La aprobación por parte del Consejo de Seguridad del “Plan integral para acabar con el conflicto en Gaza” por 13 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones -Rusia y China-, es un claro triunfo del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, principal artífice de la iniciativa. El llamado plan de 20 puntos había permitido en una primera instancia concretar el cese al fuego en la Franja de Gaza y el intercambio de los rehenes israelíes que seguían en poder de Hamas por 250 prisioneros palestinos que se encontraban en cárceles israelíes y más de un millar de gazatíes detenidos por las fuerzas israelíes durante el conflicto. Sin embargo, para poder seguir avanzando en las etapas siguientes y darle una mayor legitimidad al proceso, el respaldo de Naciones Unidas era clave.

Por eso, pese a no ser un firme partidario de las instancias multilaterales, la administración Trump apostó por obtener el apoyo del Consejo de Seguridad como condición indispensable para hacer efectivo el plan. Esto porque varios países que apoyaron en una primera etapa la idea no estaban dispuestos a aportar tropas para la Fuerza de Estabilización para Gaza si ésta no contaba con la legitimidad que le entrega una resolución del principal órgano resolutivo de Naciones Unidas. El riesgo, como apuntaba un reciente análisis de Chatham House, era que sin un mandato claro la misión pudiera ser vista como una suerte de operación neoimperialista que comprometiera el éxito de la iniciativa y, más grave aún, la autodeterminación de los palestinos en ese territorio.

Así, con la aprobación en el Consejo de Seguridad, el plan cuenta ahora con un claro mandato de la ONU. Pese a ello, aún quedan muchas dudas, por ejemplo, sobre el rol que tendrá el Consejo para la Paz, encabezado por el propio Trump. Tampoco está claro cómo se concretarán las próximas etapas, no solo en lo referente a los países que finalmente aportarán tropas para la fuerza de estabilización sino a las medidas que se tomarán para concretar el desarme y la disolución de Hamas, como lo establece la propuesta. Hamas, que aceptó la primera fase de la iniciativa y liberó a los rehenes, rechazó la aprobación de la resolución y se ha negado consistentemente a entregar sus armas, lo que representa según todos los analistas el principal desafío para llevar adelante el plan, que contempla una amnistía para quienes se desmovilicen.

Pero más allá de las dudas sobre el futuro de Hamas, el plan también plantea interrogantes sobre la participación real de los palestinos en la toma de decisiones y las posibilidades de que se avance hacia un Estado Palestino. Para asegurar su apoyo a la resolución varios países exigieron que se incluyera un compromiso en ese sentido, que no estaba en el texto inicial. El objetivo, dice ahora el documento, es “crear las condiciones para que se establezca un camino creíble hacia la autodeterminación y un Estado Palestino”. Sin embargo, la vaguedad de los términos usados, la falta de plazos claros y la negativa del gobierno israelí para que eso se concrete instalan legítimas dudas de que la propuesta permita avanzar efectivamente en esa dirección. Y en el caso que ello no suceda, la positiva señal dada la semana pasada podría acabar en un nuevo fracaso.