Agradeciendo en primera instancia a los diputados y senadores por el apoyo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, celebró la aprobación y despacho a ley del proyecto de Escuelas Protegidas, iniciativa que se encontraba en tercer trámite y cuyas modificaciones realizadas en el Senado fueran votadas a favor por una amplia mayoría por la Cámara Baja.

Arzola recordó que la iniciativa, que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, “es una demanda que surgió a raíz de la tragedia que ocurrió en Calama y que como gobierno hemos tratado de darle la mayor celeridad posible”.

“La idea es que los colegios puedan implementar esto cuanto antes y poder disponer de las herramientas que les permitan hacer frente a hechos de violencia, delitos, que hoy día les están impidiendo estar en un entorno seguro”, afirmó.

En cuanto a las modificaciones que se le hizo al proyecto en el Senado, la ministra indicó que esos cambios “lo que buscaron fue atender algunas aprensiones muy legítimas que habían, pero en definitiva la esencia de esta iniciativa no ha cambiado, sigue cumpliendo su propósito y por lo tanto estamos conformes de poder sacar adelante esta iniciativa”.

En esta línea, y en cuanto a la medida de inhabilitar al estudiante de acceder a la gratuidad si es condenado, Arzola apuntó a lo anunciado por el Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública de ayer lunes, en cuanto a que "hay que cambiar el foco y que los beneficios se puedan re-pensar para aquellos que cometen delitos o incivilidades, y esta ley ahora es un primer paso para avanzar hacia allá”.

Consultada sobre las reservas de constitucionalidad que presentaron tres diputados durante la votación, específicamente sobre la doble sanción que recibiría el estudiante en cuanto a la pérdida de gratuidad, Arzola afirmó que han estudiado las disposiciones del proyecto y esto no los inquieta.

“Estamos tranquilos con lo que se ha discutido, con lo que se ha tramitado, y pensamos que la reserva de constitucionalidad es parte del proceso”, afirmó. “Los parlamentarios están en su legítimo derecho de poder recurrir a este tipo de instancias, pero nosotros estamos tranquilos, hemos estudiado bien las disposiciones que contiene este proyecto, esta ley”.

En ese sentido, afirmó que “estamos solamente esperando para poder poner a disposición de los colegios las herramientas que son necesarias. Este proyecto viene a formalizar prácticas a las que los colegios ya están teniendo que recurrir, y por lo tanto necesitamos avanzar con ellas cuanto antes en su implementación”.