Cuando Brasil puso la tributación de los ultrarricos en la agenda del G20 en 2024, convirtió una pregunta postergada en una prioridad política. La propuesta —en la que tuve el honor de participar— planteaba un impuesto mínimo efectivo del 2% para los individuos con patrimonios superiores a USD 100 millones. Por primera vez las principales economías del mundo reconocieron que los superricos no pagan su justa cuota.

El debate ha escalado. Francia, España, Países Bajos, Dinamarca y Suecia ahora discuten gravar mejor las grandes fortunas. En EE.UU., California podría someter a referéndum un impuesto a los ultrarricos, y en Nueva York, Zohran Mamdani ha propuesto gravar a los millonarios. Brasil aprobó, además, una reforma tributaria histórica para los superricos.

Esto importa especialmente en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo. El 10 % más rico posee cerca del 50 % del ingreso, y la mitad más pobre solo el 8 %. En 25 años, las fortunas de los milmillonarios se multiplicaron más de seis veces. En Chile han crecido casi un 900% desde 2000. Hoy concentran más de US$ 60 mil millones e, incluyendo a quienes poseen más de US$100 millones, su riqueza supera los US$150 mil millones.

Un análisis encargado por Brasil al Observatorio Internacional de Tributación, que dirijo, muestra que la política fiscal es central. En la región, los sistemas tributarios reducen poco la desigualdad y a menudo la agravan. El 50% más pobre paga cerca de un tercio de sus ingresos, sobre todo mediante impuestos al consumo. El 1% más rico paga alrededor del 22% y, como en otros países, los multimillonarios pagan tasas menores porque pueden generar pocos ingresos imponibles.

Se necesita un nuevo instrumento: un impuesto mínimo efectivo sobre la riqueza de los superricos. Como la renta imponible puede manipularse, el mínimo debería definirse como una fracción de la riqueza. La regla se aplicaría solo a personas con activos por encima de un umbral, por ejemplo, de US$100 millones.

A diferencia de los impuestos tradicionales sobre la fortuna, un impuesto mínimo del 2% funciona como un “piso”. Si los impuestos pagados sobre renta y patrimonio no alcanzan ese 2%, se cobra la diferencia; si lo alcanzan, no se debe nada adicional. Así se asegura que los multimillonarios contribuyan al menos tanto como los ciudadanos comunes.

Nuestro informe estima que un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a US$100 millones recaudaría unos US$24.000 millones al año (0,6% del PIB de las siete mayores economías de la región). Con una tasa del 3% serían US$ 36.000 millones. En Chile podría generar cerca de US$3.000 millones, equivalentes al 1% del PIB, suficientes para ampliar los servicios públicos de salud y educación. La propuesta es viable: el intercambio automático de información ha reducido la opacidad de los activos offshore y muchas formas de riqueza ya se declaran o gravan.

América Latina tiene razones para tomarse este debate en serio. La relación promedio entre impuestos y PIB es del 21,3%, frente al 34,1% de la OCDE. Chile, con 20,6%, está incluso por debajo del promedio regional y ocupa el puesto 36 entre los 38 miembros de la OCDE.

Un sistema tributario pierde legitimidad cuando trabajadores y pequeños empresarios pagan proporcionalmente más que las grandes fortunas. Solo el 18% de los chilenos cree que el sistema es justo, según la OCDE.

América Latina no necesita esperar una coordinación global perfecta para actuar. La cooperación internacional es deseable y Brasil ha liderado al poner el tema en la agenda internacional. Y los países de la región también pueden avanzar a nivel doméstico y regional, sobre el consenso creciente de que la desigualdad extrema no es inevitable ni intocable. La propuesta es nueva. Implementarla está al alcance. Ahora es momento de voluntad política.

El autor de la columna es profesor de economía en la Paris School of Economics, en la École Normale Supérieure y en la Universidad de California, en Berkeley, es el director fundador del Observatorio Fiscal Internacional (International Tax Observatory), además es comisionado de la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Internacional de Tributación de Corporaciones (ICRICT).