Los convenios cuestionados

Ocho regiones, 18 convenios y $ 5.866.677.378 adjudicados son las cifras que como un verdadero mantra han sido repetidas una y otra vez por el Ministerio Público a diferentes juzgados de Garantía del país para incautar celulares, “pinchar” teléfonos y levantar el secreto bancario de decenas de personas en los casi dos años que lleva indagando a ProCultura.

El expediente de las diversas aristas en torno a la fundación da cuenta de cómo la Fiscalía fue construyendo el caso y los “indicios” de lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa.

Todo partió en Antofagasta. A mediados de 2023 explotó la arista de la fundación Democracia Viva -vinculada a Revolución Democrática-, entidad que se adjudicó a dedo tres convenios por $ 426 millones para realizar intervenciones en campamentos de la región. Fue allí cuando el entonces seremi de Vivienda Carlos Contreras -hoy en prisión preventiva- declaró que entre otras organizaciones que habían recibido dineros bajo el mismo modelo estaba ProCultura.

En todas había un patrón: el total de los dineros -en el caso de ProCultura $ 500 millones- habían sido pagados por adelantado en una sola cuota y sin garantías. En cosa de días, salió a la luz que en 2022 el Gore de Antofagasta, vinculado al oficialismo, también había adjudicado $ 629 millones a la entidad para un programa de recuperación de fachadas. Luego, se sumaron sospechas sobre convenios en Atacama, Valparaíso, Ñuble, Biobío, Aysén, Magallanes y la Región Metropolitana.

En la mayoría de ellos, el fiscal Patricio Cooper -hoy fuera del caso- ha asegurado que “las actividades a las que se dedica la fundación no coinciden con el objeto de los convenios, lo que realza aún más la irregularidad de que varios de ellos fueron ejecutados en gran parte por terceros” y que, además, habrían existido “vínculos entre funcionarios o exfuncionarios públicos con la fundación”.

El acuerdo más cuantioso fue el programa de prevención del suicidio suscrito con el Gore Metropolitano, dirigido por Claudio Orrego (ex DC), quien conocía a Alberto Larraín desde sus días como alcalde de Peñalolén y a quien trataba de “hermano”. Funcionarios de ProCultura declararon que la idea del proyecto surgió luego de que Orrego y Larraín se encontraron en un aeropuerto y que este último le dio sólo siete días para elaborar la propuesta.

Así fue que en 2022, tras el visto bueno de los consejeros regionales, el Gore Metropolitano transfirió de una vez $ 1.683 millones a la fundación, de los cuales quedaron $ 1.000 millones sin ser rendidos ni devueltos.

Según los escritos del fiscal, las situaciones “indiciarias de delito” son que no existió concurso público, que tan sólo tres meses antes de la firma del convenio Alberto Larraín había sido elegido, a propuesta de Orrego, como miembro del directorio de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo del mismo Gore, y que tras dejar ese cargo a mediados de 2023, Larraín firmó un contrato como director de ProCultura, el que era pagado en parte con los dineros transferidos desde el Gore.

Los más de 80 teléfonos “pinchados”

A partir de diciembre de 2023, cuando ya se conocían las múltiples aristas del caso, el fiscal nacional, Ángel Valencia, designó al jefe regional de Aysén, Carlos Palma, como el encargado de indagar todos los convenios de la fundación. Pero en junio de 2024, cuando Palma fue salpicado por los chats en los que entregaba información reservada de un caso al abogado Luis Hermosilla -por lo que hoy está suspendido y es investigado-, Valencia reasignó la causa al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Pese a ello, en los seis meses que Palma tuvo a su mando la causa ya comenzaría a esbozar algunas de las diligencias más polémicas y que mayor sobresalto han provocado en el oficialismo.

Entre ellas, la revisión de las cuentas corrientes de la entidad, donde un informe policial filtrado dijo haber detectado supuestas “transferencias” de la expareja del Presidente Gabriel Boric Irina Karamanos a ProCultura. Aunque finalmente se trataba de “rebotes” por límite de cupo de la cuenta en la que la exprimera dama recibía su remuneración por el tiempo en que trabajó en la fundación hasta enero de 2022. Hoy Karamanos sólo es testigo en la causa.

En el expediente de ProCultura es posible ver que días antes de su abrupta salida, el 4 de junio de 2024, el fiscal Palma pidió a todas las compañías que entregaran los números de teléfono asociados a un listado de 23 personas vinculadas a la arista del Gore RM, entre ellas, Claudio Orrego, Alberto Larraín y María Constanza Gómez.

Luego, los últimos días de septiembre de 2024, a dos meses de tomar el control de la investigación, Cooper, esta vez en Antofagasta, pidió la primera interceptación de comunicaciones telefónicas de 26 números pertenecientes a 17 personas vinculadas a la fundación. Además de Gómez y Larraín, se incluyó a su padre, Alberto Larraín Lohmayer, y a su pareja, Sebastián Balbontín Bustamante (ex FA).

Del fundador de ProCultura se pidió “pinchar” tres números asociados a su nombre. Pasaron pocos días para que el 10 de octubre la Policía de Investigaciones se diera cuenta de que, en realidad, uno de esos números era utilizado por su exesposa Josefina Huneeus Lagos. “Él (Alberto) lo que hizo fue comprar poder, comprar influencias”, dijo Huneeus a su madre, Marta Lagos, en una de las llamadas.

Luego, el 14 de octubre, el teléfono “pinchado” de Huneeus también registró una larga conversación con el Presidente Gabriel Boric en la que, entre otras cosas, el Mandatario le dijo: “No hay nada que ocultar” y le pidió que el abogado de Karamanos pudiera hablar con la exrepresentante legal de ProCultura para preparar su defensa.

Con ese hallazgo, el 16 de octubre Cooper obtuvo una autorización para seguir interceptando el teléfono de Huneeus “por cuanto existen sospechas fundadas de que estas personas tienen algún grado de participación en el delito de fraude al Fisco y tráfico de influencias”, permiso que fue renovado en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

La defensa de Huneeus, imputada en la causa y, según el fiscal, presunta encubridora y potencial beneficiaria de algunos de los dineros de ProCultura, presentó un amparo acusando que la diligencia es ilegal y pidiendo que no sea utilizada como prueba en el caso. Este viernes la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso, con durísimas críticas a los fiscales y policía, lo que provocó la salida de Cooper del caso.

Además, junto a una serie de otros antecedentes, las conversaciones de Huneeus dieron pie a que Cooper, en noviembre de 2024, solicitara al mismo tribunal interceptar las comunicaciones del Presidente de la República, lo que no fue autorizado en dos oportunidades. De quien sí el fiscal logró permiso para escuchar sus llamadas telefónicas fue del entonces jefe de asesores de La Moneda Miguel Crispi. De ahí nació la primera hebra sobre la fallida venta de la casa de Salvador Allende.

Los viajes y beneficios de Larraín

Las diversas declaraciones de testigos e imputados narran cómo Alberto Larraín pasó de ser uno de los fundadores de la institución, junto a la fotógrafa Ilonka Csillag en 2009, a tomar absoluto control de todas las decisiones administrativas y financieras.

“Alberto tenía el apodo de ‘Napoleón’ dentro de la fundación, por sus actitudes en la administración. Por ejemplo, decidía hasta el aroma del ‘Poett’ que se compraba para cualquier oficina”, declaró Francisco Fuentes, uno de sus colaboradores, a cargo del Circuito Turístico de Lota.

María Constanza Gómez, representante legal de la fundación, también afirmó que “todas las decisiones financieras pasaban por Alberto Larraín, donde incluso muchas veces yo me enteré de aumentos de sueldos (inclusive de mi propio sueldo) en correos donde estaba copiada”. Larraín, por su parte, se desentendió de estas materias y apuntó a Gómez como la encargada final de hacer transferencias y compras.

Uno de los aspectos sobre los que el mismo Larraín declaró ante los fiscales fue sobre los ingresos y beneficios que percibía como líder de ProCultura. Así, contó que su remuneración fue aumentando de $ 2 millones mensuales entre 2014 y 2019, para luego pasar a entre $ 4,5 y $ 5 millones mensuales hasta el cierre del organismo. A ello se sumaban ingresos variables por charlas y asesorías.

Además, Larraín detalló que, tras su separación el año 2018, su situación financiera cambió y que para evitar su partida al mundo privado acordó con el directorio de ProCultura “la posibilidad de obtener dos bonos de $ 20 millones cada uno, anuales, correspondientes a los años 2021 y 2022, contra la emisión de una boleta de honorarios que en la glosa se indica bono de desempeño o algo similar”.

Otro de los beneficios del psiquiatra, según su testimonio, era la posibilidad de llevar a sus hijos a algunos de los viajes laborales, entre ellos, a Isla de Pascua. “Los gastos asociados al costo de pasajes, de mis hijos o terceros, o mi pareja, o la señora que trabajaba en mi casa, que viajaron en alguna oportunidad a la isla, lo cual estaba establecido por contrato, no obstante como decisión propia, antes de cierre de la fundación, reintegré los fondos asociados a este concepto de gastos”.

Entre finales de octubre e inicios de noviembre de 2023, cuando ProCultura ya estaba a punto de cerrar, detalló María Constanza Gómez, el psiquiatra “se sintió con la responsabilidad de reintegrar a la fundación una cantidad de dinero que yo entiendo iba a cubrir los reembolsos que él no hubiese realizado”. En total, $ 14 millones con un cheque de su padre.

La sospecha de platas políticas

La tesis principal de la Fiscalía que permea todos los documentos de la extensa carpeta de ProCultura es el eventual financiamiento irregular de campañas políticas de figuras del oficialismo, en especial del Frente Amplio y del ex DC Claudio Orrego.

Así, junto con insistir en la pública amistad que existe -o existía- entre Alberto Larraín y el Presidente Boric, Cooper y su equipo investigador pusieron énfasis en el explosivo aumento de transferencias desde el Estado a la fundación entre 2021, bajo la administración de Sebastián Piñera, y 2022, primer año de Boric como Mandatario: en sólo un año se pasó de $ 316 millones a $ 3.282 millones, casi en su totalidad por los convenios con los Gore de RM y Biobío.

Otro de los antecedentes presentados en el expediente es una escucha telefónica a Ilonka Csillag, del 14 de octubre de 2024, en la que terminan conversando María Constanza Gómez y una tal “Lucía”, a quien debían dinero.

“Él nos dijo ‘no, gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca’”, dijo Lucía que le habría respondido Larraín tiempo atrás. De acuerdo a Ciper, se trataría de Lucía Bustamante, de la empresa Productora Gráfica Andros, a la que ProCultura debía $ 41,9 millones por trabajos hechos con fondos de mineras. Andros también trabajó para la campaña de Boric en 2021.

En el expediente, además, se habla de “transacciones sospechosas” desde una cuenta corriente del fundador de ProCultura. En particular, de 126 traspasos entre julio de 2021 y enero de 2024, por un total de $ 53.442.000 a una cuenta perteneciente a Sebastián Balbontín”, pareja de Larraín, y en ese momento militante de Revolución Democrática, quien fue candidato a alcalde por la comuna de Limache en 2021 -sin resultar electo- y quien luego ganó en la elección de consejeros regionales de fines de 2023.

En una de sus declaraciones, Larraín reconoció aportes a campañas y dijo que “lo hice a través de terceras personas amigos, para no tener problemas en mi caso, y yo les devolví los fondos a mis amigos, esto a través de Luis Delgado y Francisco Fuentes. Pero esto con cargo a recursos personales”. Además, el psiquiatra también reconoció aportes, por medio del mismo Fuentes, a Elizabeth Aguilera, dirigente de Lota que postuló como convencional constituyente.

Otro antecedente fue el entregado por María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la fundación, quien confesó que “Alberto le compró un auto a Sebastián para que realizara su campaña de manera más fácil y, además, Alberto gestiona con su padre la compra de una casa en Limache, la cual remodela y queda a disposición de la campaña política”.

Se trata de un inmueble que, efectivamente, compró Larraín Lohmayer. Pero que, según él, fue arrendado en marzo de 2022 a ProCultura por 20 meses, recibiendo anticipadamente $ 14.300.0000. Ante las cuentas impagas de luz y agua, el hombre pidió a su hijo poner fin al vínculo comercial antes del plazo. “Mi hijo y yo somos soñadores, que creemos en aportarle a la comunidad, y en eso se inserta la compra de la casa de Limache, ‘metiendo todos los ahorros’ en ese proyecto”, declaró el hombre.

En una declaración pública Larraín negó haber financiado desde ProCultura la campaña presidencial de Gabriel Boric.

“El mecanismo” de la fundación

De la revisión de las cuentas corrientes de ProCultura se detectaron transferencias entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023 calificadas también de sospechosas. Tienen dos destinatarios: Alberto Larraín, por más de $ 77 millones, y María Constanza Gómez, por más de $ 33 millones, “sin que haya constancia de la emisión de boletas de honorarios u otros que justifiquen los traspasos”.

En sus declaraciones judiciales, ambos dijeron que esos montos no serían más que “reembolsos” por gastos en los que incurrieron en sus respectivos roles. Por ejemplo, el pago de pasajes aéreos, viáticos, entre otros.

La explosión de convenios y transferencias de recursos -tanto públicos como privados- que ProCultura comenzó a recibir a partir de 2018, según las declaraciones de la investigación, planteó un dilema para sus cabecillas. ¿Qué hacer con miles de millones de pesos mientras no eran utilizados en pagar sueldos y servicios?

María José Maturana, directora de finanzas de la fundación, aseguró ante los fiscales que la solución, planeada por Larraín y Gómez, fue realizar “inversiones en fondos mutuos” con los recursos fiscales. “La explicación de esta operación, decía Constanza, era que debido al tiempo de ejecución del proyecto y como el dinero ‘no estaría siendo utilizado’, era mejor invertirlo en algo muy seguro por el factor del IPC”, dijo Maturana.

“Debo señalar que producto de diversas estafas telefónicas que ocurren en el país, el dinero de las cuentas era resguardado mediante depósitos a plazo”, fue la respuesta que entregó Gómez. De cualquier forma, esas inversiones generaban ganancias de “libre disposición” que habrían sido utilizadas para cubrir gastos generales de la fundación.

El problema, estimaron los fiscales, es que varios de los convenios fijan de manera explícita en qué pueden ser usados los dineros. Como por ejemplo, el acuerdo con el Gore RM, que indicaba que “la entidad receptora deberá emplear los recursos transferidos exclusivamente para la ejecución del programa”. Pese a ello, al día siguiente de ser recibidos, los $ 1.600 millones se fueron a un fondo mutuo.

Los desórdenes financieros y la “bicicleta” de ingresos y gastos de ProCultura quedaron también plasmados en un informe elaborado por Aninat Abogados en agosto de 2022.

“A principios del 2022, Alberto y Constanza me comentan que quieren hacer una auditoría a la fundación para prevenir cualquier cuestionamiento futuro, en vista de que Alberto habría trabajado años atrás con el entonces presidente electo Gabriel Boric y la participación en ProCultura de su expareja Irina Karamanos”, dijo María Sabbagh Vidal, abogada de la fundación.

La auditoría laboral, entregada en agosto de 2022, detectó, entre otros, que los contratos no contenían las funciones específicas de los cargos y que, al mismo tiempo que Larraín recibía bonos de desempeño de $ 20 millones, no se otorgaba el beneficio legal de sala cuna a sus trabajadoras.

En lo contable, la revisión experta acusó que “no hay un correcto control contable y financiero de los aportes recibidos en la fundación”.

Ejemplo de ello, dijeron los auditores, era que el control financiero era ejercido a través de una “plantilla Excel” y que “la fundación no está preparada para enfrentar una fiscalización externa, como por ejemplo del Servicio de Impuestos Internos, Corfo, etc.”.