LA GRAN enseñanza de las inundaciones en el norte y de los incendios en Valparaíso, e incluso del caso Caval, es que nos tomemos en serio la planificación territorial.

Un análisis desapasionado de estos instrumentos demuestran cómo, arbitrariamente, se fijan zonas de colores y se señala qué tipo de viviendas y qué tipo de industrias se puede instalar en ese territorio, como si se tratara de un videojuego para hacer ciudades. Los planos reguladores se aprueban con nula participación social y escasa publicidad, especialmente desde que fueron eximidos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La planificación del territorio debiera ser totalmente distinta: se deben señalar zonas de riesgo, zonas restringidas a la urbanización y zonas de alta densidad, por ejemplo, cerca de centros urbanos y líneas de Metro. Y en las zonas rurales se deben establecer condiciones objetivas para el desarrollo, a fin de que autorice a urbanizar sólo si va a cumplir ciertos requisitos mínimos: áreas verdes, vivienda social, mitigaciones viales y ambientales. No se puede asignar riqueza simplemente cambiando el límite urbano.

Esta forma antigua de planificar, con zonas de colores, se quiere aplicar incluso a los proyectos industriales y de generación eléctrica. La planificación del territorio para estos proyectos significa crear "zonas de sacrificio" y "zonas de beneficio". En las primeras se concentrarían las industrias y los proyectos de generación, mientras que en las últimas se excluirían.

Entonces habrá un funcionario público que nos dirá dónde deben instalarse las centrales de generación eléctrica. La presencia o no del recurso de generación (viento, sol, o agua) será un detalle, para este Leviatán que todo lo sabe.

Eso no es todo. Para desarrollar un proyecto no bastará localizarlo en aquellas áreas donde se le autorice previamente (zona de sacrificio). Un informe elaborado para el Ministerio de Energía, a propósito del proyecto de ley de asociatividad, propone exigir además negociaciones con la comunidad, conducidas por facilitadores (previamente inscritos en un registro público), donde se propondrá que los privados realicen aportes        ("contribuciones" les llaman) sobre las ventas de la compañía, o incluso, compartir la propiedad de ella con la comunidad. Una especie de "aporte voluntario exigido por ley" para los privados, que deberán contribuir en proporción a las ventas, ganen o pierdan plata, o derechamente deberán entregar una parte de la empresa.

Para tranquilidad de todos, se señala a continuación que este aporte "voluntario" (pues de lo contrario sería un impuesto) "no impacte negativamente en el margen de utilidades del proyecto", lo que obviamente es imposible, a menos que el aporte sea cero.

Esto se nos está yendo de las manos. Para combatir la corrupción es necesario reducir los espacios de discrecionalidad de la administración pública. Se requieren normas de planificación territorial y de evaluación de proyectos lo más objetivas posibles, si queremos aprender la lección de los lamentables episodios del último tiempo.