La Nueva Educación Pública (NEP) —la reforma que transfirió la gobernanza y administración de la educación pública estatal desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), iniciada en 2018 —ya cuenta con 24 SLEP funcionando en régimen a lo largo del país. Estos servicios equivalen a 115 comunas, a más de 435.000 estudiantes y a poco más de 1.800 establecimientos educacionales.

Este cambio representa una transformación de gran envergadura en la educación escolar chilena y, como tal, plantea profundos desafíos. El Consejo Evaluador del Sistema de Educación Pública señala en su informe anual 2024, que la implementación ha presentado logros evidentes, pero también desafíos pendientes; una realidad que contradice la narrativa de crisis promovida por algunos actores políticos.

Entre los logros destaca el acompañamiento pedagógico de los SLEP a las escuelas, la generación de redes territoriales y la valoración y existencia de espacios participativos como el Consejo Local de Educación Pública de cada servicio. Entre las tareas por venir menciona la necesidad de una mayor regulación de los municipios previo al traspaso, así como revisar la normativa rígida —en especial aquella que regula la administración de los recursos financieros— de los SLEP, con el propósito de otorgar mayor autonomía a los proyectos educativos, entre otros.

En este contexto, el Consejo Evaluador, compuesto por un grupo de expertos transversal del espectro político, recomienda dar continuidad a la implementación de la Nueva Educación Pública para la totalidad del sistema. Al respecto, los abajo firmantes apoyamos decididamente esta recomendación y proponemos que la Nueva Educación Pública sea una política pública de Estado, que trascienda gobiernos y frente a la cual todas las candidaturas presidenciales debieran pronunciarse favorablemente, comprometiéndose con el fortalecimiento de la educación escolar.

Para lograr este compromiso fundamental, proponemos —en línea con la mesa transversal del CEP (2024)— que, en el marco de la discusión del proyecto de ley que ajusta la Ley 21.040, que puso en marcha la NEP, se establezca la creación de un consejo colegiado transversal que gobierne la Dirección de Educación Pública (DEP) conformado por profesionales idóneos, incluyendo expertos en educación de los distintos niveles y modalidades educativas, y cuyas principales funciones sean: participar del proceso de nombramiento del Director Ejecutivo de la DEP, seleccionando la terna final que se presenta a la Presidencia de la República, y aprobar la Estrategia Nacional de Educación Pública y los planes y programas relativos a la educación pública, entre otros.

Contar con este consejo colegiado permitiría asegurar la continuidad, transversalidad y estabilidad del proceso de transición y al funcionamiento en régimen del nuevo Sistema de Educación Pública, un proceso que requiere del compromiso y el esfuerzo de todas y todos en pos de contar con servicios locales y establecimientos educativos públicos de calidad a lo largo del país.

Por Jaime Portales O., investigador de Rumbo Colectivo, y Sebastián Izquierdo R., investigador CEP