La Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó abrir una investigación luego de que la defensa de los hijos de Julia Chuñil, la abogada Karina Riquelme, acusara acciones intimidatorias en contra de otros familiares de la víctima.

El recurso de amparo interpuesto por Riquelme el pasado 2 de marzo, denuncia que sus representadas, Lyssette Sánchez y Etelvina Díaz, nieta y sobrina de Julia Chuñil, respectivamente, fueron víctimas de vulneraciones.

Una de ellas, relatada en el recurso, es el uso de drones en el domicilio de la pareja de Etelvina Díaz en las dos últimas semanas de febrero. Una noche, la mujer notó que uno de los drones estaba apostado frente a una de las ventanas de la casa, dice el documento, y que en septiembre del año pasado tras notar uno de estos dispositivos de vigilancia en las cercanías y consultar a la Fiscalía, se les respondió que no se ha dispuesto el uso de estos artefactos.

En el caso de Lyssette, se denuncia que cuando se le tomó su declaración el 15 de febrero fue “reiteradamente advertida por los funcionarios respecto de que ‘mentir es un delito’ y que determinadas afirmaciones podrían generar represalias legales en su contra”. En el documento también se cuestiona que los efectivos “intentaron persuadir a Lyssette para abordar un vehículo particular y trasladarse a un predio privado sin orden judicial ni resguardo formal, eludiendo canales oficiales”.

“Los funcionarios realizaron comentarios relativos a su cosmovisión mapuche, exhibiendo imágenes de ceremonias tradicionales, a las que habrían aludido como ‘brujería’, solicitando incluso ‘que no les hicieran brujería’, expresiones que considera racistas e impropias del actuar de funcionarios públicos", añade el recurso.

También se cuestiona que funcionarios de Carabineros hayan dicho a Etelvina Díaz que debía declarar en la Comisaría de Máfil en calidad de imputada por obstrucción a la investigación, y se da cuenta como antecedente, que uno de los efectivos del Labocar, José Arriagada, “le habría señalado, cuando se encontraban solos: '¿Qué pasaría si ahora te secuestrara?’“.

Carabineros y Fiscalía responden

La Fiscalía, en tanto, respondió a las acusaciones relativas a los drones que “no ha dispuesto ni instruido diligencia investigativa alguna que contemple el uso de drones o dispositivos de vigilancia aérea en el lugar indicado en el recurso, ni respecto de las personas individualizadas por la recurrente".

“En el presente caso no se describe privación de libertad, amenaza de detención ni actuación policial o judicial dirigida en contra de las amparadas. Las alegaciones del recurso se limitan a una supuesta situación de vigilancia cuya autoría no se encuentra determinada y que, en todo caso, no configura una afectación actual o inminente a los derechos protegidos por dicha acción constitucional”, añadieron desde el Ministerio Público.

Carabineros, por su parte, negó haber privado de libertad o ejercido apremios ilegítimos contra las recurrentes. En el caso de Lyssette Sánchez sostuvieron que su declaración tuvo lugar “sin registrar inconvenientes, reclamos ni situaciones irregulares”.

En cuanto a Etelvina Díaz justificaron su calidad de imputada aludiendo a que sus comunicaciones con la imputada Jeannette Troncoso revelan “coordinaciones que podrían dar cuenta de conductas tendientes a entorpecer o dificultar el esclarecimiento de los hechos”.

También negaron haber usado drones en el perímetro del domicilio de Etelvina Díaz. Sí reconocieron haber utilizado estos dispositivos, con autorización judicial, en los inmuebles vinculados a los imputados e hijos de la víctima, Jeannette y Javier Troncoso Chuñil “únicamente en horario diurno, atendido que este tipo de sistema requiere condiciones adecuadas de visibilidad y luz natural para su correcta operación”.

Corte ordena investigar

Con todo, la Corte estimó esta jornada necesario investigar los hechos denunciados y para ello remitió los antecedentes que proporcionó la defensa a la Fiscalía Regional de Los Ríos.

El tribunal estableció que lo relativo a amedrentamientos o sobrevuelos de drones “si bien no es posible atribuirlos directamente a la Policía ni a Carabineros, desde que no hay antecedentes en tal sentido, tienen la entidad suficiente para constituir una amenaza o afectación a la seguridad individual de quienes recurren”.

“En cuanto a las demás circunstancias alegadas, esto es la situación de angustia derivadas de las diligencias de investigación desarrolladas por la policía o la apertura de investigaciones en su contra, cabe consignar que actualmente no es posible pretender que esta Corte limite las averiguaciones de hechos que revisten el carácter de delito, la desaparición de doña Julia Chuñil Catricura, teniendo especial consideración que no se ha afectado la libertad personal", añade la Corte en su resolución.

Mediante un comunicado, desde la Fiscalía destacaron que “la Corte reconoce la autonomía del Ministerio Público para dirigir las investigaciones penales y señala que los hechos investigados en la causa por la desaparición de Julia Chuñil revisten carácter de delito”.

También, enfatizaron que “el tribunal indica que no existen antecedentes que permitan atribuir los hechos denunciados a Carabineros ni al Ministerio Público”.

La abogada Karina Riquelme, por su lado, dijo a este medio que “es una buena resolución pues es ni el Ministerio Público, ni la policía reconoce el uso de drones. Tampoco las amenazas. Esto significa que la Corte no creyó en la Fiscalía ni en Carabineros, por eso decide que se abra una investigación, porque si les hubiera creído rechaza el amparo”.

De todas maneras, Riquelme estimó que lo “ideal” sería que otra fiscalía regional y otras policías realizaran las diligencias de esta causa, pues anteriormente ha criticado el actuar de la Fiscalía de Los Ríos y en especial de la fiscal a cargo, Tatiana Esquivel, a quien denunció por apremios ilegítimos en contra de una de sus representadas, Jeannette Troncoso. Pese a ello, esperará la designación del fiscal a cargo para evaluar solicitudes en esta dirección.

La víctima se mantiene desaparecida desde noviembre de 2024. La Fiscalía sostiene que fueron sus hijos Pablo San Martín, Jeannette y Javier Troncoso -los dos primeros bajo arresto domiciliario y el último en prisión preventiva- quienes le dieron muerte tras un altercado familiar y ocultaron su cuerpo en el predio donde vivían. La defensa, por su lado, ha apuntado hacia el empresario Juan Carlos Morstadt, con quien Chuñil mantenía una disputa territorial.