Exministros de Piñera refutan declaraciones de Montes: “Es una mala decisión tratar de responsabilizar a gobiernos anteriores”

“Todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior”. Esa fue la declaración del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), que agitó las aguas en el piñerismo.

Y es que el secretario de Estado, en el marco de su exposición en la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado para abordar las eventuales irregularidades en los convenios celebrados entre el Minvu y fundaciones ligadas al Frente Amplio, aseguró que los montos y contratos que hoy están en entredicho por conflictos de interés, habrían sido aprobados en 2021 durante la administración de Sebastián Piñera.

“El gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Se establece un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu. Y en el caso del 2022, para esta institución que está en cuestión que es Democracia Viva, no aparecía como tal, aparecía el proyecto y el monto del proyecto. ¿Cuándo empieza el actual gobierno a dar delegación? Recién el primero de enero de 2023 y esto solamente se ha traducido en dos proyectos”, explicó Montes.

Como era de esperarse, las declaraciones no cayeron nada bien en el entorno de Piñera y fueron sus exministros de Vivienda los primeros en rebatir la tesis levantada por el actual secretario de Estado.

“Malas declaraciones del Ministro Montes. El caso convenios afecta a su gobierno. Sus seremis firmaron convenios con fundaciones cuestionadas. Y la facultad viene de 2016, no de 2019. No hay problema en delegar cuando se delega en autoridades honestas. Ahí la diferencia”, apuntó Felipe Ward, quien estuvo a cargo de Vivienda entre el 4 de junio de 2020 y el 11 de marzo de 2022.

Su antecesor en el cargo, el exconvencional Cristián Monckeberg, por su parte le señaló al ministro Montes que “es una mala decisión tratar de responsabilizar a gobiernos anteriores, vinculándolos con decisiones de sinvergüenzas que permitieron ilegalidades en la actual administración y que hoy tienen que responder ante la justicia”.

En su exposición, el titular de Vivienda explicó el mecanismo que ha utilizado la cartera para suscribir convenios con fundaciones privadas en el marco del programa Asentamientos Precarios. De esta forma, relató Montes, la adjudicación de recursos se realiza a través de la delegación de facultades desde la autoridad ministerial a los seremis de Vivienda de cada región, es decir, el traspaso de recursos y la aprobación de los convenios queda en manos de estos últimos.

Tras explicar el mecanismo de suscripción de convenios, el ministro informó que se está investigando cómo se llegó al conjunto de facultades que se le entrega a los seremis y, posteriormente, a las instituciones colaboradoras.

“Estamos en proceso de investigar esto porque no es claro cuándo se gestó, ni cómo se gestó y por qué adquirió esta forma. En varios aspectos, por qué dejó de haber licitación, o sea, nunca lo hubo; en segundo lugar, no hay garantías, por qué no hay garantías; y en tercer lugar, cómo se determinan los montos de los proyectos”, detalló Montes.

Y adelantó una hipótesis: “En general a la conclusión a la que hemos llegado es que se aplicó lo que había para los municipios a las instituciones, hay una inercia, se mantiene un cierto patrón de comportamiento con lo que antes se aplicaba con los municipios, que ellos no tienen que tener garantías y los privados decían que se llega a la misma modalidad. Esto nos parece bastante preocupantes y estamos particularmente investigándolo”.