Con el objetivo de facilitar el refinanciamiento de créditos, el gobierno se encuentra trabajando en medidas para acelerar el traspaso de garantías hipotecarias entre entidades bancarias. Esto, como parte del plan Impulso Competitivo, que será anunciado por el Ministerio de Economía el martes de la próxima semana.

Según fuentes de la cartera, hoy el proceso de refinanciamiento de deuda es excesivamente lento -tardando, en promedio, 55 días-, lo que dificulta al deudor el acceso a mejores condiciones de mercado e impacta negativamente la competencia bancaria sobre el stock de créditos.

Esa lentitud se explicaría porque el acreedor dilata el alzamiento de la garantía hasta no recibir el prepago del total de la deuda por parte del nuevo prestamista y este último, a su vez, retrasa el pago mientras la hipoteca no sea alzada para ser inscrita en el Conservador de Bienes Raíces (CBR).

El rol del acreedor

Para acelerar este trámite se buscará reducir el rol del acreedor actual en el proceso, limitando sus tiempos de respuesta. Aunque la actual normativa establece la posibilidad de que este último pueda otorgar el alzamiento de la hipoteca a cambio de una promesa de pago -denominada carta de resguardo-, en Economía sostienen que esta carta puede ser objeto de reparos y observaciones, que demoran el procedimiento.

Los cambios se aplicarían a todos los créditos que consideran garantías hipotecarias, típicamente los préstamos para la vivienda, para pymes -financiamiento de capital- y de consumo, en aquellos casos en que existan garantías generales acordadas con la entidad bancaria. Según un informe de Gemines, en 2010 el stock de colocaciones de créditos para la vivienda superó las mil millones de UF (unos US$ 46 mil millones), llegando a 1,2 millón de operaciones.

En Economía señalan que la facilitación del refinanciamiento permitiría a los deudores acceder a importantes reducciones de costos. Explican que en el caso de un refinanciamiento de 2.500 UF a 15 años, pasar de una tasa de 5% a 3,5% significaría ahorrar $ 7,5 por cada $ 1 que el cliente desembolsó en los gastos administrativos y legales del proceso de refinanciamiento, como estudio de títulos, impuestos e inscripción en el CBR. La medida se aplicaría sobre mutuos endosables y créditos con letras bancarias.

"En algunos casos, el deudor termina pagando dividendos dobles, que no siempre logra recuperar", explican en Economía. El objetivo preliminar del gobierno es que el proceso demore unos 20 días.

Sergio Arancibia, de Gemines, opina que el proceso de cambio se facilitaría si las garantías se administran en una central. Y agrega: "En el caso de las pymes, es común que el único activo esté hipotecado en la institución que otorgó el préstamo, sin poder utilizar el exceso de esta garantía en nuevos negocios".