siembra una incógnita importante. Aunque la primera semana de marzo será la última ventana legislativa que tendrá la administración de Gabriel Boric, a partir del 11 de ese mes, el nuevo gobierno de José Antonio Kast podría hacer observaciones o vetar los proyectos aun cuando hayan sido despachados por el Congreso en esos días.

Este es el caso del proyecto de sala cuna universal. Hay conversaciones avanzadas; de hecho, la oposición hizo una contrapropuesta con indicaciones, pero recién se encuentra en su primera etapa de tramitación en el Senado y aún no cierra su discusión en la Comisión de Educación. Por lo tanto, aún falta que pase por la Cámara de Diputados, que con dificultad podría demorarse solo una semana en marzo en tramitar esta iniciativa.

El nuevo sistema de Financiamiento Educación Superior (FES), que incluye un paliativo al Crédito con Aval del Estado, se encuentra más adelantado, en segundo trámite, pero la posibilidad de un acuerdo por ese proyecto se ve más distante, básicamente por las dudas de su financiamiento. Por esa razón, en la derecha admiten que será una materia que tendrán que ver en el próximo gobierno.

En todo caso, en el Ejecutivo no pierden sus esperanzas, ya que tanto el FES como sala cuna vivirán horas clave el lunes y el martes, independiente de que queden para marzo.

El Ministerio de Educación, además, tiene otras iniciativas a un paso de culminar su discusión relacionadas con convivencia escolar, prevención del acoso entre estudiantes y la reforma al sistema de Educación Pública. No obstante, aún están en fase de comisión mixta, por lo que no tendrán una resolución inmediata durante enero.

Cierre anticipado del Senado

Una de las razones prácticas que hacen imposible además que estos proyectos se voten esta semana es que sorpresivamente el Senado acordó bajar en forma anticipada la cortina este verano.

Si bien se había eliminado la llamada semana regional (días de trabajo en terreno) antes del receso, a modo de dar más espacio a las urgencias del Ejecutivo, los comités de senadores resolvieron eliminar la sesión del miércoles en la tarde para compensarla por una jornada el lunes. Por su parte, la sesión del martes se trasladará a la mañana, por lo que ya a partir de las 14 horas la Cámara Alta ya no volverá a sesionar hasta marzo.

“Para nosotros hay una agenda importante, queda poco tiempo pero trabajaremos hasta el último día, como nos mandató el Presidente Gabriel Boric, para poder lograr los consensos y viabilizar proyectos que están ahí a punto de salir y que esperamos que puedan materializarse”, dijo la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, el viernes pasado en Radio Duna, donde mencionó especialmente la Ley de Incendios, el Sistema de Inteligencia y la reforma política del Ejecutivo.

En el caso de sala cuna y FES, agregó que estarán atentos para “ver si podemos llegar a acuerdos”.

La reforma de Elizalde

En materia de agenda política, existe un diagnóstico compartido en el Congreso de que el sistema parlamentario y partidario requiere ajustes. Pero la propuesta formulada por el ministro Elizalde generaba resistencia entre algunos sectores por su efecto contra candidaturas independientes y partidos pequeños. Pese a ello contaba con el apoyo del PS, del PC, del Frente Amplio, de la UDI, de RN, la DC, de algunos PPD y con cierta cautela del Partido Republicano.

A pesar de que el lunes pasado el gobierno le había quitado la calidad de “discusión inmediata” (seis días de plazo para votar el proyecto), debido a un cambio de sus prioridades producto de la emergencia por los incendios en las regiones del Ñuble y el Biobío, el miércoles el gobierno volvió a activar esta misma urgencia.

Ello obligó a cambiar los planes del presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, el diputado Rubén Oyarzo (radical), quien está a cargo de elaborar un informe con enmiendas de parlamentarios.

Debido a la “discusión inmediata” renovada, la Cámara incluyó el proyecto gubernamental en la tabla del martes en la mañana. Por lo tanto, si esta iniciativa no sufre alteraciones y se aprueba tal cual fue despachada por el Senado, podría ser derivada a ley ese mismo día antes de la hora de almuerzo.

Oyarzo, quien ha sido un detractor de este proyecto, cuya postura ha sido avalada por parlamentarios independientes y partidos pequeños, pretendía discutirlo hasta total despacho en la tarde y en la noche del martes.

Pero en vista de que el tema ya figuraba en tabla para el martes en la mañana, tuvo que reagendar esa convocatoria para el día lunes.

En caso de que este proyecto no sea discutido en la Comisión de Gobierno, la sala -gracias a la discusión inmediata- podía discutirlo incluso sin el informe de la respectiva comisión que preside el diputado radical.

Las chances que tiene la reforma del gobierno de convertirse en ley este martes, sin embargo, no son las mismas para el proyecto “complementario” de los senadores.

Los cambios políticos

El proyecto gubernamental gestionado por el ministro Elizalde modifica tres leyes orgánicas constitucionales (la de Partidos, la del Congreso y la de Votaciones y Escrutinios).

En lo esencial, la propuesta de La Moneda fortalece a los comités parlamentarios y eleva restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos, además de los requisitos para candidaturas independientes.

La otra iniciativa es una reforma a la Constitución, impulsada por un grupo de senadores del PS, del PPD, de RN, de la UDI y de Evópoli, que fija un “umbral” (una barrera del 5% de los votos o contar con ocho parlamentarios) para que los partidos puedan elegir diputados. Además, establece una nueva causal de cesación del cargo parlamentario a aquellos que renuncien a sus partidos o bancadas.

“Estamos haciendo un esfuerzo importante por cerrar los cuatro años legislativos con la mayor cantidad de leyes que le hacen bien a nuestro país. Iniciativas que fueron parte del programa de gobierno, como las 40 horas, la reforma de pensiones, pero también las necesidades que se fueron presentando, como la agenda de seguridad y la reforma al sistema político, que tiene algunas posibilidades de ver la luz de acá al 11 de marzo. Una reforma que se hace con altura de Estado, porque lo que permite es entregarle mayor gobernabilidad al gobierno que viene”, dijo la diputada Javiera Morales (Frente Amplio), presidenta de la Comisión de Constitución.

Inteligencia

La reforma al Sistema de Inteligencia, ingresada en noviembre de 2018, hoy no cuenta con urgencia, pero la semana pasada la comisión mixta que se conformó entre diputados y senadores de todos los sectores políticos logró consensuar un texto que se votará el lunes en el Senado.

Si pasa esa valla, la Cámara lo tiene en tabla para el día miércoles, que de ser aprobada la reforma sería despachada a ley.

“Este es un proyecto que ha tomado muchos años y que hoy se logra sacar adelante de manera transversal, superando discusiones ideológicas y prejuicios históricos respecto del rol de la inteligencia en una democracia. Chile le entrega por fin al Estado una herramienta anticipatoria y preventiva para enfrentar el crimen organizado, que permite dejar atrás una estrategia limitada solo a reaccionar después del delito, ya sea aumentando penas o construyendo cárceles, y avanzar hacia la capacidad de anticiparse, infiltrar y desarticular organizaciones criminales, con controles democráticos claros y pleno resguardo del Estado de derecho”, dijo el senador Macaya (UDI), quien preside la Comisión de Defensa y fue uno de los articuladores del acuerdo.

Nueva emergencia

El cuarteto de proyectos del Ejecutivo podría ser cerrado con el fortalecimiento del Ministerio Público, que votaría el martes en último trámite, y con la llamada Ley de Incendios, que se priorizó con la calidad de “discusión inmediata” tras los siniestros en las regiones del Ñuble y el Biobío.

Si bien en sectores de oposición mantienen sus críticas a la efectividad del proyecto, tras una fuerte presión del oficialismo, la Comisión de Hacienda, que preside la senadora Ximena Rincón (Demócratas), lo despachó la semana pasada y lo dejó en condiciones de ser votado esta semana.

A pesar de estar en segundo trámite, al haber sido objeto de algunos cambios por el Senado, inevitablemente la iniciativa deberá pasar a la Cámara, pero en vista de la emergencia en la zona centro-sur, la resistencia ha disminuido y podría ser despachada a ley el miércoles.

La propuesta busca poner mayor énfasis en la prevención, el fortalecimiento de la gestión de emergencias y endurecer las sanciones. Sin embargo, el punto más polémico son las restricciones para el uso de suelos siniestrados, además de las dudas por la efectividad de la iniciativa gubernamental.