El rechazo al ex presidente Lula Da Silva llegó este mes a su mayor nivel en la historia. Según una encuesta dada a conocer el sábado por Datafolha, 57% rechaza al ex mandatario, mientras un 68% apoya la destitución de Dilma Rousseff. El proceso de polarización se ha intensificado luego de que el escándalo Lava Jato, salpicara al ex gobernante, quien hasta hace poco era considerado uno de los grandes líderes políticos de la región.

En su libro publicado en 2014 (“Brasil: el complicado ascenso de una potencia mundial”), Michael Reid, editor jefe de The Economist para América Latina, anticipa en parte esta inestabilidad, al decir que los logros del gigante sudamericano están amenazados por la insostenibilidad fiscal y que Brasil necesita una reforma política porque el presidencialismo de coalición había llegado a su límite. Reid -quien lleva más de dos décadas analizando lo que pasa en Latinoamérica en el semanario británico- asegura que la crisis política durará varios meses y que sólo un Gobierno de unidad nacional, que haga las reformas clave, podrá devolver a Brasil al camino del progreso.

¿Qué apoyo partidario le queda a Dilma, considerando que en el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) ha perdido apoyo, e incluso también lo ha perdido dentro del PT, que han votado en contra de iniciativas del gobierno en un 30% de las oportunidades?

Hay una posición extremadamente débil. Perdió el apoyo popular dramáticamente tras la elección por la situación económica, por un lado, y, por otro, por el avance de las investigaciones del escándalo de corrupción Lava Jato entre los partidos de gobierno. Ella está intentando lidiar con una crisis de tres cabezas: la economía, que está extremadamente débil, en una recesión profunda, con una contracción del PIB de 3,8% el año pasado y un pronóstico malo para este año, con una inflación de 10% y con la pérdida de 1,5 millones de puestos de trabajo el año pasado, y se espera que el desempleo siga subiendo. Por otra parte, el caso Lava Jato ha avanzado en términos de llegar a políticos claves en la coalición de gobierno. Y si bien hasta hace poco Dilma no estaba acusada personalmente de ningún acto de corrupción, un testimonio reciente muestra una acusación de que ella habría actuado para impedir la investigación. Hay que ver si es así, y si ella lo niega. Junto a esas dos cosas, el PT se ha opuesto a las medidas tímidas que Dilma ha intentado tomar para estabilizar la economía. Con Lula en el gobierno esa oposición va a disminuir. Lo otro clave es qué pasa con el PMDB que es el partido más grande en el congreso, y principal aliado del PT y que está claramente tomando distancia del gobierno y ha decidido que sus miembros en el congreso pueden emitir su voto sobre el impeachment según su consciencia y posición individual y no en disciplina de partido. Entonces, su apoyo político es bastante pequeño. Dicho eso, ese apoyo es bastante movilizado y son capaces de reaccionar y defenderse.

¿Qué significará esto? 

Cualitativamente ese apoyo puede ser más significativo que en términos cuantitativos. Lula intentará usar sus habilidades políticas que son mayores a las de Dilma para intentar solidificar el apoyo del PMDB y de otros partidos en el gobierno. También se ve que él está abriendo una conversación con la Corte Suprema en que él está usando todos sus artes políticas y apelando a su condición de líder político muy importante todavía en Brasil. Todo eso indica que Lula y Dilma no han aceptado su derrota todavía.

¿Es posible que ella renuncie?

Lo que Brasil necesita evidentemente es un nuevo gobierno, porque este gobierno no es capaz de gobernar el país. Lo ideal sería una nueva elección general tanto de presidente como del Congreso porque este Congreso está bastante debilitado con acusaciones a miembros importantes como el presidente del Senado y de la Cámara. Bajo la Constitución no es posible una nueva elección presidencial. Puede haber una nueva elección presidencial si el Tribunal Supremo encuentra que hubo dinero de la corrupción en la campaña de Dilma en 2014. El Tribunal Supremo está haciendo esa investigación ahora. Si logra determinarlo antes del 1 de enero de 2017, habría una nueva elección. No sabemos qué va a dictaminar el tribunal, pero una nueva elección sería una salida menos polarizante. Hay una probabilidad bastante significativa de que el imepachment tenga éxito. Hace unos meses se veía más difícil.

¿Qué ha cambiado?

Los últimos acontecimientos en Lava Jato han llegado más cerca de Dilma y han afectado la dinámica política en el Congreso.

Entonces, ¿ella va a renunciar?

Ha dicho repetidas veces que no va a renunciar porque es una luchadora y es una mujer fuerte. Pero al mismo tiempo, Brasil se está acercando a una situación en que simplemente no están las condiciones para gobernar y que no le va a quedar otra que renunciar en los meses que vienen.

¿Cree que desde la detención de Lula se va a acelerar el proceso de juicio político?

Hay un ambiente bastante crispado en Brasil. Pero esta crisis no se va resolver de la noche a la mañana. Va a durar un mínimo de varios meses más. El impeachment se demorará varios meses, hasta que llegue el proceso al Senado. Si llega a ese punto, la Presidenta tendría que suspender temporalmente su cargo y ahí sería posible que ella renunciara. Pero eso sería especular sobre el futuro. La otra complicación es que la persona encargada de dirigir el impeachment, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara, enfrenta una acusación criminal de corrupción, y cuya familia tiene dinero en cuentas que él no ha podido explicar correctamente. Entonces hay una batalla política ahí.

¿Qué tan sólida es la base jurídica para esta impugnación contra Dilma Rousseff?

La solicitud de impeachment está basada en una violación relativamente menor de las cuentas fiscales del país, que los que apoyamos la responsabilidad fiscal podríamos estar contentos si se convierte en un asunto de impeachment, pero, por otro lado, es bastante cuestionable que la gravedad de esa falla merezca castigo de impeachment. Si prospera el impeachment, sería por la dinámica política como un todo. Pero un gobierno que propone llegar al poder con prosperidad y denostando a la oposición por advertir que Brasil iba a enfrentar un proceso de ajuste, y por otro lado, con un partido de gobierno involucrado en corrupción sistemática para mantenerse en el poder. En ese sentido sería un proceso político. A diferencia del impeachment de Fernando Collor de Mello, él fue acusado de corrupción personal. Acá, en cambio, no hay acusación de corrupción personal, entonces es sólo una cuestión política: las reglas dicen que ella sólo puede ser sometida a este juicio con alguna acción que ocurrió durante su mandato actual, no anterior.

Transparencia Internacional planteó que Brasil se estaría convirtiendo en un exportador de corrupción. ¿Coincide?

Brasil se está convirtiendo en un modelo de cómo enfrentar la corrupción, pero a la vez, es verdad que hay acusaciones contra las empresas de construcción brasileña. En el transcurso de la investigación de Lava Jato han surgido sospechas en otros países, como Perú y Angola, y eso es grave. Pero también las empresas de construcción son notorias por los contratos y no creo que las empresas brasileñas tengan un monopolio de ese tipo de corrupción en el mundo.

¿Qué capacidad política tiene el vicepresidente, Michel Temer, que es quien se haría cargo en caso de que el impeachment prospere? 

Temer es muy hábil pero es un representante destacado de esa clase política brasileña tan desacreditada frente a la opinión pública. No hay acusaciones contra él personalmente, pero es el jefe del partido que representa por excelencia al sistema de negociaciones de clientelismo. Ahora, el escenario optimista es que -en caso de que el impeachment prospere- él logre constituir un gobierno de unidad nacional que sería del PMDB y PSDB y que ese gobierno haga una serie de reformas fundamentales fiscales para estabilizar la situación económica y una reforma política que es esencial en Brasil para reducir la multiplicación de partidos y para que los políticos tengan que rendir cuentas y no puedan esconderse en fueros. ¿Se puede lograr eso? Quién sabe, no será fácil. Pero es el único camino para que Brasil salga de la crisis política y económica y encuentre el camino de progreso que había encontrado.

¿Cuáles serían las motivaciones del juez Sergio Moro, que filtró los audios de conversaciones entre la Presidenta y el ex Presidente? ¿Es un tema sólo relacionado al interés público o ve motivación política, que es lo que el gobierno ha acusado? 

Desde que empezó esto, el juez Sergio Moro ha mostrado una determinación poco usual de llegar a donde se llega y caiga quien caiga y debido a ese desempeño es un héroe popular para la opinión pública en Brasil. Dicho eso, su decisión de ordenar la detención de Lula hace unos días fue cuestionable, porque Lula podía haber ido voluntariamente a declarar. Su decisión de publicar las grabaciones de conversaciones telefónicas de Lula y la Presidenta es cuestionable legalmente. Probablemente la motivación real fue una respuesta a la reacción política de Lula hacia su detención. Esto significa que el proceso de Lava Jato, que es jurídico, se está politizando, lo cual es preocupante, porque debiera ser un proceso estrictamente legal.

¿Por qué el juez ha mostrado esta determinación que antes era tan poco habitual?

Esto es producto de un proceso democrático de casi 30 años desde la Constitución de 1988 que dio bastante poder y autonomía a los fiscales. Precisamente porque la política ha entrado en cierto descrédito, un número significativo de jóvenes talentosos, educados y ambiciosos han elegido la carrera judicial y no la política. Entonces el juez Moro no está solo. Hay que recordar el caso Mensalao que empezó en 2005, con revelaciones de que altos funcionarios y líderes del PT habían pagado cantidades de dinero a parlamentarios de partidos aliados para apoyar al gobierno y fueron los fiscales y el poder judicial que investigó esto, y la Corte Suprema castigó a figuras políticas importantes, como el ex jefe de Casa Civil de Lula.