El proyecto de ley sobre rentas regionales incluirá una serie de mecanismos que dotarán de una mayor autonomía financiera a los gobiernos regionales y, al mismo tiempo, exigirán más controles para el uso de los recursos públicos.

Ante la crisis que enfrenta el Ejecutivo por los contratos de asignación directa que reparticiones del Estado firmaron con fundaciones como Democracia Viva para la ejecución de proyectos, esos controles cobran mayor relevancia.

“Una de las características de los problemas que se develan en el caso de transferencias, no solo ahora, sino que también con anterioridad y ya lo ha advertido la Contraloría, son en aquellos casos en los que las transferencias operan con un cierto rango de discrecionalidad y sin mecanismos de calificación adecuadamente previos”, explicó en un punto de prensa en La Moneda este viernes el ministro de Justicia, Luis Cordero.

“La otra experiencia de transferencias de estas características que ha generado casos emblemáticos de corrupción es en aquellas transferencias que se realizan desde los municipios que tienen esa autonomía”, agregó.

En esa línea, la autoridad abordó el proyecto de ley “Regiones más Fuertes”, que fue presentado por el Ejecutivo a fines de abril, explicando que esta situación podría comprometer u observar algunas normas relevantes de la discusión sobre rentas regionales.

“Por lo tanto, para la discusión de ese proyecto, lo que está sucediendo en la actualidad es extremadamente útil y así precisar elementos de control, no solo externos, que puede tener la Contraloría, sino que especialmente internos, al interior de la administración, con el propósito de evitar que se produzcan conflictos de esta naturaleza”, sostuvo el ministro Cordero tras el consejo de gabinete de este viernes.