“Esto es inédito”. “Nunca habían despedido a toda una línea de mando en Codelco de este modo”. “La declaración contra los ejecutivos echados es feroz”.

Testigos cuentan que el aire en Codelco, especialmente en las oficinas de El Teniente, “se corta con cuchillo”. Si el anuncio de despido de la línea de mando de la división situada en la Región de O’Higgins del pasado 13 de febrero había generado un ambiente de preocupación, el allanamiento a las oficinas corporativas en Santiago y Rancagua, y a los domicilios particulares de dos de los ejecutivos desvinculados el pasado jueves, provocó una tensión mayor.

Sobre todo, porque se percibe que dada la gravedad de la situación, que día a día agrega detalles producto de las investigaciones internas y policiales, podría haber más caídos. Y por las consecuencias, incluso criminales, que pueden conllevar.

El viernes 13 de febrero Codelco sorprendió al mundo de la minería al emitir un comunicado titulado “Adopción de Medidas Administrativas en Comité Ejecutivo de Codelco“. En él, anunció la salida de Mauricio Barraza Gallardo, vicepresidente de Operaciones de la corporación; Claudio Sougarret Larroquete, gerente general y exgerente de Operaciones de la División El Teniente, y Rodrigo Andrades Contreras, gerente de Proyectos y exgerente de Minas de la misma división.

Un triple despido de toda una línea de mando productiva en El Teniente que nunca había ocurrido en la historia de la cuprífera estatal. Y al que le faltaba una pieza que ya había salido el 11 de agosto pasado, 12 días después del estallido de roca del 31 de julio de 2025 que provocó un mortal derrumbe en las minas Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante de esa división y que cobró la vida de seis trabajadores contratistas.

Ese día salió Andrés Music Garrido, gerente general de la División El Teniente de ese momento, el único ejecutivo que había dejado la empresa tras el accidente. Pero la salida de Music se presentó como de “mutuo acuerdo” y no se habló de renuncia ni de asunción de responsabilidad en la tragedia.

Esta vez, en cambio, Codelco dijo que “a través de una auditoría interna realizada por la empresa, se han detectado inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023, así como también desviaciones ocurridas en el mismo período atribuibles a ejecutivos actuales y exejecutivos de la Corporación”.

Aunque las razones esgrimidas para el último despido conducían a un estallido de roca y posterior derrumbe ocurrido en la zona Andes Norte casi dos años exactos antes del fatídico 31J, muchos creen que estos dos eventos están conectados entre sí.

De hecho, un exejecutivo y un dirigente sindical coinciden en que es muy probable que geomecánicamente tengan relación, más todavía si se produjeron derrumbes en las mismas zonas en ambos eventos, como confirma un informe de la PDI citado en Canal 13 esta semana. Esto, porque se podrían haber realizado trabajos de fortificación en los túneles que quizás habrían aminorado las mortales consecuencias, dicen dentro de la mina.

Pero la relación entre los dos estallidos es algo que se sigue indagando y que aún no está zanjado ni científica ni judicialmente: “El estallido del 2023 no necesariamente es causal del de 2025″, señala una fuente autorizada. Incluso Codelco, después de anunciar las destituciones el viernes 13, emitió una declaración aclarando que las “conclusiones y medidas no guardan relación con el análisis del accidente ocurrido el 31 de julio de 2025 en la misma división”.

Errores del 2023

Con el despido del viernes 13, las irregularidades cometidas son atribuidas a la línea de mando completa de desvinculados: el vicepresidente corporativo, el gerente general de la división, su gerente de operaciones y su gerente de mina.

“Es cierto, es una medida inédita, porque es importante como señal para fijar un criterio respecto a cómo se debe conducir la compañía”, asegura una fuente de la corporación.

Desmenuzando los hechos entre testigos y conocedores de lo ocurrido en 2023, es posible establecer que se habrían adoptado decisiones después de ese estallido de roca con el fin de continuar y retomar la operación lo antes posible para volver a producir, tomando en cuenta que la producción es el principal impulsor para trabajadores y ejecutivos, pues de ella dependen sus calificaciones y, más aún, sus bonos.

Según fuentes relacionadas con ambos eventos, el estallido de julio de 2023 fue tan grande como el de 2025, pero no cobró víctimas porque coincidió con un cambio de turno en la madrugada, por lo que no había personas en la zona de derrumbes.

Ante este hecho, fiscalizadores del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) visitaron las faenas de El Teniente horas después. Y Codelco se comprometió a enviar un informe al organismo de todo lo ocurrido en esa oportunidad, con sus cronologías, detalle de producción y zonas productivas.

Ese informe emanó de la división, fue firmado por sus principales ejecutivos, luego habría llegado a las vicepresidencias de Operaciones y de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación, y más tarde devuelto a la división para su entrega a Sernageomin, según reconstruyen personas con acceso al reporte.

Pero ese informe, pese a transitar por varias manos, llegó a Sernageomin sin elementos relevantes que tenía originalmente, pues fue “recortado”, afirma un testigo. “No se puede recortar un informe. Nuestra obligación es informar en plenitud, es la base del estándar”, dicen taxativamente en Codelco.

Fue a raíz de las indagatorias surgidas tras las seis muertes de julio pasado, que en la corporación se percataron de inconsistencias en los testimonios y en los datos, cuando se analizaron los estallidos previos.

Esto llevó a que el directorio solicitara una auditoría interna en enero de 2026, la que detectó disconformidades entre lo entregado a Sernageomin en 2023 y lo que originalmente se había informado. El equipo investigador fue liderado por Eduardo Rojas, un experto en estallido de roca del propio El Teniente, con papers en publicaciones especializadas.

Coincidentemente, Rojas había integrado un grupo de siete profesionales encabezado por el gerente corporativo de Seguridad, Jorge Camhi, y el gerente de Seguridad de El Teniente, Maximiliano González -asumido un mes antes del estallido de 2023-, que se reunió con el director nacional (S) de Sernageomin, Andrés León, el 13 de marzo de 2024 para informarle del “inicio de obras de reparación del proyecto Andes Norte, post estallido de roca del 24 de julio de 2023″, según la plataforma de Lobby.

La salida de los ejecutivos de la semana pasada desató una ola de especulaciones al interior de la compañía respecto a lo que estos habían ocultado y que constaba en el reporte de la auditoría de Rojas.

“Esto derivó de la investigación de los seis fatales de julio de 2025. En ese marco, se analizaron los estallidos de roca previos y ahí se detectó el ocultamiento de información”, explica un exejecutivo.

“Serían elementos asociados a la falla geológica, que de haber sido declarados, hubiesen implicado suspender actividades e incluso no llevar adelante ciertos túneles, producto de que no estaban las condiciones adecuadas para avanzar”, relata una fuente que conoció de oídas el informe de enero.

“Lo que tengo entendido es que el informe original fue manipulado y no daba cuenta de algunas zonas que estaban produciendo cuando ocurrió el estallido de 2023″, agrega otra fuente que conoce de la interna de la corporación.

Los rumores no estaban alejados de la realidad.

Porque el reporte final al fiscalizador no daba cuenta de al menos dos minas de la División El Teniente que estaban operando, es decir, extrayendo mineral, al momento del estallido de julio de 2023. Originalmente estas operaciones se habían informado, pero en el reporte final no estaban, indicaron fuentes conocedoras de la auditoría.

¿Por qué no se querían mostrar esas minas en el reporte oficial a Sernageomin? “Porque ambas no contaban con los permisos del propio Sernageomin para operar”, asegura una alta fuente que leyó el informe de la indagatoria de enero.

Y añade que, entonces, los gerentes incurrieron en una doble falta: autorizaron la operación productiva de minas sin contar con los permisos necesarios y lo ocultaron a la autoridad fiscalizadora, pese a que se estaba investigando un evento que podría haber tenido graves consecuencias para los trabajadores y para la producción misma, como sí ocurrió fatalmente dos años después.

Además el ocultamiento no sólo es grave por la acción misma, suma un conocedor de la situación de la estatal, sino porque se cree que podría haber alimentado el modelo de riesgo sísmico.

Pero hay más. Según declararon inspectores de Sernageomin a la Fiscalía Regional de Rancagua, que investiga las eventuales responsabilidades criminales del fatal accidente del año pasado, en su fiscalización de 2023 “deliberadamente” no se les informó de los daños que había dejado el estallido en la mina Andesita, en el sector 7 del socavón sur en el Loop 1, donde se habían producido derrumbes y daños importantes. Por tanto, los fiscalizadores no observaron esta zona, donde dos años después murieron cinco de los seis trabajadores por un estallido similar, según un reportaje de Canal 13.

Las consecuencias

Según dos altas fuentes conocedoras del proceso, los tres ejecutivos de Codelco removidos este mes fueron despedidos sin indemnización, sólo pagándoles las vacaciones adeudadas, pues el motivo de su salida fue “falta grave”. Por lo que además de la afectación reputacional que esto implica para los desvinculados, constituye un duro golpe económico.

Mauricio Barraza, el vicepresidente de Operaciones destituido tras 15 años de carrera en Codelco que partió justamente como gerente de Mina de El Teniente, era el segundo ejecutivo mejor pagado de la corporación después del presidente ejecutivo. Barraza, quien en 2021 fue nombrado “sponsor de Excelencia Operacional” por la propia empresa, recibió $741 millones brutos o $477 millones líquidos en el año que va desde febrero de 2025 hasta enero de 2026, según la sección Transparencia de la estatal. Coincidentemente, Barraza fue elevado a ese cargo desde la vicepresidencia de Operaciones Centro Sur el 1 de noviembre de 2023, sólo tres meses después del polémico estallido de roca.

Como gerente general de El Teniente, Claudio Sougarret, puesto al que llegó el 26 de septiembre de 2025 en reemplazo de Music tras 25 años en la corporación, recibió $120 millones brutos o $77 millones líquidos entre septiembre y enero de este año.

El ahora exgerente de Mina, Rodrigo Andrades, llevaba 19 años en la estatal y siete años en ese cargo.

Este medio trató de contactar a los desvinculados, pero no fue posible.

Codelco entregó el informe de la auditoría de enero a Sernageomin, a la Fiscalía de O’Higgins y se habría comprometido a darlo a conocer la próxima semana a los sindicatos. Entre los gremios de todos modos existe preocupación de que se produzcan nuevas desvinculaciones aguas abajo. Esto, dado que según se ha comentado, la decisión final de enviar el informe como lo recibió Sernageomin habría sido adoptada por el comité ejecutivo de El Teniente, que además de los cuatro despedidos, integraban otros ocho gerentes de la división.

Sernageomin, que el pasado lunes presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público para investigar eventuales delitos, fue contactado y sólo señaló que los detalles sobre el ocultamiento de información de los ejecutivos despedidos estaban bajo investigación y que actualmente tenía equipos desplegados realizando fiscalizaciones en El Teniente.

En Codelco, en tanto, se atuvieron a sus declaraciones públicas. Sin embargo, al interior de la empresa existen dudas respecto a lo que ocurrirá también aguas arriba, puesto que nadie descarta que incluso en la investigación penal puedan verse envueltos o citados a declarar los miembros del directorio de Codelco, que encabeza Máximo Pacheco, o el presidente ejecutivo de la época, André Sougarret, hermano de Claudio, y quien había anunciado su renuncia el 13 de junio de 2023, días antes del estallido de roca, pero que hizo efectiva el 31 de agosto de ese año.