La fórmula que evalúa el gobierno para financiar una eventual ley corta en pensiones

El gobierno retiró la discusión inmediata que tenía la reforma previsional desde marzo en momentos en que avanza en tratativas para una ley corta. Para sacar adelante un proyecto como este, desde la oposición esperan que el financiamiento quede zanjado en este gobierno. Por eso, desde el Ejecutivo evalúan algunas fórmulas, como ingresar la iniciativa de exenciones tributarias.




Quedan menos de ocho meses para que termine el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y menos de siete meses de trabajo legislativo. Por eso se ha diluido la posibilidad de que se apruebe una reforma previsional tal como la propone actualmente el Ejecutivo.

Así lo han advertido economistas y algunos parlamentarios: ya no queda mucho tiempo para sacar adelante este proyecto. Además, el escenario en el país ha cambiado desde que se empezó a discutir la iniciativa. En todo caso, también hay parlamentarios que preferirían legislar ahora entregando más solidaridad al sistema.

Es en este contexto que se ha empezado a hablar de una ley corta en pensiones, donde la idea del Ejecutivo es poner foco en el alza del Pilar Solidario desde el actual 60% de la población más vulnerable, a un 80%. Y cada vez hay más indicios de que el gobierno buscará ir en esa dirección: este martes retiraron la urgencia de discusión inmediata (plazo de 3 días para su tramitación) que tenía la reforma previsional desde marzo, y pusieron urgencia suma (10 días).

Adicionalmente, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, se ha estado reuniendo con parlamentarios de oposición y oficialistas para sondear la idea de una ley corta. Eso fue lo que ocurrió este martes, por ejemplo, con senadores.

Y tal vez una de las mayores trabas para que el Ejecutivo saque adelante esta ley corta, es que restan solo cuatro meses para las elecciones presidenciales, y en la oposición consideran que aprobar una iniciativa como esta sería entregarle un triunfo al oficialismo en plena campaña.

Además, desde la oposición argumentan que será el próximo gobierno quien tenga que costear la propuesta, por lo que creen que primero hay que asegurar ese financiamiento, tema que justamente ha sido cuestionado por algunos economistas como el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que ha calificado de “imprudente” la fórmula que hasta ahora ha dado el gobierno para financiar la ampliación del Pilar Solidario apostando por recursos transitorios y asociados al crecimiento, en vez de fuentes permanentes.

Es por esto que desde el gobierno han estado evaluando nuevas alternativas de financiamiento, como por ejemplo, eliminar algunas exenciones tributarias.

22 Abril 2010 Fachada del Ministerio de Hacienda Foto Ximena Nava

Las exenciones que se analizan

Una de las alternativas que baraja el Ejecutivo es ingresar y tramitarlo de manera paralela, o bien en conjunto, un proyecto de ley de exenciones tributarias para asegurar el financiamiento de la mayor cobertura del Pilar Solidario. Si bien es algo que está sobre la mesa en las negociaciones, el gobierno avanzará en esta vía solo si existe un acuerdo previo y que no surjan nuevas peticiones durante la discusión legislativa propiamente tal.

Entre las exenciones que se evalúan está eliminar figuran la exención del IVA de la construcción, impuesto a la ganancia de capital, bajar el umbral en exenciones a ganancia de capital en bienes raíces desde 8.000 UF a 5.000 UF, eliminar servicios exentos a IVA con excepción de salud y educación, y eliminar los beneficios asociados a las viviendas DFL 2, que son los beneficios para bienes raíces adquiridos con anterioridad al 2010.

Todas estas franquicias le permitirían recaudar al fisco unos US$2.286 millones anuales en régimen. En tanto, el costo de aumentar el Pilar Solidario a un 80% sería de unos US$1.300 millones en régimen, según ha dicho anteriormente el gobierno.

Las exenciones mencionadas por La Moneda reúnen un amplio consenso político y técnico, ya que ha estado presente en las distintas propuestas que han hecho parlamentarios de oposición como algunos de Chile Vamos y candidatos presidenciales. Por ello, el análisis que hacen al interior del Ejecuto es que deberían tener una buena acogida.

La decisión todavía no está cerrada, pero aseguran que debe ser en el corto plazo y enfatizan en el hecho de que debe existir un acuerdo similar al que hubo cuando se acordó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal, el cual tras el pacto previo avanzó rápidamente en el Congreso sin mayores cambios.

Vista general de la sesión de Sala del Senado este martes. Foto: Leonardo Rubilar Chandía / Agencia Uno.

Lo que opinan los parlamentarios

En las reuniones que ha sostenido el gobierno con parlamentarios para hablar de la ley corta, desde la oposición han planteado al ministro que el ideal habría sido avanzar en crear un pilar de seguridad social, introducir cambios a la industria de AFP, crear un ente público, entre otros.

Pero en caso de avanzar finalmente en una ley corta, algunas reflexiones que hacen en la oposición, y que fueron transmitidas al gobierno, es estudiar si la propuesta incentiva o desincentiva al ahorro y la cotización; y si hay que premiar a la gente por el monto ahorrado para pensión, o por la densidad de cotizaciones.

Esto, considerando que en caso del Aporte Previsional Solidario (APS), actualmente el aporte se hace sin distinguir si la persona cotizó por muchos años o pocos, por lo que creen que la estructura del APS se podría reformar, por ejemplo, para que esté ligado a los años cotizados.

También se plantearon otras inquietudes, como que se incluya la ley de la marraqueta que ha propuesto la senadora Carolina Goic (DC), para que cada recién nacido reciba $1 millón.

¿Qué esperan los parlamentarios que se incorpore en una eventual ley corta en pensiones? Goic dice que “el gobierno ha perdido tiempo valiosísimo, a pesar de tener propuestas muy razonables sobre la mesa y ser este su principal compromiso de campaña. Creo que hoy lo urgente es mejorar las actuales pensiones para la clase media y a mí me gustaría avanzar en mecanismos que permitan recuperar la importancia de ahorrar para la vejez, como la que hemos hecho de la ley de la marraqueta, que permitiría a la larga garantizar un piso de pensión universal para todos los niños y niñas en nuestro país y que además es una propuesta que cuenta con respaldo muy transversal”.

En tanto, el senador Juan Pablo Letelier (PS), dice que “el gobierno posiblemente se está farreando la posibilidad de sentar las bases para un nuevo sistema de pensiones. Quizás soy excesivamente optimista, o voluntarista, pero creo que sentar las bases de un pilar de seguridad social siempre es importante, y renunciar a eso a priori no sé si es bueno”.

El senador PS cree que el sistema debería tener tres pilares: uno con el esfuerzo de cada trabajador, que ya existe; otro de seguridad social; y un tercer pilar que es el rol del Estado, avanzar hacia una Pensión Básica Universal. Y si bien Letelier dice que le habría gustado discutir el sistema en su conjunto, y avanzar en el segundo y tercer pilar, también contempla una “opción” avanzar en el tercero, “que es una mayor inyección de recursos públicos, que considera el subsidio a la vejez ampliando la cobertura de la Pensión Básica Solidaria (PBS); y el subsidio a las pensiones bajas, que es el APS”, comenta.

Sobre el APS, cree que hay varios temas a analizar. “La mayor discusión es cuál es el rol del Estado en ayudar a mejorar las pensiones que son insuficientes (APS). A ese punto, se pueden agregar tres discusiones. La primera es si el Estado podría hacer un aporte, tipo ley de la marraqueta. Segundo, además del subsidio a las pensiones bajas, si el Estado va a establecer o no una modificación de las tablas de cálculo de la vejez, por dar un ejemplo, una tabla de mortalidad que diga las personas van a autofinanciar su pensión hasta los 90 años, y si viven más años, que lo cubra un seguro para la cuarta edad como le llaman algunos”.

Y en tercer lugar, Letelier explica que “podría ser que ninguna pensión de gente que haya cotizado cierta cantidad de años, esté debajo del sueldo mínimo. Podría ser ese el rol del subsidio estatal para pensiones bajas (APS), u otro modelo”.

El senador José García Ruminot (RN), comenta que están “escuchando a distintos especialistas. Queremos mejorar las pensiones, formando parte de un todo armónico. Sabemos que no hay acuerdo sobre distribución del aumento en la cotización, por tanto, en esta primera etapa de mejoramiento debemos recurrir solo a financiamiento fiscal. Sobre modificaciones a la industria no veo posibilidad de hacerlo ahora; requiere más tiempo y más estudio”.

En tanto, el senador Rodrigo Galilea (RN) cree que “dados los tiempos que quedan, dado ya todo lo que se ha conversado, discutido, votado y no votado, está clarísima cuáles son las convergencias, divergencias y cuáles son solucionables en el corto plazo y cuáles no. Por lo tanto, creo que lo más razonable es avanzar en lo que se puede avanzar rápido y que beneficia a cientos de miles de personas, que es la profundización del Pilar Solidario. ¿Eso qué significa? Avanzar en términos de que el Pilar Solidario en vez de llegar al 60% más vulnerable de la población, llegue al 80%, de que la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS), como vas a llega al 80%, también coherentemente debería subir a un número parecido a los $500 mil, y con eso, creo que daríamos un salto relevante en la cobertura en el Pilar Solidario a nuestra población”.

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