La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sesionó este martes para continuar el estudio en general del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de determinados antecedentes de un proceso penal y que tipifica la divulgación indebida de investigaciones.

Con la norma conocida como “Ley Mordaza 2.0″, los legisladores buscan sancionar con cárcel a quienes informen sobre casos reservados.

En la sesión, por un espacio de 10 minutos, expuso la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, que conectada por vía telemática indicó que el proyecto presenta “una tensión entre dos derechos muy importantes, tanto desde el punto de vista constitucional como para el funcionamiento mismo de la democracia”.

“Creo que es muy importante clarificar si estamos hablando de secreto o reserva. Porque el secreto impide absolutamente el acceso”, puntualizó la académica, insistiendo en que es clave el adecuado manejo de la terminología en el debate.

En esa línea, indicó que en el proyecto debiera hacerse una conexión con la Ley 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, “en forma clara y precisa”.

“Redactar la norma de tal manera que tal como está actualmente concebida pudiera ser un llamamiento al artículo 30 de la Ley 19.733, en el sentido que la persecución penal no se aplicará a las personas o medios más bien dicho de comunicación social que estén divulgando informaciones que sean de interés público real o que digan relación con personas que ejercen funciones públicas. La Ley 19.733 define ampliamente lo que se entiende por interés público”, explicó.

Asimismo, manifestó que “para cumplir los estándares señalados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debiera precisarse la calificación de indebida".

“Me parece que la información indebida es aquella que se relaciona con los datos sensibles y también con los personales en los términos definidos por la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada”, acotó, agregando que tal definición permitiría reducir el margen de apreciación de los jueces al aplicar estas normas.

Aludiendo a normativa internacional, Peña advirtió que “el procesamiento de personas incluidos periodistas y comunicadores sociales por el solo hecho de investigar, escribir y publicar información de interés público viola la libertad de expresión al desestimular el debate público sobre asuntos de interés para la sociedad y generar un efecto de autocensura”.

“Expone a periodistas”

Coincidiendo con esa idea, la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, llamó a excluir del proyecto de ley sanciones a reporteros por divulgar información respecto a temas de interés público.

“Es importante destacar que la persecución penal a quienes difunden información de interés público en ningún caso resuelve los casos de corrupción política, sino que finalmente los protege”, recalcó la representante gremial.

Alorda aseguró que el proyecto aborda materias en ámbitos “que ya están cubiertos por las normas nacionales con sanciones”.

Tras ello, dijo que las sanciones a quienes informen, divulgan o difundan información y antecedentes de una investigación amparada por el secreto con penas de presidio son “desproporcionadas y van contra el estándar internacional en materia de libertad de prensa”.

“Tal como está la propuesta, nos parece que expone a periodistas a un mayor riesgo ya que puede estimular el acoso judicial como una herramienta de amedrentamiento, para impedir la cobertura de temas de interés público y generar una tendencia inhibidora de publicar ciertos contenidos de interés público por temor a la sanción. Además, colisiona con el derecho a la reserva de fuente, herramienta esencial para el desarrollo del periodismo”, planteó.

La presidenta del colegio profesional manifestó que “se advierte el riesgo de que, pese a las buenas intenciones de los autores, este proyecto de ley tenga efectos inconstitucionales contrarios a lo que busca, y que deje al derecho a la reserva la fuente en letra muerta y un desfile de periodistas en tribunales”.

Otro de los expositores en la sesión fue Sebastián Zárate, fiscal del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, que insistió en el valor de la autorregulación de la prensa.