SEÑOR DIRECTOR:

Hasta la semana pasada, el mencionar la mayor crisis del sector nos recordábamos del apagón de febrero pasado. Hoy en día estamos en una situación en que casi la institucionalidad completa del sector ha fallado. Solo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha estado a la altura.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) está en el ojo del huracán por no haber detectado con el suficiente tiempo el error sobre las diferencias de facturación y por no haber tomado medidas inmediatas ante la autodenuncia presentada por la principal empresa transmisora. Lo anterior se agrava con el error al no establecer claramente que el exceso del cobro asociado al IPC aún no lo habíamos pagado en las cuentas mensuales. Esto ha generado una expectativa en la ciudadanía en que las tarifas bajarán a partir de enero del 2026.

El Ministerio de Energía no se queda atrás: al no informar respecto de los dos errores que cometió la CNE, al sobredimensionar la cobertura del subsidio, al invertir más de un año en un proyecto de ley que no era necesario y, ahora, al esperar que las propias empresas del sector resuelvan el problema que el Estado generó al sobreendeudar a los usuarios con las fallidas leyes 21.185 y 21.472 (PEC1 y PEC2), además del doble IPC en la ley 21.667 (PEC3).

De no tomar medidas correctivas a la brevedad, solo se postergará la transición energética y las mejoras en calidad de suministro que exige la ciudadanía. Se seguirá haciendo evidente que pagamos tarifas altas y con calidad de suministro deficiente.

Además de lo anterior, la incertidumbre regulatoria que existe actualmente provocará que las inversiones se posterguen, que no llegue a tiempo la infraestructura que requiere el sistema y probablemente que el país pierda el tremendo atractivo que tiene.

Humberto Verdejo Fredes

Académico

Dpto. de Ingeniería Eléctrica

Facultad de Ingeniería USACH