AL PARECER, antes de septiembre, el gobierno presentaría una nueva reforma tributaria y ésta sería parte de un nuevo "relato" que pondría el eje en el combate a los abusos y la desigualdad en la sociedad chilena. Hasta ahora sólo se han conocido las ideas que respaldarían el nuevo esquema tributario, entre ellas, una que mantendría el gravamen a las empresas en 20% o una combinación que incluye una disminución al impuesto a las personas, e incluso, la reducción del IVA.

En un escenario en donde las demandas sociales se han multiplicado y donde el dilema de más o menos Estado sigue presente, surge nuevamente la reforma tributaria como el Santo Grial que reduciría la desigualdad de ingresos en nuestro país. Lamentablemente, la evidencia empírica no permite asegurar que este loable objetivo sea alcanzable en el corto plazo.

En efecto, desde fines de la década de los 90 se conoce evidencia que asegura que las alzas de impuestos no han mejorado la distribución del ingreso. Durante ese período el coeficiente Gini (que mide el grado de inequidad en la distribución del ingreso) casi no se modifica después de aplicar impuestos; incluso empeora algo, y cambia muy poco tras reformar radicalmente la estructura tributaria. También se dice que sólo la política de gasto social mejora la distribución del ingreso. En este contexto, se puede afirmar que la estrategia "Robin Hood" no trae beneficios de largo plazo. De la misma manera, el mayor impuesto a la renta hace caer el ahorro, salarios y, por ende, los ingresos de hogares en todos los quintiles. Considerando el efecto del mayor gasto público que se destina al 20% más pobre, el Gini apenas se reduce un 1,5% tras aumentar los impuestos directos en hasta un 50%.

Los desafíos en cuanto a política pública están en la focalización del gasto social. Aunque se han logrado avances significativos en este frente, es claro que se puede hacer más. En efecto, éste podría ser aún más redistributivo y eficiente.

Por último, no debemos olvidar lo que ha ocurrido con la transición educacional y la distribución de los salarios. El mayor acceso a la educación superior ha ido reduciendo la desigualdad salarial y por tanto el premio por habilidades. Por un lado, al crecer la oferta de trabajadores con educación universitaria, el premio salarial es menor y la diferencia de salarios entre trabajadores -con y sin educación superior- se reduce. En efecto, de acuerdo con Engel (2008), entre 1984 y 1986 el 10% más rico tenía un salario 11,6 veces superior al 10% más pobre, y entre 1994 y 1996 la brecha se redujo a 8,18 veces, mientras que entre 2004 y 2006 alcanzó a 6,56 veces.

Si el gobierno busca avanzar en la igualdad de oportunidades, la cobertura y calidad de educación es la principal política al respecto. Aunque los resultados muestran accesos relativamente parejos a la formación básica y media, aún persiste una brecha  en los resultados educacionales según ingreso familiar. Se ha avanzado, pero estamos lejos de acercar las oportunidades en función del origen. Aunque la desigualdad de ingresos pone límites a la igualación de oportunidades, la mejor política sigue siendo la mejor asignación del gasto social.