LA PROPUESTA de un grupo de diputados para derogar cuatro feriados vigentes ha generado gran controversia por el hecho de que tres de ellos corresponden a  fechas asociadas a fiestas religiosas -29 de junio, 15 de agosto y 8 de diciembre, y otra al 12 de octubre-, algunas de las cuales parecen tener un arraigo innegable en el país. Según los promotores de la iniciativa su objetivo sería ajustar nuestras normas laborales a estándares internacionales y generar espacio para agregar cinco días a las vacaciones de los trabajadores.

La razón de ser de los feriados es destacar ciertas fechas simbólicas para la nación o para sectores relevantes de ella, como ocurre con las Fiestas Patrias o la Navidad, o bien facilitar que las personas puedan celebrar tradiciones o eventos relevantes, como ocurre con el Año Nuevo o el 1° de Mayo. A la luz de este criterio es evidente que en torno a fechas como, por ejemplo  el 8 de diciembre -fiesta de la Inmaculada Concepción para los católicos y uno de los feriados que se pretende eliminar- hay una serie de tradiciones y celebraciones, como las peregrinaciones por ejemplo, que el legislador ha reconocido y buscado facilitar por la vía del asueto que permite la participación de las personas.

Eso no significa darle un sello confesional al Estado, sino reconocer simplemente una realidad.  Por el contrario, y a la luz del mismo criterio, el feriado San Pedro y San Pablo, del 29 de junio de cada año, otro de los que se propone eliminar, carece de justificación y debería promoverse su eliminación.

El fundamento de este proyecto prescinde de esta realidad y da la impresión de tener un sesgo negativo hacia las manifestaciones de origen religioso. En el debate público generado en torno al tema, además, se ha argumentado en el mismo sentido, lo que representa una confusión equivocada entre el carácter laico que debe tener el Estado frente a las distintas confesiones religiosas, con una actitud negativa  de pretender eliminar activamente cualquier asociación de fechas o conmemoraciones que tengan alguna vinculación con la religión. Ese carácter laico requiere simplemente una prescindencia del Estado en la materia y que actúe sólo en cuanto garante de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa que la Constitución Política garantiza a todos los ciudadanos.

Por otra parte, la idea de aumentar las vacaciones de los trabajadores no tiene fundamento alguno ni consistencia con lo que necesita el país hoy para alcanzar niveles de desarrollo consistentes con las expectativas de estándar de vida y beneficios sociales a que aspira la población. El costo de una medida de este tipo sería enorme y el daño que causaría al país también. Su única justificación parece  estar  una vez más en la búsqueda de rédito político de corto plazo, donde la herramienta de proponer feriados parece ser la técnica preferida y de uso transversal en todos los sectores políticos.