Opinión

¿Qué exige un estudio económico para guiar política pública? Causalidad primero

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El recuadro laboral del IPoM de septiembre abrió una discusión saludable: ¿qué nivel de evidencia necesitamos cuando un informe técnico pretende orientar decisiones públicas? El debate se encendió porque voces influyentes cuestionaron el momento y la solidez del análisis del Banco Central —alertando sobre apresuramiento e incluso sesgos—, mientras sus autores defendieron la robustez del método y la pertinencia de publicar ahora. Que esta conversación ocurra a cielo abierto es una buena noticia: por fin discutimos el método, no solo el resultado.

El punto de partida es simple: si queremos convertir un estudio en política, debemos distinguir entre causa y coincidencia. En economía, eso significa determinar un contrafactual —¿Qué habría pasado sin la intervención?— para esto existen metodologías rigurosas y pruebas exigentes. Dado que las correlaciones plausibles no bastan, se requieren diseños que separen causas de consecuencias tratando de aproximarse a un experimento ideal: comparar la evolución de dos grupos muy parecidos, uno afectado por la norma y otro no. En el plano macro, se usan supuestos económicos claros para separar efectos de demanda y de costos y estimar cómo reacciona una variable con el tiempo.

Para que un estudio aspire a orientar reformas, debe cumplir un estándar mínimo: identificar el efecto con variación exógena (fechas, umbrales, reglas); demostrar independencia entre esa variación y el resultado (identificación); presentar pruebas previas —tendencias, placebos, sensibilidad— que podrían refutar hallazgos frágiles; replicar resultados con distintas fuentes y medidas (robustez); alinear efectos individuales con agregados (coherencia micro–macro); y permitir que terceros reproduzcan los resultados con los mismos datos. No es un lujo académico, sino requisito para diseñar política basada en evidencia.

Desde esa perspectiva, el valor del recuadro del IPoM no está en “ganar” una polémica, sino en elevar el debate hacia la identificación causal del impacto regulatorio. Las críticas metodológicas son valiosas si obligan a transparentar supuestos, tendencias, placebos y sensibilidad; la defensa es pertinente si prioriza la validez de la identificación por sobre el calendario. Ese es el estándar correcto: auditar hipótesis e inferencias como en un artículo académico. Si la identificación es sólida, el timing es secundario; si no lo es, ninguna urgencia justifica convertir correlaciones en recomendaciones.

¿Por qué tanta insistencia en la causalidad? Porque salarios y jornada cambian el precio relativo del trabajo y empujan ajustes por varias vías: contratación, horas, rotación, formalidad y también sustitución tecnológica. Si confundimos correlación con causa, podemos subestimar costos de transición o sobrestimar beneficios, y quienes más pierden suelen ser los jóvenes y los trabajadores de menor calificación. La buena identificación permite medir el “sin la norma”, entender por dónde vienen los efectos (salidas de empleo, menor creación de vacantes, automatización, reasignación sectorial) y diseñar amortiguadores inteligentes —subsidios temporales a la contratación, escalonamientos por tamaño de empresa, capacitación modular y apoyo a adopción tecnológica— que reduzcan el daño del ajuste sin renunciar a los objetivos distributivos.

La discusión actual no debe reducirse a estar “a favor” o “en contra” del informe del Banco Central, sino a comprometerse con los estándares descritos. Si la evidencia los cumple, transformémosla en política; si no, mejoremos datos y diseños. Así garantizamos que, cuando la economía entra al debate público, la evidencia no solo convenza: también funcione. No se trata de descalificar el trabajo técnico, sino de proteger a la ciudadanía de decisiones con evidencia insuficiente.

Por Mauricio Villena, decano Facultad de Administración y Economía UDP, y Andrés Hernando, Director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales.

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