Desde el equipo del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), descartan categóricamente que por su cabeza esté pasando -o haya pasado- renunciar al cargo luego de volver a posicionarse en el centro de las miradas. Lo estuvo hace algunas semanas por no haber logrado resolver la negociación por el terreno de la megatoma de San Antonio, también por el retraso en la reconstrucción tras el megaincendio de Valparaíso y antes luego del estallido del caso Convenios.

Hoy la crisis para el secretario de Estado es diferente. Y multifactorial, lo que implica tener varios flancos abiertos, incluyendo además una posible interpelación. A saber: la solicitud de renuncia por parte de la oposición por cuestionamientos al Serviu Metropolitano por reconocer que no tenía los recursos para pagar 17 terrenos para cubrir el Plan de Emergencia Habitacional; la petición de parlamentarios oficialistas para que explique la situación financiera de la cartera, y el cruce con la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), que acusó cifras fiscales “mentirosas” en la repartición de Vivienda, liderada por un secretario de Estado que nuevamente está en el ojo del huracán.

Esto último, tras la revelación de una presunta deuda de mil millones de dólares por parte del ministerio, relacionada con distintos proyectos habitacionales. Los hechos desataron un debate sobre la transparencia del ministerio y la administración de recursos públicos, especialmente en un contexto en que se discute el avance del Presupuesto 2026, el que la oposición ha puesto en duda tramitar a raíz de este tema.

“La presencia del ministro Montes se ha vuelto absolutamente insostenible. No solo el gobierno ha enfrentado graves falencias y problemas con el Plan de Emergencia Habitacional, sino que ahora, además, arrastra una deuda millonaria que, junto con poner en duda el cumplimiento de los compromisos adquiridos, dejará a la futura administración con un déficit estructural difícil de resolver”, manifestaron parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente.

Pese a lo anterior, desde el entorno del secretario de Estado descartan de plano que Montes esté evaluando dar un paso al costado, más aun considerando que quedan menos de seis meses de administración, lo que supone estar nuevamente dispuesto a aguantar otro chaparrón.

Mientras tanto, en el Congreso, la posibilidad de interpelar al ministro aparece como lo más seguro. Sin embargo, la definición será posterior al miércoles de esta semana, cuando el gerente de la Asociación de Constructoras Sociales exponga en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados la crítica situación que atraviesan los proyectos habitacionales.

El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Juan Fuenzalida (UDI), sostuvo a La Tercera que “vamos a revisar la presentación que nos hagan, vamos a oficiar al ministerio para que nos presenten los antecedentes, pero acá, obviamente, si no hay respuesta satisfactoria, vamos a interpelar como primera medida. Esto a nivel de oposición completa”.

Pero el fuego también es amigo: parlamentarios oficialistas han planteado que el secretario de Estado debe dar explicaciones sobre la situación que hoy remece a su cartera. Uno de ellos, el senador Juan Ignacio Latorre (FA), subrayó a Bío-Bío la necesidad de despejar la ejecución presupuestaria que sustenta la estrategia para enfrentar la crisis habitacional: “Será un tema a discutir en tabla con el Ministerio de Vivienda, con quien tenemos relación permanente todas las semanas, y le pediremos como oficio que el ministerio dé cuenta de toda esta polémica en torno al presupuesto”, afirmó.

Montes salió a responder las críticas, que también se replicaron desde la candidata Matthei, la primera en condicionar la discusión de la Ley de Presupuestos 2026 en el Parlamento por los cuestionamientos al Minvu. “Quiero señalar muy claramente que no se va a tramitar ninguna Ley de Presupuestos este año si no se transparentan totalmente este tipo de situaciones”, afirmó la exalcaldesa, en cuyo sector han señalado que esta administración le traspasaría deudas que nos le corresponden a un futuro gobierno.

En respuesta, Montes explicó que “siempre, todo en la administración pública va trasladándose de un año a otro y de un gobierno a otro. El actual gobierno ha tenido que implementar una parte importante de las inversiones del presidente Piñera”.

Asimismo, emplazó a Matthei a entregar antecedentes concretos si los posee: “Si tiene pruebas, debería denunciarlas como tal”.

Además, consultado por La Tercera, hace un llamado “a no politizar un tema tan sensible para las familias chilenas con fines electorales. Lo que importa es seguir construyendo soluciones habitacionales y cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía”.

Desalojos en tomas

Pese a que el tema financiero se encuentra actualmente en el punto más crítico para el ministro, los cuestionamientos en su contra no se limitan a lo económico. A esto se suman las críticas por la gestión de los desalojos de tomas de terreno, que tensionan aun más su administración, como el caso de la familia Correa en Quilpué.

La principal crítica apuntaba a la dilatación del desalojo solicitado por la familia, que cuestionó “la actuación gubernamental como insuficiente y tardía”, pese a que la Seremi de Vivienda de 2021 ya había establecido la demolición con fuerza pública. Desde el ministerio, en tanto, aclararon que “la intervención -que se realizó durante este lunes- será de manera progresiva y segura, considerando la integridad de las familias. El trabajo permitirá restablecer la legalidad urbanística y habilitar el terreno a sus propietarios en el menor tiempo posible”.

Otro frente que ha generado tensiones es la fallida negociación de la megatoma de San Antonio en el cerro Centinela, que culminó con que sus propietarios solicitaran el desalojo en una de las usurpaciones de terreno más grandes del país. Los meses de negociación no dieron fruto y, tras el proceso en el que Montes decidió participar directamente, las posiciones parecen haber quedado más distantes incluso. Ahí no pocos apuntaron a la responsabilidad política que debía asumir el titular del Minvu, sobre todo considerando que la figura de las cooperativas que intentaron que prosperara para darle una solución al conflicto era lo que pretendían replicar en otros asentamientos. Eso, finalmente, no ocurrió.

Estas situaciones provocaron reacciones de distintos sectores políticos. Desde su propio bloque, el diputado Tomás Lagomarsino (ind. PR) lamentó “que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no haya llegado a acuerdo en la mesa técnica y que esta se haya cerrado sin llegar a puerto”. Al mismo tiempo, llamó a “no cerrar las puertas ni trasladar este tema a un gobierno posterior. De esto se tiene que hacer cargo el actual Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Hacienda”.

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) recalcó que “hoy la gran disyuntiva del gobierno es cómo cumplirá el fallo, tal como advirtió el ministro si no se alcanzaba un acuerdo” y añadió que “si aquí se piden renuncias, deben ser en la mesa técnica”.

Desde el ministerio han señalado que se ha trabajado en establecer un plan claro de acción, con pasos definidos “A, B y C”, y esperan contar con la voluntad de los propietarios para lograr un acuerdo que permita resolver la situación de manera definitiva.