Esta semana el gobierno ingresó un paquete de medidas llamado “Escuelas Protegidas”, el que se suma a la nueva Ley de Convivencia Escolar para frenar la ola de violencia, que ya se ha hecho común en los establecimientos educacionales y que tiene “en el suelo” a la llamada “Educación Pública”. Esta realidad ha hecho que la demanda por los llamados “liceos emblemáticos” baje hasta no llenar sus plazas. La destrucción fue progresiva e impulsada por la Reforma del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que con una mirada ideológica, eliminó el mérito y la selección, e hizo “vista gorda” a la violencia física como modo de hacer política en los establecimientos educacionales. Los activistas movilizadores, adultos que usan a los jóvenes, ampliaron su radio de acción desde las universidades, permeadas desde la década de 1960 a los colegios, destruyendo el sentido de autoridad y justificando lo injustificable en nombre de “la lucha” y “la movilización”. “Overoles blancos” y “secundarios matones”, cuyo fin es impedir que sus compañeros estudien, iniciaron abusivas e ilegales tomas de establecimientos, instalando la cultura propia de la izquierda, “La funa perpetua”.

Esto se ejemplifica, a cabalidad, en las acciones como la que vimos ayer en la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia para con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Funa y agresión que pretenden silenciar y extirpar el debate de ideas y el pensamiento crítico en los establecimiento de Educación Superior. Las acciones de ayer fueron concertadas, planificadas y ejecutadas por la extrema izquierda. Atentan directamente con los criterios que ellos dicen defender. Develaron su hipocresía. La ministra, más allá de quien es, representaba, para ellos, un gobierno que “no tiene derecho a gobernar.” El hereje que hay que abatir. Los fieles de la religión laica marxista atacaron a una mujer, claramente no eran feministas y de apellido Lincolao, tampoco defendían la participación de los llamados “pueblo originarios”. Ayer vimos la incoherencia y la irracionalidad en acción y hoy, el país completo, menos la ultraizquierda, condenan estas acciones altamente antidemocráticas. Se espera que la universidad tome acciones contra los responsables, desde ya el gobierno inició una querella criminal contra aquellos.

Claramente, en todas estas acciones hay responsables y el actuar ilegitimo debe tener sanciones, de lo contrario presenciamos la muerte de nuestra cultura y sociedad. El Estado de derecho debe imperar. Hay igualdad ante la ley. Quien ataca y agrede debe ser castigado. Quien destruye la propiedad pública o privada, debe pagar los daños y asumir las consecuencias de sus acciones. La libertad y la responsabilidad van de la mano. Las universidades deben ser saneadas de violentistas, allí se va a estudiar y aprender, no a hacer activismo político que anule el legítimo debate. A los colegios se va a aprender, y ya que se dice a tan viva voz que se valora la “convivencia escolar” y se ha llenado el sistema de “protocolos”, la primera acción requerida es expulsar a quienes pasan a llevar a sus compañeros y la comunidad escolar movidos por sus visiones ideologizadas. Nadie puede arrogarse el derecho, que movido por sus rabias y frustraciones, impida que otros estudien e imponga sus deseos desde la violencia. No hay aprendizaje con violencia. Para que se pueda educar se necesita tender puentes, no cerrar caminos.

Entre las medidas establecidas para lograr escuelas protegidas está el control físico y tecnológico, que va desde detectores de metales a revisión de mochilas. Ambas medidas lógicas tras los incidentes indeseables registrados en el último tiempo. Junto con estas propuestas se presentan medidas de identificación y orden, que buscan devolver la disciplina a los establecimientos. Se prohíben las capuchas, lo que es de toda lógica, no hay posible educación con rostro tapado, ya que los ojos son la ventada del alma. Los alumnos deben estar abiertos como personas individuales, llanas a recibir educación y mirar de frente a sus maestros y pares, para desde su ser, poder aprender, razonar, debatir y lograr un sano pensamiento crítico. Del mismo modo, se busca sancionar los paros, ya que siempre son un acto de violencia. Nadie tiene el derecho de prohibir o negar la educación de los otros por su mero deseo, sea cual sea la justificación para iniciar ese paro o alguna toma. No pueden haber paralizaciones totales ni parciales de clases, no por el voluntarismo de unos pocos. Por lo mismo, el proyecto contempla las necesarias sanciones específicas.

Dentro de lo propuesto se establece que crímenes cometidos dentro de establecimientos educacionales tendrán agravantes, por lo que se busca modificar el código penal. Del mismo, modo se busca que aquellos estudiantes condenados por delitos graves contra la vida, la integridad física o infraestructura pierdan el beneficio social de la gratuidad, lo que es de toda lógica. No vamos a pagar todos los chilenos la educación de quien ha atentado contra la sociedad misma. Por supuesto el partido Comunista y el Frente Amplio han manifestado su rechazo a estas medidas, afirmando que éstas “afectan a los más pobres”, vulnerando un derecho social fundamental. Calificaron las propuestas de “soluciones fáciles a problemas difíciles”, que replican el “fracaso” de “Aula Segura”, ya que no atacan las causas, sino el síntoma. Se habla, como siempre, de la “criminalización de los estudiantes” y de querer transformar los recintos educacionales en “policiales”. Por supuesto, como era de esperar, el colegio de profesores se sumó a las críticas.

Pero estas voces hoy han sido silenciadas por la fuerza de la evidencia. La agresión a la ministra de Ciencias deja claro la necesidad de sanciones y, el rechazo transversal a la inaceptable acción, da piso para sancionar a esos participantes, tanto por parte de la universidad, como de la sociedad. Debiesen ser expulsados, ya que avergonzaron a la Casa de Estudios Superiores, no respetando a una invitada de honor de la misma. Asimismo, negaron a la sociedad y a la universidad de un debate razonado y aplicaron la violencia, lo que no cabe en una casa de estudios superiores que, como fin, busca la verdad, debiesen perder toda gratuidad.

Esta ley que se presenta es de todo sentido común y es la única opción de saneamiento y mejora de la educación en Chile, quien no la apoye develará que es “hijo y sirviente de la violencia”, algo que en democracia no cabe. Por tanto, quien no la apoye es, de hecho, antidemocrático.

Por Magdalena Merbilháa, historiadora y periodista.