El 20 de enero de 2023 llegaron hasta la 41º Notaría de Santiago los representantes de la inmobiliaria San Valentino y la Municipalidad de Santiago para firmar la compraventa del edificio de la exclínica Sierra Bella.

La adquisición, que tuvo como objetivo construir la primera clínica municipal, se transformó en un terremoto político que golpeó fuertemente a la administración de la exalcaldesa Irací Hassler (PC). Una compra que en vez de ser un éxito de su gestión la transformó en imputada.

En ese contrato firmado ante el notario Félix Jara, en el artículo 2.1, se estableció que el municipio entregó un vale vista del Banco Santander por un monto de $2.475.862.002, lo que corresponde al 30% de los $8.252.873.341 que costó el inmueble ubicado en la calle Sierra Bella.

El mismo documento establece que dicho vale vista estaría retenido y podría ser cobrado por la inmobiliaria cuando su representante presente los títulos de dominio del inmueble, los que se obtienen tras la inscripción de la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

El contrato por la venta del inmueble estipulaba que el otro 70% se pagaría en dos cuotas. La primera, correspondiente al 15%, es decir $1.237.931.000, sería pagado en febrero de 2023. Un mes después se cancelaría el 55% restante, una cuota que asciende a $4.539.080.338.

Sin embargo todo ese proceso quedó congelado luego de que la Fiscalía comenzara a husmear en la operación. De hecho durante un buen tiempo el vale vista estuvo incautado por el Ministerio Público. Pero los problemas penales ya son parte del pasado.

La resistencia de Desbordes

Luego de varios años de indagatoria, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, cerró la investigación sin formalizarla. Una decisión que incluso fue confirmada por la Corte de Santiago. Con ese carril despejado, el dueño de la inmobiliaria, el abogado Felipe Sánchez, optó por forzar a la municipalidad para que respete la compraventa que ellos mismos firmaron.

Así fue como hace algunos días el 19º Juzgado Civil de Santiago ordenó al Conservador inscribir el inmueble y con eso despejó la cancha para que la inmobiliaria reactive las gestiones para cobrar el valor pactado.

Sin embargo, los planes de Sánchez se toparon con una gran muralla: la férrea oposición del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN). El jefe comunal dio la instrucción de que la Municipalidad tiene el deber de resguardar el patrimono municipal y por lo tanto no está dispuesto a pagar ese precio. Fuentes del municipio cuentan que Desbordes ha transmitido internamente que no dará su brazo a torcer mientras aún queden litigios pendientes.

“No vamos a pagar $8 mil millones porque no los vale. El precio que se está cobrando es un precio que está absolutamente abultado”, dice el jefe comunal. La autoridad agregó que está trabajando “con los abogados en todas las instancias civiles y penales para evitar que se concrete este negocio usando todas las herramientas que nos da la ley”.

El plan de Desbordes para no pagar se basa en reactivar la demanda de nulidad para que el contrato de la compra quede invalidado. Un proceso que será lento ya que requiere que la Corte de Santiago y la Corte Suprema resuelva el recurso de casación que presentó la municipalidad.

Un juicio ejecutivo

En paralelo, la inmobiliaria San Valentino confirmó a La Tercera que tras la inscripción del inmueble iniciará el procedimiento de cobro ejecutivo del precio total pactado, con el fin de materializar la entrega de Sierra Bella. Según la firma, “este paso confirma lo que siempre sostuvimos: la compraventa fue un contrato plenamente válido, aprobado por el Concejo Municipal de Santiago y cuya eficacia nunca debió ponerse en duda”.

Esa es la razón que explica que pese a que el vale vista ya está disponible para el pago, la inmobiliaria haya optado por no retirarlo. De esta forma el documento para cobrar el 30% de la compraventa de Sierra Bella aún permanece en la notaría.

El juicio ejecutivo que iniciará la inmobiliaria es una de las herramientas más rápidas y efectivas que se aplican en estos casos. Se trata de un procedimiento judicial acelerado para lograr el pago de deudas que ya están respaldadas por un título ejecutivo, como vendría siendo en este caso el contrato de compraventa y la inscripción de la escritura pública.

Ese proceso, que avanza en paralelo a la acción de nulidad de parte del municipio podría resolverse en un plazo de meses, mucho antes que un juicio para anular la compra, el que podría tardar varios años.

De concretarse una sentencia favorable para la inmobiliaria, el tribunal obligaría a la Municipalidad de Santiago a asumir la deuda que adquirió al comprar el inmueble y quedaría obligado a realizar el pago. En caso de que insistan en no hacerlo, se podría dar curso a un caso de desacato.

Lo complejo es que si Desbordes se niega a pagar, el tribunal no tiene mecanismos coercitivos ya que los bienes municipales son inembargables si están “destinados al funcionamiento de sus servicios”.

La inmobiliaria además podría activar un último recurso y llegar hasta la Contraloría para reclamar que la Municipalidad está obligada a pagar, por el principio de legalidad y la prohibición del enriquecimiento sin causa.

Es decir, la Municipalidad ahora tiene el dominio sobre un inmueble por el cual no ha pagado. Más aún cuando en el presupuesto de salud municipal hay un item de $8.300 millones para “edificio”. Incluso la inmobiliaria podría alegar al ente contralor que no está cumpliendo una obligación que un tribunal mandató a pagar.

Por delante, además, queda por dilucidar el uso del inmueble. Desbordes afirma que “técnicamente no podemos hacer un Cesfam ahí”. Mientras que la empresa responde diciendo que “la clínica es de la municipalidad y el alcalde no quiere paga su deuda ni implementar el Cesfam para el que se compró. Es falso que ahí no pueda implementarlo”.