LA COMISION de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley ingresado al Congreso por el gobierno anterior, que suprime el feriado judicial que rige para los tribunales civiles del país durante el mes de febrero de cada año, práctica que se viene aplicando desde hace siete décadas.

Es muy importante continuar con el avance de esta iniciativa en la sede del Legislativo, considerando que no existen razones de fondo para mantener esta medida. Por el contrario, lo que se requiere es avanzar hacia un sistema de justicia más moderno y eficiente, siendo precisamente este el objetivo que se busca con la propuesta para reformular el sistema procesal civil. Paralizar durante un mes el funcionamiento de los juzgados civiles -donde se tramitan cerca del 50% de las causas que ingresan cada año al Poder Judicial- carece de sentido y resulta perjudicial para quienes acuden a tribunales por litigios de esa índole.

El desarrollo de la tecnología ha permitido disponer de herramientas que facilitan la tramitación de los procesos judiciales, haciendo injustificable que se suspenda temporalmente la administración de justicia en materia civil, menos aún cuando ello entorpece la labor que ejercen los tribunales, alarga los tiempos de los procesos y genera costos. Tampoco parece haber argumentos para que la medida de terminar con el feriado judicial se implemente de forma gradual en un plazo máximo de cinco años, como está planteado en el proyecto de ley. Si bien se deben realizar una serie de ajustes para poner en marcha esta iniciativa, el plazo estipulado resulta excesivo, sobre todo si se compara con la reforma procesal penal, que pese a su complejidad se implementó en todo el país precisamente en un lustro. Por ello, este aspecto se debiese revisar con mayor detención.