30 de diciembre

La idea de entregar la libertad a condenados por delitos cometidos durante el estallido social fue uno de los más férreos compromisos de campaña del Presidente Gabriel Boric. Por eso, diciembre era una fecha tope para ejecutar esa idea. Y así fue. El viernes 30 de ese mes apareció una nómina con 11 nombres: 10 de ellos con causas en el contexto de lo que se vivió en días posteriores al 18 de octubre de 2019, más el exfrentista Jorge Mateluna. Pero hubo dos problemas: el primero, fue la cadena de desprolijidades que rodeó a este anuncio. A las horas, la lista de indultados se extendió en dos nombres, llegando a 13 en total. El segundo: el abultado prontuario de algunos de esos condenados, con, incluso, dos homicidios frustrados contra funcionarios de la PDI. Esto iba a traer consecuencias. Una de ellas fue muy dura en lo político: la mesa de trabajo constituida por el Ministerio del Interior el 21 de noviembre, que buscaba llegar a un compromiso transversal en seguridad, se rompió el mismo día en que se conocieron los indultos. La razón: los partidos de derecha Evópoli, RN, UDI y Republicanos se restaron de la instancia en señal de protesta a los indultos. Acusaron incompetencia, ineficacia de la ministra Tohá y que el gobierno estaba mostrando interés en un tema que, a principios de este año, no era realmente su prioridad.

7 de enero

Además del fin de la mesa de seguridad, hubo más reacciones del mundo político ante los indultos. La principal queja era cómo pudo ser que personas con delitos de alta connotación social, o con cinco condenas previas -como el caso de Luis Castillo- podían ser indultadas. Sobre todo, en un momento en que los crímenes violentos iban en alza. Esto abrió la duda de si el Presidente tuvo acceso a todos los antecedentes de los indultados, o bien solo los que se relacionaban al estallido social. En ese turbulento escenario, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien tenía la responsabilidad de entregarle a Boric toda la información necesaria para tomar una decisión, fue acusada constitucionalmente por la oposición. Además, ya había perdido dos veces en el Senado la votación para ratificar la propuesta presidencial para fiscal nacional. Se rebasó el vaso: el 7 de enero Boric le pidió la renuncia a Ríos. Pero Matías Meza-Lopehandía, su amigo, jefe de gabinete y persona clave para empujar los indultos, también tuvo que pagar: se le criticó por no asesorar de buena forma al Presidente en la toma de decisiones y en sus declaraciones. Renunció a su cargo el mismo día que Ríos.

11 de enero

Ese mismo sábado, el Presidente llamó a Luis Cordero, abogado independiente, quien se encontraba en Alemania, y le pidió que tomara el cargo que dejó Ríos. Desde entonces, Boric ha delegado la responsabilidad del tema de los indultos a Cordero. De hecho, el Mandatario nunca ha respondido directamente a la pregunta de si tenía o no todos los antecedentes a la hora de tomar la decisión. Así, desde un inicio, el nuevo titular de Justicia le ha dado tranquilidad al Presidente: los indultos que otorgó no fueron inconstitucionales, le decía. Y así fallaría el Tribunal Constitucional el 21 de marzo.

13 de marzo

Tras acudir a un procedimiento fuera de una botillería en Concepción, el pasado 12 de marzo, el cabo primero Álex Salazar (37) fue atropellado por un ciudadano venezolano que se resistió a ser controlado. Murió dos días después. Dejó una familia con dos hijos. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, le envió un mensaje al Congreso pidiendo acelerar la tramitación de las leyes que protegían el accionar de las policías y que estas tengan “un rayado de cancha claro, donde los carabineros no tengan que dudar ni tener miedo a enfrentar a la delincuencia”. Remató su intervención con un “ya basta”.

14 de marzo

El duro emplazamiento de Yáñez al Congreso fue respondido por Carolina Tohá, la ministra del Interior. Lo primero que hizo fue citar al general al Palacio de La Moneda a las 8.30 horas del martes 14 de marzo. Tras la reunión, Tohá declaró que Carabineros debe seguir los conductos regulares para hablar de sus preocupaciones. “Cuando hay inquietudes, opiniones que Carabineros quiera generar (...), hay canales para eso o espacios técnicos -dijo Tohá-. Hay que evitar que se confunda con el debate político, eso es lo sano en una democracia”. Enseguida, Yáñez dio por zanjada la polémica, pero mantuvo su posición. “Las cosas se pueden decir de forma distinta, pero el fondo no lo podemos perder”, sostuvo el uniformado. Para mala coincidencia, el cabo Salazar murió justo cuando Yáñez estaba reunido con Tohá en La Moneda.

26 de marzo

En la madrugada de ese día, la sargento Rita Olivares fue asesinada con un disparo en la cabeza, durante un procedimiento policial en Quilpué, cuando se dirigía a un domicilio para frustrar un asalto. Olivares tenía 43 años y era madre de dos hijos. Hasta ahora han detenido a siete personas por el homicidio: tres de ellos se habían fugado de la Cárcel de Valparaíso en 2021 y uno recibió un indulto por emergencia sanitaria por Covid-19, durante la presidencia de Sebastián Piñera.

Esa misma mañana, el Presidente Boric tuiteó: “Dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la sargento de Carabineros Rita Olivares por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria”. También agregó que “no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve”.

27 de marzo

Durante una visita a la Tenencia El Belloto, donde se desempañaba Olivares, junto a las ministras Tohá y Orellana, y al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el Presidente Boric comunicó que “personalmente, junto al subsecretario Monsalve, a la ministra del Interior, estaré acompañando a Carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad”. Ese mismo día, el Mandatario se reunió con los hijos y el marido de la sargento fallecida. Poco después, en La Moneda salieron a matizar sus dichos.

27 de marzo

En el delicado contexto, el gobierno y el Congreso acordaron despachar 15 proyectos en materia de seguridad durante los próximos tres meses. Esto, para enviar una señal de apoyo a Carabineros. Entre las iniciativas estaba el aumentar las penas en ilícitos como secuestro, sicariato, tenencia ilegal de armas y delitos contra Carabineros.

Luego de la muerte de la sargento Olivares, la titular de Interior hizo un llamado a generar un “ambiente de colaboración” entre los distintos sectores políticos. Así, el Congreso suspendió su receso legislativo, el gobierno se abrió a avanzar con la denominada ley Nain y ley Retamal, proyectos que fundieron en un texto y se discutieron días después en la Cámara. Los equipos de Interior y Justicia, entonces, aún preparaban indicaciones.

28 de marzo

El Presidente Boric asistió al funeral de la sargento Olivares acompañado de la ministra del Interior, Carolina Tohá. A su llegada a la capilla en Quilpué, donde se realizaba el responso, fue recibido con abucheos. Más tarde, durante una vocería en La Moneda, y visiblemente afectado, el Mandatario dijo: “Vale la pena reflexionar respecto de nuestras acciones en el pasado, donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que se esté viviendo en Chile, y hoy Carabineros y la sociedad chilena se enfrenta a una amenaza que es mucho mayor a la que conocíamos y, por tanto, debe contar con todo nuestro respaldo”. La declaración fue interpretada como una autocrítica por el comportamiento de su sector durante el estallido social. La derecha, en tanto, lo instó a pedir perdón.

29 de marzo

Luego de que se fusionaran las leyes Nain y Retamal -que aumentan las atribuciones de las policías- y que la ministra Carolina Tohá llamara a votar a favor de esta, una minuta del Ejecutivo empezó a circular entre algunos parlamentarios oficialistas. El texto decía que las modificaciones a la ley, en particular la moción de “legítima defensa privilegiada en actuaciones policiales”, presentada por los diputados socialistas, significaba “convertir a Chile en un Estado que validaba el gatillo fácil”. La frase molestó a los diputados del PS, lo que llevó al gobierno a moderar el tono y, minutos después, enviar una nueva minuta sin la referencia al “gatillo fácil”. Aunque la votación a favor de la Ley Nain-Retamal fue mayoritaria en la Cámara y que la mayoría del Socialismo Democrático apoyó la medida, en Apruebo Dignidad se opusieron en forma casi unánime. Tanto la votación en la sala de la Cámara como los incidentes posteriores marcaron el primer quiebre entre las dos coaliciones del oficialismo frente a la agenda de seguridad.

3 y 4 de abril

La apuesta del gobierno era mejorar el texto en el Senado y propuso que el nuevo estatuto de legítima defensa quedara alojado en el Código de Justicia Militar y no en el Código Penal. Esa fórmula fue rechazada en la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. Ofuscados por el portazo, los ministros Tohá, Cordero y Lobos se retiraron de la instancia en medio de la discusión. Sin la presencia del gobierno, la comisión endureció aún más el proyecto, incorporando a las FF.AA. dentro del nuevo estatuto.

Al día siguiente, el gobierno optó por retomar los contactos. Sin embargo, la derecha puso condiciones. La Moneda tuvo que abandonar su cruzada de radicar en el Código de Justicia Militar el nuevo estatuto de legítima defensa, además de acceder a ampliarlo a las FF.AA. Todos estos ajustes incomodaron aún más a la izquierda, que a regañadientes firmó el acuerdo. Sin embargo, en una señal de disconformidad los senadores del PC, RD y FREVS votaron en contra de la idea de legislar. El miércoles pasado, el Ejecutivo no pudo contener el desmarque de los diputados de Apruebo Dignidad. En la votación, la fractura del oficialismo volvió a quedar expuesta.

6 de abril

La noche del miércoles, mientras fiscalizaba un vehículo en Av. Matta, el cabo primero Daniel Palma recibió dos impactos balísticos -uno de ellos en el cráneo- que terminaron con su vida. Su homicidio era el tercero de un carabinero en un mes. El hito obligó al Presidente Gabriel Boric a reunirse de madrugada en La Moneda con la ministra Carolina Tohá para coordinar lo que serían las horas siguientes: la promulgación de la Ley Nain-Retamal, pese a que diputados del FA querían recurrir al TC; la visita al responso del cabo, a la que también asistieron los expresidentes Piñera, Bachelet y Lagos, y la inyección de US$ 1.500 millones anuales para robustecer las funciones relativas a seguridad, además de entregar mayor protección a funcionarios policiales.