Ignacio Illanes

Ignacio Illanes

Decano Fac. de Educación U. de Los Andes

Opinión

Convivencia escolar, inclusión y violencia

colegios admisión

Luego de varios casos de extrema violencia en algunos recintos educacionales, el gobierno presentó un proyecto de ley que busca sancionar ese tipo de actos, permitiendo la expulsión de los estudiantes responsables.

Quienes critican la iniciativa señalan tres argumentos principales. En primer lugar, se objeta la constitucionalidad del proyecto, ya que no resguardaría el debido proceso. Tal vez haya que hacer ajustes, pero la iniciativa apunta a un problema que hay que resolver. Es tarea de los legisladores solucionar el punto legal.

Por otra parte, se dice que estos hechos de violencia corresponden al ámbito de la “convivencia escolar” y que deberían resolverse según el Manual de Convivencia de cada colegio. Sin embargo, lo que hemos visto estos días es una acción anárquica organizada, que nada tiene que ver con la vida escolar. Por eso mismo, los manuales han quedado cortos.

Por último, se argumenta que la violencia que presenciamos refleja un problema de marginalidad y exclusión, que los colegios deberían saber administrar como parte de los esfuerzos de inclusión. No amparemos la violencia bajo este paraguas: las acciones que ponen en peligro grave la integridad física de otros no deben tener cabida en los establecimientos; deben ser excluidas.

En síntesis, no abusemos de los argumentos: esto no es un problema de inclusión versus exclusión, o de convivencia escolar, sino simplemente de una violencia inaceptable en establecimientos educacionales. Forzar conceptualmente las vinculaciones entre conflictos de tinte político y la convivencia escolar, o la inclusión, terminará vaciando de su verdadero sentido a ambos propósitos.

Algunos esperan que los establecimientos educacionales se hagan cargo de tales conflictos, de lo que llaman “el problema de fondo”. Seamos claros: la tarea de un colegio es ofrecer un espacio formativo, impartir buenas clases y que sus alumnos aprendan; ese es el tema en el que deben ser expertos y al que deben dedicar sus esfuerzos. No les pidamos, además, que sean expertos en la atención de problemas como el anarquismo y la violencia organizada, cuyas causas y soluciones exceden sus competencias y recursos. Eso es tarea de la política y las leyes, principalmente. Por supuesto, los colegios tienen un rol, pero no se debe cargar la responsabilidad de administrar y aguantar problemas así de complejos a profesores y alumnos que nada tienen que ver con el conflicto.

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