La negociación del reajuste del sector público ya comenzó. Y si bien todavía no se conoce la respuesta que el gobierno le hizo a los representantes de los funcionarios estatales, los trabajadores ya le entregaron su petitorio: un alza real de 2%, es decir, sobre la inflación anual a noviembre que acumula un 3,4% por lo que el alza nominal es de 5,4%.

Con estas cifras sobre la mesa, el instituto Libertad y Desarrollo (LyD) cuantificó el impacto fiscal que esta alza le significaría al Estado en caso de que se les otorgue ese aumento de 2%.

En su análisis mencionan que, entre 2021 y 2024, el número de funcionarios del sector público ha aumentado a tasas promedio de 3,5% anual, llegando a diciembre de 2024 a cerca de los 939.000. De estos, cerca de la mitad se desempeña en la administración central mientras, que un 37% lo hace en el sector municipal, el 6,1% en universidades y centros de formación técnica (CFT) estatales, el 2,7% en organismos autónomos y el restante 0,1% en otras instituciones públicas.

De acuerdo a una minuta entregada por la Dirección de Presupuestos al Congreso, la Ley de Presupuestos 2026 considera $589.921 millones para financiar el costo total de la ley de reajuste, equivalente a US$634 millones. “Esto es, menos de la tercera parte del costo que tuvo la última Ley de Reajuste, por lo que quedan dudas respecto a la disponibilidad de recursos para financiar esta medida”, menciona el informe.

De esta forma, según cálculos de LyD, si las remuneraciones se reajustan en 5,4% nominal, como demandan los gremios de los funcionarios públicos el costo llegaría a US$ 1.527 millones. “Esto es sin considerar eventuales ahorros por retiros voluntarios, solo se contaría con el 41% de los recursos que se necesitan. A esto hay que agregar, el financiamiento que se requiere para otorgar otros beneficios que se incluyan, tales como bonos mensuales para garantizar remuneraciones mínimas en algunos estamentos, aguinaldos y otros bonos especiales”, resaltan en el informe.

En su análisis argumentan que “durante la tramitación del Presupuesto, el gobierno planteó que los mayores gastos en personal se financiarían también con los ahorros generados por los funcionarios que se acogieran al retiro voluntario y su reemplazo en proporción de uno por cada tres vacantes. Sin embargo, la cantidad de retiros es incierta y ha variado mucho en los últimos años”.

Así, resaltan que “incluso bajo un supuesto optimista (5.000 retiros partir del 1 de enero) el ahorro anual sería solo de US$150 millones, monto insuficiente para cubrir los costos asociados a un eventual reajuste salarial y al alza de las nuevas cotizaciones previsionales”.

En definitiva, para LyD, “no se cuenta con los recursos suficientes para garantizar el financiamiento del costo total del reajuste tal como ha sucedido en años anteriores ni lo demandado por los funcionarios para 2026”.

Reajustes anteriores

En el análisis, LyD sostiene que, en 24 de los últimos 34 años, los salarios del sector público se han reajustado por sobre la variación del IPC (70% del tiempo), lo que ha permitido a los funcionarios aumentar sus remuneraciones en un porcentaje por sobre la variación del IPC, es decir, sus remuneraciones han crecido en términos reales.

En los años más recientes, la elevada inflación post crisis sanitaria del Covid significó en 2022 un reajuste nominal de 12% (-1,3% real), magnitud que fue sustancialmente menor en los años siguientes: 4,3% y 4,9% en 2023 y 2024 respectivamente.

De acuerdo a cifras de los Informes Financieros (IF) de las distintas leyes de reajuste del periodo 2012-2024, la cantidad de recursos que se requieren para financiar el reajuste y las subvenciones aumentó considerablemente a partir de 2021, año en que el reajuste fue de 6,1% nominal, requiriéndose US$1.791 millones.

Luego en 2022, con un reajuste de 12% nominal, se destinaron cerca de US$3.330 millones para financiar el reajuste. Si bien en 2023 y 2024 los incrementos nominales fueron más moderados, la cantidad de recursos para financiarlos siguió siendo relevante.

“En 2024 se consideró US$1.406 millones para reajuste de remuneraciones y subvenciones y otros US$725 millones para financiar otros beneficios. Es decir, el costo total estimado de la ley de reajuste fue de US$2.132 millones, equivalentes a casi cuatro meses de pago de PGU a más de 2.200.000 beneficiarios, o cerca de 53.000 viviendas sociales, o 2,6 veces el subsidio anual al Transantiago”, puntualizan.

Para LyD, la discusión del reajuste del sector público este año tendrá dos aristas. La primera, dice que “será la necesidad que el Ejecutivo entregue certezas que lo que vaya a proponer esté correctamente financiado en la Ley de Presupuestas recientemente aprobada” y la segunda, “es que esta discusión no se puede desvincular de la evolución que muestra el empleo público en las últimas décadas”.