“Aquí es la sobrevivencia: cuando llegan toallas grandes, las niñas las cortan porque les duran más si el flujo no es tan grande. Porque si tienes cinco toallas higiénicas y la regla te dura 10 días, tienes que cortar la toalla. Es la única manera”, dice Francisca (su nombre ha sido cambiado), quien está cumpliendo condena por tráfico de drogas hace 6 años en la cárcel de San Joaquín.

Es oriunda de Viña del Mar. Ahí viven sus tres hijos con su mamá, que la vienen a ver solo una vez al año. Al recordarlos, Francisca se emociona. La distancia física con su familia se ha transformado en su doble condena. No solo extraña verlos, abrazarlos y sentirlos cerca, tampoco tiene la posibilidad de que le lleven artículos básicos de higiene personal. La normativa que regula los establecimientos penitenciarios (decreto 518 del Ministerio de Justicia) no obliga al Estado a entregar estos insumos a las reclusas y, en la práctica, es el entorno cercano el que se encarga de proporcionarlos. Francisca, con su familia lejos, está a su suerte.

Al igual que ella, según información del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, 505 mujeres no recibieron ni una visita en 2018, de un total de 2.076 internas condenadas en ese momento. Sin familiares ni redes de apoyo, las reclusas no tienen completamente asegurado el suministro de insumos de higiene individual y deben ver, mes a mes, qué hacer para subsistir.

Por eso, cortar las toallas higiénicas es una práctica habitual en los centros penitenciarios con población femenina. Myr Chávez, fundadora de la organización “Pajarx Entre Púas”, que visita la cárcel de Valparaíso, así lo confirma: “Una chica, en una ocasión, nos contó que doblaban las toallas higiénicas y con eso hacían una especie de tampón para hacerlas rendir por más tiempo”.

Solas en la cárcel, las patitas -como se les llama a las mujeres que no reciben visitas- se las arreglan comprando en los “quioscos” de los centros penitenciarios, pidiendo a grupos pastorales o simplemente apelando a la solidaridad de las compañeras que reciben sus artículos de higiene a manos de sus seres queridos. “Es complicado estar pidiendo cosas porque cuando uno está en la calle va al supermercado y compra lo que necesita. Aquí no: uno depende de la otra persona para tener sus cosas. Nosotras mismas nos apoyamos para poder estar bien”, cuenta Francisca.

Pero las internas que antes tenían asegurados sus insumos y les regalaban artículos a sus compañeras, actualmente también están en problemas. Con la pandemia, en marzo los centros penitenciarios del país cerraron sus puertas para evitar la propagación de contagios del coronavirus. Con esto, se suspendieron las visitas semanales de las familias y los artículos de aseo comenzaron a entrar solo a través de encomiendas a los centros. Una modalidad de entrega que, en la práctica, ha disminuido la cantidad de insumos higiénicos que han llegado a los penales, según lo comentado por gendarmes y organizaciones.

Nelly León, capellana del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín, explica que la pandemia ha tenido efectos económicos en el entorno de las reclusas que han repercutido en el suministro de sus encomiendas. “Hay mujeres a las que, antes de la pandemia, su familia les podía llevar artículos de higiene, pero ahora no. Y es por la pobreza. Los parientes de las internas suelen tener trabajos informales, por lo que con la crisis económica tienen menos posibilidades de mantenerse afuera y eso repercute en las mujeres privadas de libertad”, dice.

No solo se les ha encarecido la compra de los artículos de aseo, sino también el mismo traslado de las encomiendas se ha transformado en un dolor de cabeza para los familiares de las mujeres privadas de libertad. Con comunas en cuarentena y permisos relativamente acotados, muchos han optado por hacer filas sin distancia social afuera de las cárceles o derechamente enviar las cosas a través de empresas de delivery. “Nosotros tenemos personas que son de Chiloé o de Osorno y están en la cárcel de Puerto Montt, y mandar la encomienda les cuesta carísimo. Entonces no tienen cómo acceder a estos bienes y se las arreglan como pueden”, cuenta Javiera Lecaros, directora de la Fundación Kalen de Puerto Varas.

Por eso, durante este tiempo, las donaciones de los grupos religiosos y las organizaciones de la sociedad civil han sido vitales para asegurar el suministro básico de artículos de aseo personal. Una de las que se creó durante la emergencia sanitaria para apoyar a las mujeres privadas de libertad es Red de Acción Carcelaria (@redaccioncarcelaria), que hasta la fecha ha entregado más de 500 kits de higiene a las reclusas de los recintos penales del centro-sur del país.

Su fundadora, Elisa Alcaíno, explica que los productos de las cajas se determinaron a partir de las necesidades de las mujeres reportadas por Gendarmería. “Nosotras estamos felices de ayudar, pero ojalá no tener que estar haciendo esta pega, ojalá no tener que estar pidiendo constantemente plata para poder entregarle una toalla higiénica a una mujer que está presa. ¿Cómo Gendarmería va a depender de iniciativas privadas? Ese es el tema que tenemos que revisar”, afirma.

A pesar del apoyo de este tipo de iniciativas, de acuerdo con la académica de la Universidad de Valparaíso, Marcela Aedo, debería ser labor estatal proveer este tipo de insumos básicos. “El recurrir a los privados, a las familias y a la caridad es probablemente una expresión de que el Estado no está cumpliendo el mínimo de atención que requieren las personas que están bajo su tutela. Me parece que esto demuestra un problema estructural del sistema”, afirma.

En este sentido, los tratados internacionales son claros en la materia. En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las Reglas de Bangkok, donde se establece que las cárceles de mujeres deben contar con los “artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas”. Lo mismo concertó el Comité Internacional de la Cruz Roja en 2013. En su guía de recomendaciones para mejorar las condiciones de alojamiento de reclusos, sostiene que “la administración penitenciaria debe suministrar los productos sanitarios adecuados para que las reclusas puedan preservar la higiene durante los períodos menstruales con dignidad”.

A principios de año, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 663 que solicitaba al Gobierno un proyecto de ley que estableciera la distribución gratuita de productos de higiene menstrual en colegios, recintos de salud, cárceles, entre otros. Pero la iniciativa no prosperó, a pesar de la sugerencia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril. El organismo emitió un comunicado, en plena pandemia, donde llamó a los Estados a “asegurar el suministro de elementos de primera necesidad, higiene y alimentación” para garantizar la integridad, dignidad y salud de los internos en la crisis sanitaria del coronavirus.

Según lo reportado por dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), la institución, en el contexto del Covid-19, solo ha entregado artículos de limpieza común y muy excepcionalmente de aseo personal. Mediante un comunicado escrito, Gendarmería de Chile confirmó la adquisición de “insumos sanitarios y de protección” de carácter general -como jabón, alcohol gel, desinfectante y cloro-, afirmando que “no hay falencias” en este ámbito. Sin embargo, sobre la compra de artículos de aseo personal para las mujeres, solo se limitaron a explicar que “existen protocolos específicos” para facilitar su entrega. En el texto, se alude a la articulación que hace el organismo para que las capellanías entreguen kits de elementos o para que reclusas ingresen las encomiendas de sus familias. Pero en ninguna parte se refieren a una compra directa. De hecho, de las 202 órdenes de compra que la institución ha realizado por Mercado Público en medio de la crisis sanitaria, en solo 15 de ellas figura la adquisición de toallas higiénicas para las mujeres privadas de libertad.

La gendarme de la cárcel de San Miguel y dirigenta de la Anfup, Natalie Castillo, confirma que en sus 14 años de servicio nunca ha visto la entrega de estos insumos por parte de la institución. “No sé si existen fondos para esto y si es que los hay, no se han hecho públicos. Como Anfup, en general, hacemos un seguimiento de las compras que hace Gendarmería para las cárceles, pero no hemos visto nada sobre este tema”, indica.

Francisca también cuenta que no han recibido artículos básicos de higiene individual durante la crisis sanitaria. “A nosotras Gendarmería no nos ha dado nada. A la madre Nelly le llegan donaciones que manda a los patios. Las cabos hacen la lista de las personas más pobres y ella les regala el kit de aseo. Pero con la pandemia no ha cambiado nada. Si no tienen o no te dan, jodiste: no tienes como tener tus cosas”, cuenta.

Los voceros de las organizaciones sociales y expertos coinciden: la pandemia ha ayudado a visibilizar un problema que se arrastra desde hace años, sobre todo por la suspensión de las visitas que ha dejado a muchas mujeres sin sus redes de apoyo. “Es súper dificultoso que el Estado descanse en las organizaciones y en la voluntariedad de las familias para hacerse cargo de los insumos básicos de aseo personal cuando son condiciones básicas del cumplimiento de una condena”, afirma Javiera Lecaros de la fundación Kalen. La académica Marcela Aedo va más allá: “Si una mujer no está recibiendo insumos, no está siendo tratada como un ser humano, no está siendo respetada en su dignidad. Este problema es gravísimo, y mucho más profundo de lo que pensamos y de lo que, incluso, ellas creen”.