El próximo 30 de diciembre se levantará el secreto que pesa sobre el fraude al FUT y el caso Penta. Con ello, a partir de ese día podrían comenzar a conocerse detalles de la indagatoria sobre Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, iniciada tras dos denuncias realizadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) ante la fiscalía Oriente en agosto y octubre.

Ante la proximidad de ese plazo, la defensa de los imputados y el fiscal Carlos Gajardo, a cargo de las pesquisas, ya han sostenido conversaciones preliminares con miras a hacer más expedito el proceso investigativo, si se produce una eventual formalización de cargos. Los intercambios, revelan fuentes al tanto de los sondeos, se han dado bajo el supuesto de que Délano y Lavín serían imputados por posible cohecho activo y delito tributario, todo ello de la arista relacionada con el fraude al FUT.

En este escenario, tanto la fiscalía como los socios de Penta estarían abiertos a un juicio abreviado. El Ministerio Público podría solicitar una pena de cinco años, con el beneficio de cumplirla bajo libertad vigilada. A ello podría sumarse la petición de arresto domiciliario de los imputados mientras se desarrolla la investigación.

Para desarrollar un juicio abreviado que evite prolongar la causa y una exposición pública durante meses, Délano y Lavín deberían primer ser formalizados. Pero además, para acceder al juicio abreviado deberán admitir responsabilidad en los hechos de la acusación.

Sin embargo, la opción de una pena de cinco años y las medidas cautelares en discusión no convencerían a los fundadores del grupo económico, cuyas defensas son encabezadas por Julián López y Davor Harasic.

Para Gajardo, un procedimiento abreviado le permitiría lograr condenas con celeridad y evitar el desgaste de un juicio oral.

La alternativa de un juicio abreviado no es desconocida para el fiscal Gajardo, quien ya ha llevado adelante procedimientos similares como el llamado caso "Fragatas", donde logró condenar a cinco años de presidio a Juan Basili y Juan Tapia por cohecho, lavado de activos, negociación incompatible y delitos tributarios.

Si bien en el caso de Délano y Lavín la formalización no se ha producido, esto no es impedimento para que las partes sondeen eventuales acuerdos para llegar con una propuesta lo más consensuada posible, comentan otras fuentes.

Por ahora, Délano y Lavín se concentran en sus defensas. Así lo hicieron saber el miércoles, luego que anunciaran su renuncia a los directorios de Penta Vida, Penta Security, Banmédica y Banco Penta. Ambos se mantendrán en Empresas Penta S.A. Junto con ese anuncio, Penta comunicó el pago de $ 1.191 millones al SII, por concepto de boletas de honorarios que fueron cuestionadas por la entidad.

Ni el fiscal Gajardo ni Julián López se refirieron al tema.

Juicio laboral 

En otra arista del caso, ayer, y por más de seis horas, se extendió la preparación de juicio en el Segundo Juzgado Laboral de Santiago, donde se discutió la demanda por $ 2.300 millones que interpuso el ex gerente de Penta, Hugo Bravo, a sus ex jefes, por despido injustificado y daño moral.

En la audiencia, la jueza Andrea Soler resolvió cuáles serán los testigos y las evidencias que ambas partes podrán presentar en el juicio que se hará el 13 de enero.

Entre los testigos estarán el hijo de uno de los socios del grupo, Carlos Lavín Subercaseaux; el abogado de la empresa, Alfredo Alcaíno; el tesorero de la misma, Juan Carlos Armijo; y el director de Penta, Alfredo Moreno.

Una de las pruebas más controvertidas que la defensa de Bravo pidió al tribunal presentar en el juicio fue la grabación realizada por su representado a Carlos Lavín y su hijo sin autorización, hecho por el cual Penta se querelló por grabación ilegal y Bravo fue sobreseído el martes pasado.

Al respecto, la jueza Soler resolvió el audio como "prueba pertinente", pero señaló que será el magistrado que quedará a cargo del juicio quien definirá si el medio de prueba fue tomado ilícitamente o no.