“Retiro”. Esa es la calificación que tiene, en la Contraloría General de la República, el reglamento ingresado por el Ministerio de Seguridad Pública y que busca normar el “corazón” de la institución que comenzó a funcionar el 1 de abril bajo la dirección del ministro Luis Cordero.

El reglamento que crea el “Sistema de Seguridad Pública”, instancia que busca coordinar a diferentes instituciones del Estado en materia de seguridad, fue ingresado el 9 de julio por parte del ministerio y bajo lo establecido en la ley que creó el nuevo servicio. Sin embargo, el pasado viernes 9 de agosto, exactamente un mes después, fue retirado de la institución encabezada por Dorothy Pérez.

El retiro se concretó a través de una solicitud presentada el 8 de julio por parte del funcionario Iván Heredia, encargado de la unidad de Gestión Documental y Archivo Central del Ministerio de Seguridad, quien requirió a la Contraloría “autoridad el retiro”. Una semana antes, representantes de la cartera encabezada por Cordero se habían reunido con funcionarios del ente fiscalizador para revisar el documento.

Si bien en el texto presentado por Heredia no se exponen las razones, desde el Ministerio de Seguridad explicaron fue “con el fin de incorporar ciertas observaciones de carácter formal”. En esa línea, expusieron que “será reingresado para su toma de razón en los próximos días”.

De las críticas a la reincorporación

17 páginas tenía el reglamento que ingresó en julio pasado el Ministerio de Seguridad. A lo largo del documento, la nueva cartera detallaba cómo se aplicaría la coordinación entre instituciones, el rol del ministerio, los sistemas de monitoreo, la regulación de los consejos de seguridad y de prevención y el sistema de intercambio de información interinstitucional.

La normativa que estaba siendo revisada por el ente fiscalizador también definía a las instituciones públicas colaboradoras en materia de seguridad y prevención del delito y que contempla al Ministerio Público, los gobiernos regionales y hasta la Defensoría de la Niñez.

Tras ingresar el reglamento en julio pasado, el ministro Cordero había definida la normativa como “un paso fundamental en el nuevo modelo de gestión en seguridad pública. Chile contará con un sistema que permita la coordinación de distintos actores, públicos y privados, para avanzar en políticas de seguridad basadas en evidencia y que, además, facilite la interoperabilidad y cooperación entre las instituciones; pero además permitiendo un intercambio de información de manera segura. Se trata de un cambio sustantivo en la manera en que el Estado de Chile venía gestionando las políticas de seguridad y prevención del delito”.

Pero la normativa del gobierno también tenía un espacio dedicado para la regulación y creación del Centro Integrado de Coordinación Policial (CICPOL), instancia que es integrada por las policías y que busca asesorar al ministro para identificar riesgo, coordinar operaciones policiales complejas y para intercambiar información entre ambas instituciones.

Sin embargo, fuentes de La Tercera, señalan que este era uno de los puntos más polémicos del retirado reglamento, puesto que la redacción y regulación del CICPOL había generado reparos de parte de la oposición, especialmente de RN, por la forma en la que quedó redactada la instancia técnica y que está integrada y encabezada por funcionarios policiales.

En concreto, las críticas de la oposición se basaban en que el CICPOL debía ser una instancia netamente policial, sin embargo en el reglamento también se estipuló que participaría el ministro. Así como también de que el oficial a cargo del Centro permanecería durante un año encabezándolo, algo que genera reparos.

Junto con eso, en privado también se había cuestionado la periodicidad con la que se reuniría la instancia, los objetivos que esta se plantearía, así como también la formulación de informes una vez al trimestre.