La tragedia ocurrida en un establecimiento educacional del norte de Chile y el ataque incendiario en uno de la Región Metropolitana sitúan al país frente a un espejo que refleja grietas profundas de nuestra estructura social. La muerte de una trabajadora de la educación y las heridas —físicas y simbólicas— en personas estudiantes, funcionarias, docentes y apoderadas, no pueden ser leídas como hechos aislados. Son el síntoma de una crisis de la convivencia educativa y de cuidado en la niñez y la adolescencia que requiere una respuesta que exceda una discusión sobre los detectores de metales.

¿Qué pueden hacer las universidades frente a esto? Una respuesta es apostar por una efectiva vinculación que impacte en las comunidades escolares desde diferentes saberes y disciplinas. Es imperativo desplegar capacidades en los territorios a través de estrategias institucionales concretas que cada universidad puede implementar con criterios de pertinencia y sostenibilidad. Desde fondos que favorezcan el desarrollo de proyectos interdisciplinarios que aborden la salud mental y la mediación escolar, por ejemplo; hasta estrategias de aprendizaje vivencial que entreguen a estudiantes universitarios herramientas para ser agentes de cambio, integrando el enfoque de derechos como un eje fundamental de su futura profesión. Además, a través de la formación continua se puede apuntar al fortalecimiento de competencias de los equipos directivos y docentes en gestión de la convivencia escolar, no desde una lógica solo administrativa, sino desde el buen trato para la prevención de conflictos y la generación de condiciones de bienestar.

La publicación el 1 de abril de este año de la Ley 21.809, sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales, busca robustecer marcos legales previos. La normativa establece que es deber del Estado enfocarse en la prevención, el buen trato, el aprendizaje y el bienestar integral de los estamentos de la comunidad educativa, proponiendo medidas concretas para los sostenedores.

El Ministerio de Educación, en tanto, deberá elaborar una Política Nacional de Convivencia Educativa que defina lineamientos, orientaciones y un conjunto de acciones para la promoción de una buena convivencia educativa, y la prevención y erradicación de toda forma de violencia, acoso y discriminación en todo el sistema educativo. Tal Política debe contemplar objetivos, enfoques y dimensiones aplicables a los distintos niveles y modalidades educativas y contar con un Plan de Acción Nacional para su adecuada implementación, pudiendo abrirse un período de consulta pública para recibir opiniones, sugerencias y comentarios de la sociedad civil.

Este texto legal es una oportunidad para que las universidades se sumen entonces activamente en un tema que debería ser prioridad nacional. Estamos ante una generación que crece en entornos locales y globales de alta incertidumbre, donde los espacios de contención se han precarizado. Cuando el sistema de cuidados falla, la escuela —que debiera ser el lugar más seguro después del hogar— se convierte en un posible espacio para escalar violencias no resueltas. No podemos permitir que el miedo a esas violencias se instale en las escuelas y afecte una etapa tan relevante del desarrollo humano como es la niñez y la adolescencia.

La universidad es un puente que puede aportar conocimiento y soluciones trabajando junto al Estado y a las comunidades educativas para enfrentar un problema que necesita del apoyo de toda la sociedad para lograr eficacia frente a la cruda realidad que nos ha mostrado con fuerza este 2026.

Por Ximena Gauché, Profesora Titular y Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, Universidad de Concepción