El pasado 5 de agosto, el abogado José Miguel Gana, representante de BancoEstado, envió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un escrito con las respuestas del gerente general del banco estatal, Óscar González. El documento, de cinco páginas, contiene las contestaciones a 99 consultas formuladas en el marco del juicio iniciado por Banco Santander por las discrepancias en las tarifas interbancarias.

A diferencia de su par en Santander, el ejecutivo de BancoEstado tuvo una semana para responder las preguntas en una diligencia que, en términos legales, se denomina audiencia de absolución de posiciones. ¿La razón? El artículo 22 del Decreto Ley 2.079 le otorga un plazo mayor para contestar.

En su declaración, González defendió la labor del BancoEstado de inclusión financiera y cuestionó el interés de Banco Santander en su arremetida legal.

“En el primer Informe de Sistemas de Pago del Banco Central del año 2022, en que señala como la Cuenta RUT ha sido un notable caso de inclusión financiera, que pone al país en un nivel comparable a países desarrollados como Reino Unido, Alemania o Suiza, en materia de tarjetas de débito, y cual habría sido el caso sin la existencia de la Cuenta RUT”.

“Los 15 millones de clientes con Cuenta RUT tienen la posibilidad de utilizarla diariamente para recibir sus pagos y remuneraciones, efectuar compras presenciales o digitales, nacionales o internacionales, para el uso en el transporte, y de distintos beneficios. En conjunto con la caja vecina, se han constituido en un ejemplo internacional de inclusión financiera, rol que ha jugado el banco no sólo en esto, sino también en el ahorro, los préstamos de vivienda, la microempresa”, explicó.

González, también recalcó que los bancos privados no está obligados a aportar a la política de inclusión financiera, “no obstante se benefician de ella”.

“Como se informó al TDLC producto del estudio efectuado por Butelmann Consultores, la tarifa se estableció en 0,01 UF para la TEF y Batch Crédito y 0,0019 UF para batch débito. Posteriormente se ha alcanzado nuevos acuerdos con la mayoría de la banca“, añadió González en su escrito.

El conflicto tiene su origen en la demanda que interpuso el banco de capitales hispanos en contra del BancoEstado el 8 de abril de 2024. El mayor banco privado del país -medido por colocaciones- acusó a la entidad estatal de aplicar una tarifa más de 4,5 veces superior a la que cobran otros bancos por el mismo servicio, y de abusar de su posición dominante en el mercado de transferencias electrónicas, donde —según afirma— concentra el 72% del volumen total.

Ante esta ofensiva, el 11 de octubre de 2024 BancoEstado respondió rechazando la demanda. Acusó a Santander de perseguir “mezquinos intereses económicos” al intentar imponer nuevas tarifas, y defendió su modelo señalando que una rebaja comprometería la viabilidad de productos clave como la CuentaRUT, afectando a millones de personas de sectores vulnerables.

Audiencia

El 1 de julio de 2025, Andrés Trautmann Buc asumió como nuevo gerente general y country manager de Santander Chile. Veintisiete días después, debió presentarse ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el marco del proceso en curso. Ese día, acompañado por Ignacio Larraín y Tomás Alcalde, caminó desde la casa matriz del banco español, ubicada en Bandera 140, hasta las dependencias del tribunal en Huérfanos 670.

En la audiencia, Andrés Trautmann, Gerente General del Banco Santander Chile, explicó que desconocía detalles sobre las tarifas interbancarias históricas y los procesos relacionados con el Centro Electrónico de Transferencias (CET), ya que estos eventos ocurrieron antes de su ingreso al banco en 2018. También mencionó que no tenía información sobre los costos que Banco Estado incurre en las transferencias electrónicas ni sobre las disputas legales previas entre los bancos.

Respecto a la carta del 26 de diciembre de 2023, donde Banco Santander cuestionó la tarifa de 0,01 UF más IVA, Trautmann señaló que entendía que el banco se sometió a un proceso de autorregulación con consultoras independientes para determinar una nueva tarifa, pero no conocía los detalles específicos de las negociaciones o las razones por las cuales Banco Estado fue excluido de dicho proceso.

Además, afirmó que productos como la Cuenta “Más Lucas” del Banco Santander no tienen costo de mantención y permiten transferencias electrónicas, aunque desconocía detalles de otros productos como la Cuenta “Life” o las cuentas de la competencia.

Trautmann respondió en varias ocasiones: “Lo desconozco”, “No me consta” o “No tengo información”.

“Ahórrate los comentarios”

Durante la audiencia de absolución de posiciones, después de que el Gerente General del Banco Santander, Andrés Trautmann, respondiera con fórmulas como “lo desconozco” o “no me consta” a más de 50 preguntas consecutivas, el abogado Rubén Urrutia, representante del Banco Estado, manifestó su desacuerdo con la situación.

En la audiencia, Urrutia interrumpió el procedimiento y señaló: “Vino el Gerente General, llevamos 54 preguntas y no sabe nada de nada”.

El ministro Ricardo Paredes a cargo de la audiencia intervino para retomar el orden, solicitando que las partes mantuvieran la compostura. Posteriormente, el abogado Ignacio Larraín, representante del Banco Santander, respondió a Urrutia:

“Rubén, ahórrate los comentarios”.

El ministro decidió entonces hacer una pausa en la audiencia, pidiendo que el absolvente saliera temporalmente de la sala para permitir que los ánimos se calmaran.

Declaración

Banco Santander envió una declaración a Pulso en que señala que Trautmann asumió su cargo el 1 de julio de 2025, por lo que no estuvo presente ni tuvo participación alguna en los hechos que motivan la citación del TDLC.

“Asimismo, durante toda su trayectoria profesional en Banco Santander Chile, Andrés Trautmann nunca ha tenido relación ni injerencia alguna en el negocio de las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF), área que opera de manera independiente y ajena a sus funciones”.

“Banco Santander Chile reafirma su compromiso con la transparencia y la colaboración con las autoridades, y confía en que esta aclaración contribuirá a una mejor comprensión del contexto de la nota del diario La Tercera por parte de la opinión pública”.