La posibilidad de que la expresidenta Bachelet logre la Secretaría General de la ONU debiera ser un factor de unidad de nuestro espectro político. Cuesta discutir lo que esto significaría para Chile, más allá de su figura y el sector que representa. Desde el Ejecutivo se han referido a su candidatura como una política de Estado. El asunto es que han hecho menos que lo necesario para que esta postulación tenga ese carácter.

Una política de Estado representa un interés o valores de largo plazo. En materia de defensa, transición energética, cambio climático, multilateralismo, entre otros, en Chile prevalece esta visión. Son “de Estado” porque en su origen está el consenso político y un, por lo menos, tácito respaldo popular cuya vigencia se asume en la medida que no es desafiado, o que quienes lo contradicen no prosperen. Este estatus necesita del consenso, es un producto de la convergencia explícita de intereses y valores. Así, la política de Estado no es una candidatura en particular, algo que la desnaturalizaría. Tiene que ser un fin mayor, como la influencia en la esfera internacional, algo para lo que, en este caso, Bachelet sería funcional al interés nacional. Este orden esencial es de lo que ha carecido su candidatura.

Por estrategia o apuro, el gobierno decidió que la postulación de la expresidenta partiera por los hechos, quizás suponiendo que no necesitan tanto el apoyo de la oposición como su voluntad -cuando probablemente sean gobierno- de no bloquear una candidatura con aspiraciones serias. Sería una buena noticia que los partidos de derecha estuvieran disponibles para apoyar a Bachelet, pero también tienen un punto respecto de las formas con que se ha conducido este tema. Partiendo por lo más sutil, es desconcertante que la primera autoridad relevante en referirse a la postulación como “política de Estado” haya sido la ministra de la Mujer y no el Canciller. Ciertamente, la posibilidad de que Chile contribuya a que la ONU sea liderada por primera vez por una mujer tiene valor en sí mismo, pero la decisión respecto de esa vocería deja dudas sobre qué es lo que el gobierno considera prioritario en este asunto. Siguiendo con lo evidente, los partidos de oposición debieron ser informados y escuchados, especialmente considerando que la próxima administración será quien decida o no dar su apoyo.

Las políticas de Estado no resisten tantos descuidos en las formas, pero el gobierno está a tiempo de enmendarlos y dar a esta candidatura el carácter que merece. Debe cambiar la narrativa desde los méritos de Bachelet hacia el apoyo que cualquier figura con los méritos suficientes (Bachelet los tiene, esto no depende de la simpatía por sus gobiernos) debiera recibir desde el Estado ante la oportunidad de participar en las esferas del poder multilateral, mejorando la posición de nuestro país. El gobierno tiene el desafío de inscribir esta postulación en una política de Estado y no pretender que la postulación sea la política de Estado en sí.

Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP