Un deudor de Becas Chile que busca regularizar su situación debe, actualmente, realizar una transferencia bancaria a una cuenta de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), guardar el comprobante y luego subirlo a través de un ticket en una mesa de ayuda. Después, un funcionario debe revisar y validar manualmente la operación.

Si el beneficiario no puede pagar la totalidad de la deuda y busca un convenio, el procedimiento puede ser aún más complejo: debe firmar un pagaré ante notario o, si se encuentra fuera de Chile, ante un consulado. Además, debe enviar el documento y esperar su tramitación.

Ese sistema, intensivo en trámites, documentos y validaciones manuales, es el que el Ministerio de Ciencia busca modificar después de detectar que Becas Chile acumula 1.666 personas en situación de incumplimiento y una deuda cercana a los $92 mil millones.

La cifra surgió de una revisión iniciada en abril de este año por la cartera encabezada por Ximena Lincolao, en conjunto con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) institución encargada de las becas. El proceso incluyó una revisión de los sistemas de información, el cruce de bases de datos y el análisis de antecedentes y expedientes de los becarios. El objetivo era construir un diagnóstico consolidado y trazable de la situación de sus beneficiarios y de las obligaciones que mantienen con el Estado.

El resultado expuso una deuda que, para dimensionar su magnitud, el propio ministerio compara con el financiamiento aproximado de 7.500 subsidios habitacionales. Pero la preocupación de la cartera no termina en los recursos ya comprometidos. La revisión identificó una inversión actualmente en curso de $481 mil millones que, de mantenerse las debilidades del sistema de seguimiento y fiscalización, según se analizó podría ponerse en riesgo dicha inversión.

Con el catastro de deudores ya construido, el siguiente paso que se traza en la institución encabezada por Lincolao es modificar el proceso de cobranza. El Ministerio de Ciencia solicitó a la Tesorería General de la República (TGR) evaluar la posibilidad de asumir esa tarea, con el objetivo de facilitar y hacer más eficiente la devolución de recursos al Estado.

La alternativa apunta a aprovechar las herramientas que ya utiliza la TGR para gestionar obligaciones económicas con el sector público. Entre ellas se encuentra el Botón de Pago del Estado, que permitiría a una persona consultar directamente el monto de su deuda y realizar el pago en línea. Esto, en oposición al método de pago que ha imperado durante los últimos 16 años para becarios que cayeron en incumplimiento.

Formalmente, el procedimiento comienza con la declaración de incumplimiento mediante un acto administrativo de ANID. Una vez que termina la tramitación de esa resolución, incluyendo su notificación y las eventuales reposiciones ante la Agencia o presentaciones de los becarios ante la Contraloría General de la República o los tribunales, se inicia el cobro administrativo.

Si ese procedimiento no genera resultados, el caso puede terminar en los tribunales mediante la presentación de una demanda para perseguir el pago de la deuda.

Los resultados obtenidos hasta ahora reflejan las limitaciones de ese modelo. Al 2 de agosto, el Estado había recuperado $5.064 millones, equivalentes al 7,3% de la deuda total detectada. De esa cifra, $1.364 millones correspondían a pagos directos, $3.622 millones a convenios suscritos con ANID y apenas $78 millones a procesos judiciales concluidos. En paralelo, existían 379 becas involucradas en procesos judiciales por un monto cercano a los $15.100 millones.

Para el Ministerio de Ciencia, el problema no es únicamente la capacidad de recuperar los recursos una vez que se produce un incumplimiento, sino también las dificultades que existían para conocer con precisión la situación global del programa. Desde abril, la cartera y ANID comenzaron a reconstruir esa información mediante el cruce de datos y la revisión de los expedientes de los beneficiarios.

El proceso fue informado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) en el marco de la Inspección Total desarrollada por el Ejecutivo. Cuando ANID fue incorporada entre los servicios que requerían una revisión especial, ambos procesos comenzaron a trabajar de manera coordinada.

Los antecedentes de ANID fueron posteriormente remitidos a la Contraloría General de la República, mientras que el Ministerio de Ciencia informó al organismo fiscalizador sobre la evaluación realizada a Becas Chile.

La cartera busca ahora traducir los resultados de la revisión en modificaciones a las bases y al funcionamiento del programa. La cobranza es una de las primeras áreas donde se espera introducir cambios, aunque la evaluación también considera los objetivos de la política, sus mecanismos de seguimiento y los procesos de fiscalización.

Cabe destacar que, desde su creación, Becas Chile ha adjudicado 12.589 becas a 11.340 personas, con una inversión ejecutada de $688 mil millones. De acuerdo con el diagnóstico presentado por la ministra Lincolao ante la Cámara de Diputados, el 33% de los beneficiarios ya cumplió completamente sus obligaciones, mientras que el 46% se encuentra en período de gracia, retribución o mantiene beneficios vigentes.

El desafío para el ministerio es evitar que el volumen de recursos comprometidos siga creciendo sin que exista un sistema de seguimiento y recuperación capaz de responder a esa escala. Hoy, los $92 mil millones en deuda ya constituyen una de las principales señales de alerta detectadas en la revisión.

La medida todavía está en evaluación, pero el objetivo es avanzar hacia un modelo en que la regularización de las deudas sea más simple para el beneficiario y, al mismo tiempo, más eficiente para el Fisco.