Frenéticas y a contrarreloj fueron las negociaciones que durante los últimos días llevaron adelante los partidos oficialistas. Esto con el fin de generar un documento de acuerdo con propuestas para reformar la nueva Constitución en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.

Los diálogos concluyeron la noche de este miércoles pasadas las 23 horas, cuando los principales dirigentes de las tiendas que conforman las dos coaliciones de gobierno concretaron un texto, luego de conversaciones tensas, y que incluyó un rol de mediador por parte del Presidente Gabriel Boric.

Es así como este jueves se dio a conocer -en dependencias del exCongreso Nacional, en Santiago, donde funcionó la Convención Constitucional- el texto completo con las propuestas en donde hubo consenso.

Entre los firmantes del documento estuvieron los timoneles y representantes del PPD, Natalia Piergentili; el Partido Liberal, Patricio Morales; de Acción Humanista, Tomás Hirsch; del movimiento UNIR, Lorena Fries; del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; del Partido Radical, Leonardo Cubillos; de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre; de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba; del Partido Comunista, Guillermo Teillier; y de Convergencia Social, Diego Ibáñez.

En el documento -leído por el actor Alejandro Goic- se explicó que “el presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado”.

Además, se señaló que “las siguientes materias son aquellas que consideramos necesario abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan surgir del debate nacional”.

En ese sentido, las tiendas oficialistas se comprometen 8 grandes cambios a la propuesta de nueva Constitución que fue redactada por los convencionales: Cambio de nombre del Sistema de Justicia por Poder Judicial; nuevo Estado de Excepción; fin de la reelección presidencial; eliminación de la iniciativa que permitía a los parlamentarios presentar proyectos que irrigaban gasto; cambios a la Justicia indígena; aclaración del ámbito de consentimiento indígena; especificación de las autonomías territoriales; y derecho y propiedad de las viviendas.

Sin embargo, uno de los puntos que no se tocan de forma profunda en la propuesta de los partidos es el Sistema Político.

Sobre dicho punto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, indicó que “aquí nadie ha perdido ni tampoco es que el PC no dio algo. Esto no es una transacción comercial, aquí se habló políticamente y se estableció claramente que en el sistema político vamos a hacer una revisión para efectos de dar mayores equilibrios en la medida que eso sea necesario. Aquí no hay vetos, líneas rojas ni hubo momentos en los que no pudiéramos seguir avanzando”.

La timonel del PPD, Natalia Piergentili, aseguró, en tanto, sobre esta misma materia que “este no es un acuerdo para reescribir un proyecto constitucional que legítimamente fue hecho por convencionales electos. Lo que hay es un acuerdo para circunscribir algunas materias que no quedan lo suficientemente claras Por lo tanto, ese objetivo está cumplido y con creces”.

Revisa los principales puntos a continuación:

• Consulta indígena: sobre este punto los partidos oficialistas acordaron que “se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre el consentimiento previo, al que se refiere el texto constitucional, se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principios establecidos en el referido Convenio”.
• Autonomías territoriales: en esta materia las tiendas oficialistas acordaron que “se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas. Para esto se establecerá expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile. Asimismo, proponemos que se establezca expresamente en la ley que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes”.
• Justicia indígena: “reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema”.

• Pensiones: “nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional”.
• Propiedad de las viviendas: en este punto los partidos aclararan que “el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia. Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.
• Sistema Nacional de Salud: “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados. Bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud”.
• Educación: se entenderá “como derecho social, y en su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

• Estados de Excepción: “proponemos establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho. Todos los Estados de Excepción, como señala el texto, se aplicarán con estricto respeto a los derechos fundamentales”.

• Sistema político: “dado que la Nueva Constitución innovó y acordó un nuevo sistema político, con profundos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones, que valoramos, nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.
• Iniciativas de gasto fiscal: aquí se acordó que “respetarán siempre el beneficio de las personas y el principio de responsabilidad fiscal. En este sentido, creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado. Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la ley de presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.
• Reelección presidencial: “acordamos que para una mejor administración del Poder ejecutivo y los propios procesos político-electorales, que la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

• Mantención del nombre “Poder Judicial: “la independencia del Poder Judicial reconocida expresa y reiteradamente en la propuesta de nueva Constitución, es un principio fundamental para el Estado de Derecho, que regirá toda la implementación normativa. Proponemos reemplazar, en la Constitución, la denominación “Sistemas de Justicia” por la de “Poder Judicial”.
• Consejo de Justicia: en este tema las tiendas oficialistas “proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos. Considerando la importancia de los Derechos Fundamentales, nos comprometemos a implementar el Recurso de Tutela, a modo de proveer una protección adecuada, eficaz y oportuna”.