"Pareciera ser que iba a quedar en el aire este tema y no va a ser así", dijo ayer el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, aludiendo la aplicación de descuentos en las remuneraciones de los funcionarios que participaron en el paro fiscal, que se extendió durante 21 días.

Bermúdez agregó que se ha notificado a los distintos servicios públicos, priorizando a los del área de la salud, para conocer los alcances que tuvieron las movilizaciones y las medidas administrativas que se han adoptado: "Estamos oficiando a todos los servicios de salud de Chile para que nos informen qué es lo que ha ocurrido, es decir, cuál es el nivel de ausentismo que se produjo, qué prestaciones no se realizaron y si se están haciendo efectivamente o no los descuentos".

Las declaraciones del contralor causaron molestia en los gremios de salud, donde no descartan retomar las movilizaciones en caso de que se apliquen reducciones salariales a los funcionarios.

"Contraloría está atizando el fuego con bencina, intentando nuevamente generar un escenario conflictivo", dijo Esteban Maturana, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), quien agregó que la mayoría de los centros de salud comunales se han organizado con las autoridades locales para recuperar las atenciones en horas extras y durante fines de semana: "Si insiste en hacer leña del árbol caído, no nos va a dejar mas alternativa que llamar a nuestra gente a movilizarse y protestar, así que le pediría al contralor que contribuya a la paz social".

Por su parte, Oscar Riveros, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats Nacional), dijo que a la fecha no han tenido noticias sobre esta materia y que, en caso de que se insista sobre los descuentos, recurrirán a los tribunales laborales. "El contralor se afirma en que esto es una paralización ilegal, pero la negociación, si bien no está reglada, es una negociación de hecho, que se refrenda con el pago de un bono, por lo cual el gobierno la asume como una negociación válida", dijo Riveros, quien añadió que "tenemos que sentarnos y definir de qué forma reaccionar, están abiertas todas las posibilidades".

El Ministerio de Salud (Minsal) fue consultado sobre la aplicación de descuentos, pero declinaron hacer declaraciones.

Efectos del paro

El paro tuvo un costo de $ 17 mil millones para la red asistencial -una pérdida de casi mil millones de pesos diarios por atenciones suspendidas. Se trata de un monto similar a la construcción de un hospital comunitario, como el Eduardo González, de Cunco, en la Región de La Araucanía, cuyo valor es de $ 14 mil millones y que está dentro de los 20 recintos que el gobierno comprometió dejar construidos.

El balance de la movilización realizado por el Minsal arrojó que se suspendieron 43.076 mil consultas de especialidad y 9.399 cirugías. En total, 52.475 atenciones que están siendo reagendadas.

Junto con derivar parte de esas atenciones al sector privado, con el mayor gasto que esto implica, el Minsal debió comprar camas a privados, servicios de sociedades médicas y prestaciones de imagenología, además de contratar personal. Además, mientras duró la movilización, fueron entre 400 y 800 las camas hospitalarias que diariamente no pudieron funcionar por falta de funcionarios.

Ahora, el nivel central está coordinando la resolución de las consultas y cirugías pendientes, las que se espera resolver en tres o cuatro meses, con atenciones en horarios extras y en fines de semana. Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales indicaron que "los servicios de salud se encuentran trabajando en reagendar atenciones suspendidas, además de programar las prioridades establecidas: garantías retrasadas GES, Sename y pacientes con tiempo de espera más antiguos".

El secretario general del Colegio Médico, Luis Velozo, dijo que sólo en el Hospital Barros Luco se postergaron 500 cirugías y, si se suman los hospitales del área sur, la cifra sube a 1.000. "En el Barros Luco se compraron 70 camas al extrasistema. Si se multiplica eso en los seis grandes hospitales de la Región Metropolitana, al menos son 500 camas que se tuvieron que comprar", dijo.

Raúl Angel, ginecólogo del Hospital San Borja, indicó que los pabellones se atrasaron en varios días , por lo que "se han tomado providencias y programado pabellones dentro de lo posible para recuperarlas". Por ejemplo, cuenta que las áreas de ginecología han cedido espacios a patología mamaria, para recuperar las intervenciones de cáncer de mama.

El académico de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Manuel Inostroza, prevé un aumento en los incumplimientos Auge/GES y que "hace 10 años no teníamos un impacto tan severo en la falta de atención de los pacientes".

A nivel de consultorios, Camilo Bass, secretario general de la Agrupación de Médicos de Atención Primaria, dijo que "se dejó de atender a personas con enfermedades crónicas y todavía no hemos dimensionado el daño específico".