La fiscalía de Argentina aceptó a trámite una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), una organización humanitaria que persigue delitos de tortura, la cual acusó a las autoridades de la cárcel Magdalena, ubicada en la provincia de Buenos Aires, de torturar y abusar sexualmente de cinco internas el pasado 3 de junio.

“El 3 de junio (...) cuatro mujeres alojadas en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena fueron víctimas de torturas y malos tratos: abuso sexual, golpizas, submarino húmedo, gas pimienta arrojado a corta distancia sobre la cara y otros hechos graves perpetrados por agentes incluyendo las autoridades del penal”, denunció la organización a través de un comunicado.

En la declaración además detallaron que “luego de horas de torturas, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades con todos sus bienes rotos y la que permaneció en el lugar (...) intentó suicidarse”.

El fiscal Álvaro Garganta aceptó a trámite la solicitud de la CPM, la que había sido rechazada en primera instancia por un juzgado de La Plata por considerarla “prematura”, pese a la gravedad y contundencia de los hechos y pruebas presentadas.

Según apunta la investigación, los hechos se produjeron después de que dos internas fuesen retenidas, tras una presunta pelea, por la directora de la prisión, Daiana Balmaceda, y otros cinco agentes masculinos.

En ese momento, las mujeres habrían recibido la orden de “besar las botas” de Balmaceda y posteriormente fueron torturadas y agredidas sexualmente.

“Atrocidades cometidas por varias personas, muchas de ellas autoridades, solo pueden entenderse desde la sistematicidad de prácticas institucionales que suelen ser naturalizadas y avaladas por un poder judicial que, como en este caso, obstaculiza la intervención de la CPM, que intenta como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura que se investiguen y sancionen estás conductas delictivas”, afirmó el secretario de la CPM, Roberto Cipriano, en declaraciones al diario Página 12.

A la mañana siguiente de los hechos expuestos, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras cárceles y sus elementos personales, que habían sido destruidos por los penitenciarios, fueron mezclados con basura. Lo mismo habría sucedido con las otras tres víctimas, situadas en otras tres unidades diferentes.

A pesar de que un informe del mismo 3 de junio, firmado por la enfermera Raquel Boccardo, señalaba que una de las interna “no presentaba lesiones visibles recientes” durante el examen físico, los peritajes y las evaluaciones posteriores de la CPM constataron heridas evidentes.

De la misma forma, la organización habría confirmado que la víctima continuó aislada y sin recibir alimentos en la celda, donde intentó quitarse la vida.

Debido a la gravedad de los acontecimientos, el viernes 5 las internas que permanecían en la Unidad Penal 51 de Magdalena iniciaron una protesta. La manifestación fue reprimida por las autoridades penitenciarias, lo que habría provocado, según la investigación, que una de las mujeres sufriera una grave lesión en un ojo.

El registro de torturas y malos tratos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) contabilizó un total de 332 víctimas en cárceles federales de Argentina durante el 2025.

Estas agresiones se concentraron en 223 episodios documentados, de los cuales 199 correspondieron a agresiones individuales y 24 a hechos colectivos dirigidos contra múltiples reclusos de forma simultánea.

El documento oficial de la institución no aporta precisiones estadísticas ni detalla el número de denuncias relacionadas con agresiones sexuales sufridas por las personas internas, pero señala “al contexto de encierro y al ámbito sanitario como escenarios especialmente propicios para la violencia sexual, en razón de las relaciones de poder y dependencia que caracterizan a estos espacios”.