México llevará a cabo hoy un experimento democrático pionero en el mundo, que ha generado el llamado de atención de diversos sectores con advertencias de apropiación de poder político e infiltración del crimen organizado: se trata de unos comicios que transformarán el sistema judicial, pasando de uno basado en nombramientos a otro en el que los votantes elegirán a sus jueces y magistrados, incluidos los que ocuparán la Corte Suprema y cientos de otros tribunales federales, estatales y locales.

Quienes apoyan la reforma argumentan que democratiza el sistema y contrarresta problemas como el nepotismo y la corrupción. Los críticos afirman que corre el riesgo de otorgar más poder a Morena, el partido gobernante, y abrir los tribunales a candidatos sin experiencia, mérito o que podrían estar influenciados por grupos criminales como los carteles.

La reforma es considerada la medida más radical adoptada por Morena y sus aliados desde que obtuvieron una supermayoría en el Congreso el año pasado y que les permite cambiar la Constitución.

Aunque existe el consenso de que el sistema judicial mexicano necesita un cambio, debido a que la justicia es inaccesible para muchos, la corrupción se encuentra generalizada, al igual que la impunidad. Morena afirma que su reforma abordará estos problemas haciendo que el Poder Judicial responda mejor a la opinión popular.

Sin embargo, los críticos dicen que destruirá la separación de poderes y que, al abrir las puertas a candidatos menos calificados, cuyas campañas pueden estar respaldadas por intereses opacos –incluidos grupos del crimen organizado–, podría agravar los mismos problemas que busca resolver.

Así, cuando lleguen a las urnas los votantes recibirán seis papeletas con colores distintos, que corresponden a los diferentes cargos que están en juego y a sus candidatos. Los votantes elegirán a la mitad del Poder Judicial de México y el resto será escogido en 2027. El recuento de votos a nivel nacional que determinará los resultados finales se llevará a cabo el 15 de junio.

Este año estarán en juego casi 881 puestos de jueces federales (de un total de 7.781), desde jueces de distrito hasta magistrados de la Corte Suprema. Además, 19 de los 32 estados del país elegirán jueces y magistrados locales para cubrir aproximadamente 1.800 puestos.

Muchos de los candidatos en la papeleta ganaron una lotería tras ser evaluados por comités integrados por representantes de los tres poderes del Estado, dos de los cuales están controlados por el partido del presidente. Para optar a la candidatura, los postulantes necesitan un título en Derecho, cinco años de experiencia profesional, un ensayo y cartas de recomendación de amigos y colegas.

Bajo el antiguo sistema, para ser nombrado juez, un candidato debía ser promovido internamente mediante exámenes, capacitación y evaluaciones de desempeño. Las normas pretendían garantizar la cualificación de los postulantes, pero no impidieron problemas como la corrupción.

Para ayudar a los votantes, la agencia que supervisa la votación creó una plataforma en línea para que la gente pueda familiarizarse con los candidatos. Aun así, algunos partidarios de la reforma reconocen que será difícil para los votantes tomar decisiones informadas entre miles de candidatos en gran parte desconocidos.

En una encuesta reciente que la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó durante su conferencia de prensa diaria para intentar mostrar su apoyo al experimento mexicano, el 72% de los aproximadamente 1.000 votantes consultados afirmó que las elecciones judiciales eran necesarias. Sin embargo, solo una pequeña fracción de ellos, el 23%, conocía a los candidatos.

“La elección es un reto mayúsculo, tanto en términos cognitivos para los votantes, como institucionales para el sistema político y de justicia de cualquier país. Quizás por eso es que no hay antecedentes previos de una elección como esta. En sus orígenes, esta reforma se explica por la conflictiva relación entre AMLO, quien promovió la reforma constitucional, y el Poder Judicial, al que identificaba como el espacio institucional desde donde las élites se oponían sistemáticamente a la voluntad popular”, explicó a La Tercera José del Tronco, investigador de Flacso México.

Reforma judicial

Estas elecciones tienen su origen en una reforma judicial que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien mantuvo durante mucho tiempo un conflicto con los tribunales mexicanos, que regularmente anulaban propuestas de reformas y paralizaban proyectos que consideraban una extralimitación del Poder Ejecutivo. El exmandatario llegó incluso a criticar públicamente a los jueces en sus conferencias de prensa.

En septiembre pasado, tras dominar las elecciones presidenciales y legislativas, su partido, Morena, forzó la aprobación de la reforma constitucional en el Congreso. Su aliada y sucesora, Sheinbaum, ha seguido defendiéndola.

La reforma, en particular, puso límites al poder de la Corte Suprema para bloquear ampliamente las acciones y leyes presidenciales y estableció un tribunal disciplinario para los jueces.

La aprobación de la reforma legislativa provocó semanas de protestas por parte de jueces y personal judicial, una dura reprimenda del gobierno estadounidense de Joe Biden y preocupaciones de los inversionistas internacionales, lo que provocó la caída del peso mexicano.

“AMLO diseñó de forma poco cuidadosa una reforma en la que la voluntad popular, a través del voto, impusiera sus condiciones a la ‘familia judicial’. De todos modos, este ejercicio, al que algunos catalogan de democrático, me parece poco cuidadoso, y en algún punto puede ser incluso contraproducente en términos democráticos, puesto que el riesgo de que ciertos poderes fácticos estén detrás de algunos candidatos siempre está latente. El Poder Judicial en México tiene que ser reformado, pero no me queda claro que este sea el camino para ello”, indicó Del Tronco.

Los opositores -exjueces, juristas, políticos y observadores extranjeros- han llamado a los mexicanos a boicotear la votación y se proyecta que las elecciones tendrán baja participación. Ellos afirman que combatir la corrupción y la impunidad en los tribunales no es mala idea. La mayoría de los mexicanos coincide en que el Poder Judicial está plagado de corrupción.

Pero los críticos sostienen que el partido gobernante simplemente está politizando los tribunales en un momento oportuno, cuando Sheinbaum es muy popular.

Los candidatos judiciales no pueden anunciar su afiliación partidista, ni aceptar fondos partidistas, ni celebrar eventos de campaña importantes. Sin embargo, varios exfuncionarios del gobierno de Morena y sus aliados han publicado listas en redes sociales sobre a quiénes elegir.

“El tema de la independencia es uno de los fenómenos que genera mayor preocupación. En términos políticos, porque nuestro sistema institucional fue diseñado bajo la lógica de los balances y contrapesos. No queremos que quien juzgue la legalidad de las decisiones sea la misma instancia que toma esas decisiones, es decir, ser juez y parte. Una crítica que se hace desde el gobierno es que el sistema previo no era inmune a las presiones políticas. Estas también existían y eran sistemáticamente favorables a las élites. Incluso si esto fuera cierto, atentar contra la independencia -ahora de quienes antes se decían perjudicados- es un indicador de que el nuevo sistema tal y como fue pensado no sirve necesariamente para resolver ese problema, sino para transformar la identidad de los privilegiados”, argumenta el investigador de Flacso México.

“El riesgo de este sistema es aún mayor diría, porque justamente no elimina todos los riesgos del sistema meritocrático (en el que obviamente se colaban criterios de amiguismo político, corrupción, elitismo), sino que más bien les ofrece un manto de legitimidad popular que lo hace aún más peligroso. La enseñanza es que el sistema institucional y la ciudadanía son en buena medida un espejo el uno del otro. Es difícil que uno se distinga de forma nítida del otro. La ciudadanía dice mucho del sistema político imperante, y viceversa”, dijo.

Polémicos candidatos

Del Tronco indicó que el desafío cognitivo para los votantes es muy grande, debido a que solo una minoría dispone del tiempo, los recursos y la voluntad de informarse para saber por quién están votando. “Si la aspiración es que el voto se transforme en un mecanismo de selección más idóneo que una carrera judicial basada en el mérito, y por supuesto en las redes personales, requiere de ciertas condiciones que esta elección no estaría cumpliendo: conocimiento de los candidatos, trayectorias, motivaciones, proyectos, etc. No están dadas las condiciones para que el ciudadano de a pie pueda conocer adecuadamente a quién está votando. Si esto sucede habitualmente con tres o cuatro candidatos a diputado de una circunscripción, imagine cómo se multiplica ese problema teniendo tantos perfiles entre los cuales decidir. Quizás por eso el porcentaje de participación que se espera es tan bajo, no mayor al 20%”, añadió.

A lo anterior se suma la preocupación de que algunos candidatos acusados de tener vínculos criminales aparezcan en la papeleta de este domingo, lo que alimenta el miedo de que el crimen organizado haya encontrado maneras de “asegurar que sus tentáculos lleguen al sistema judicial”, indicó al diario The New York Times, Amrit Singh, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford que ha analizado la experiencia de México.

“Es muy fácil imaginar una situación en la que el crimen organizado pudiera influir, directa o indirectamente, en las elecciones y en los votos que recibe un juez”, advirtió.

La Procuraduría General de la República ha investigado al menos a cuatro de los candidatos por delitos como abuso sexual o delincuencia organizada, según las cartas enviadas a principios de mayo a los presidentes de ambas cámaras del Congreso a las que The New York Times tuvo acceso. Dos más habían trabajado como abogados defensores de miembros de carteles. El resto era sospechoso de estar involucrado con grupos criminales o de haberlos favorecido de alguna manera.

Uno de los casos más conocidos y que ha generado controversia es el de la abogada Silvia Delgado, que busca ser elegida jueza en Ciudad Juárez. Tras asesorar al famoso capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán, Delgado busca el cargo en la misma ciudad donde el fundador del violento Cartel de Sinaloa estuvo detenido antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2017.

“He defendido a muchísimas personas. He auxiliado y en algunos casos he sido asesor jurídico de la víctima”, dijo Delgado a la agencia France Presse al subrayar que haber asistido a Guzmán en sus audiencias no la convierte en “criminal”.

A su juicio, fue contratada por sus conocimientos. “Va a tener una jueza imparcial y preparada”, promete Delgado a un vendedor ambulante cerca del puente internacional Paso del Norte.

La ONG Defensorxs -crítica de la elección judicial- publicó en su sitio web una veintena de nombres de candidatos a los que señala con nexos con el crimen organizado y otros delitos. En el perfil de Delgado, asegura: “Candidatura altamente riesgosa (…) defiende a presuntos narcotraficantes”.

La lista también incluye a Leopoldo Chávez, aspirante a juez federal en el estado de Durango, quien estuvo preso casi seis años en Estados Unidos (2015-2021) por tráfico de metanfetaminas.

Figura, además, Fernando Escamilla, quien aspira a ser juez penal en el norteño estado de Nuevo León y fue abogado de Miguel Ángel Treviño, uno de los líderes del Cartel de los Zetas, caracterizado por sus brutales métodos de ejecución.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó el peso de estas postulaciones. “Es el 0,01% de todos” los aspirantes, dijo.

“Es impresionante que para ser (oficial de) tránsito municipal tienes que hacer un examen de control de confianza, pero para ser un juez penal que resuelve casos del Cartel Jalisco Nueva Generación lo único que tienes que hacer es mandar tu currículum”, criticó el director de Defensorxs, Miguel Alfonso Meza.