Cada mañana, antes de que suene el despertador en la casa del papá de sus hijos, el día ya comenzó en la de María José: levantar a los niños, preparar el desayuno, encontrar la polera del colegio, calmar la pena del más chico que no quiere ir, y salir corriendo con ambos para no llegar tarde. Después trabaja. Después vuelve a cuidar. Y nadie paga por eso.

Cuando llegó a nosotras no tenía pensión fijada ni régimen de visitas regulado: solo un acuerdo de palabra. Su exmarido aportaba “lo grande” —colegio, salud, vivienda—, pero todo lo demás recaía exclusivamente en ella: ropa, comida, tareas, traslados, emociones, urgencias, noches sin dormir. Él los veía ocho días al mes, a veces ni eso. Vacaciones, fines de semana largos, enfermedades… todo lo asumía ella. No había corresponsabilidad, tampoco un aporte económico que reflejara esa realidad.

Durante años se entendió que cuidar era “lo natural”: un acto de amor, no un trabajo. Pero cuidar muchas veces también significa dejar de trabajar fuera de casa, perder ingresos, postergar proyectos, agotarse física y emocionalmente. Por eso no puede seguir siendo invisible. Ese cuidado cotidiano, silencioso y sostenido es el que hoy empieza a discutirse en tribunales: ¿cómo se valora un trabajo que no tiene sueldo, pero sin el cual nada funcionaría?

¿Qué dice la ley?

La ley cambió, pero el sistema no tanto. Desde 2022, el artículo 6 de la Ley 14.908 —modificado por la Ley 21.484— exige considerar la “tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia del alimentario” al calcular la pensión de alimentos. En simple: no basta con saber cuánto gana cada progenitor. También importa cuánto cuida. Y cuánto cuesta cuidar.

En el papel suena bien, pero la práctica va más lenta. Hoy no existe una tabla ni un método claro para traducir ese esfuerzo en cifras. Y muchas madres siguen criando casi solas, sin que ese trabajo aparezca reflejado en la pensión. Como si no costara. Como si lo invisible no existiera.

Algunos tribunales han comenzado a aplicar este enfoque, aunque de forma dispar. La Corte de La Serena (Rol 665-2023) acogió la queja de una madre que cuidaba a sus hijos sin apoyo real y reconoció que ese trabajo, aunque no tenga precio, sí cuenta y debe influir en la pensión. La Corte de Antofagasta (Rol 90-2024) corrigió un fallo que veía el cuidado como un gasto más y lo trató como lo que es: un aporte efectivo. “La tasación del cuidado puede ser pertinente a propósito de determinar la proporción en que deberá contribuir cada uno de los progenitores”, señaló. Y la Corte Suprema (Rol 6923-2024, agosto de 2025) también se pronunció: sí, el cuidado importa, pero para que pese, hay que demostrarlo. Mostrar cómo impacta la vida, los tiempos, la economía.

Hoy los jueces hacen lo que pueden, pero sin herramientas claras. No hay tablas, parámetros ni guías. Cada caso depende del tribunal, de la prueba presentada y de cuánto se entienda que cuidar no es un “rol de género”, sino un trabajo concreto.

La paradoja es evidente: la ley reconoce el valor del cuidado, pero el sistema aún no sabe cómo medirlo. Y mientras tanto, ese trabajo que permite que todo funcione —la crianza, el colegio, la salud emocional de los niños— sigue siendo asumido, en la mayoría de los casos, por las mismas de siempre. Sin sueldo. Sin pausa. Sin reconocimiento.

Valorar el cuidado no es castigar a quien no paga, es reconocer a quien ha sostenido todo lo demás. Es entender que maternar no es una misión sagrada, sino una tarea intensa, real y con consecuencias. Cuidar tiene impacto: en el bolsillo, en la salud, en los vínculos, en el tiempo. Y ese impacto debe contarse: en el cálculo, en la sentencia, en la conciencia colectiva.

La ley lo dice. Algunas sentencias también. Lo que falta es dotarlo de cuerpo: una tabla, un estándar, una política pública que diga con claridad cuánto vale cuidar en nuestro país. Porque nadie debería criar sola. Y si lo hace, lo mínimo es que ese trabajo —el que sostiene la vida— sea reconocido como lo que es: esencial.