El destacado académico Bruce Chapman, en una entrevista a este medio, fue particularmente claro al identificar el problema central que enfrenta el proyecto de financiamiento a la educación superior, mejor conocido como FES.

Correctamente, lo que Chapman plantea es que, más allá de los detalles técnicos, la discusión de fondo que el Senado y el Ejecutivo están llamados a resolver es una sobre justicia, respecto a quién debe responder cuando una persona que estudió con beneficios que deben devolver (un crédito, por ejemplo) deja de pagar. Hay, en grueso, dos posiciones.

La primera –la del gobierno– sostiene que cuando alguien deja de pagar (porque no trabaja o lo hace informalmente), deben ser sus pares, que estudiaron en las mismas condiciones, los que deben hacerse cargo de la diferencia impaga. Para ello, establecen un impuesto a los graduados. Los beneficiados por el FES no devuelven lo que se les prestó, sino que el Estado adquiere un derecho a cobrarles todo lo que puede a una tasa máxima de 8% de los ingresos por hasta 20 años, cobro que usará para compensar por quienes no pagan. Por eso, algunos pagarán 10 veces más que lo que se les prestó. Un 30% pagará más de 1,5 veces. Otros, la mayoría, pagarán menos. Pero queda claro el subsidio cruzado. Los compañeros que trabajan le pagan a los que no trabajan, sea por la razón que sea. Esto se ha llamado sobrepago.

La otra mirada sostiene que cuando alguien al cual el Fisco le prestó dinero para estudiar deja de pagar por una buena razón (cesantía, enfermedad, etc,), debe suspenderse el cobro, a la espera de que tenga ingresos y pueda seguir devolviendo. Pero no se los carga a sus compañeros. En caso de que la persona no pague, es el Estado el que carga con la deuda. ¿Le parece eso incorrecto? Hay que recordar que más de 500.000 personas estudian totalmente gratis, sin desembolsar ni devolver nada. No es pedir demasiado que el mismo Fisco que entrega gratuidad total apoye también a estudiantes que tuvieron créditos estudiantiles que no pudieron pagar, en lugar de castigar con un impuesto específico y elevado a estudiantes exactamente iguales, que estudiaron con el mismo beneficio, pero tuvieron la “mala fortuna” de trabajar y que les fue bien.

Alguien podría decir que el dinero es fungible y que la distinción es irrelevante. No es así, pues en el caso del impuesto a los graduados, el Estado puede cargar a los estudiantes, todo el gasto de forma infinita a los graduados (¿quién asegura que la tasa impositiva del 8% del FES no aumentará cuando esta especie de fondo de reparto se quede sin recursos?). En el caso de un crédito contingente al ingreso, la carga de quienes no pagan se comparte entre el beneficiado y el Fisco, y ahí compite con muchas otras necesidades públicas, por lo que su costo de oportunidad es correctamente aquilatado.

Lo más notable de todo esto es que Chapman afirma que este dilema no existe en Australia, ni en los otros países que él ha asesorado. ¿Por qué? Porque en todos esos casos se trata de créditos contingentes al ingreso y no impuestos como en el caso que propone el gobierno con el FES, que no se han implementado en ningún lugar del mundo. En otras palabras, el experto deja claro que el problema del sobrepago es un invento innecesario, un problema creado por el propio gobierno, que se soluciona fácil convirtiendo este impuesto FES en un crédito contingente al ingreso. Más claro imposible.

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar