En medio del despliegue del Presidente José Antonio Kast y parte importante de su gabinete por el temporal que ha afectado a la zona centro sur del país -y con especial intensidad al norte chico-, este martes la Cámara de Diputados votará la megarreforma, la principal apuesta legislativa de la administración.

En Palacio existe confianza en que la iniciativa logrará convertirse en ley una vez concluido su paso por la Cámara. Aun así, el oficialismo sigue de cerca el comportamiento de la bancada del Partido de la Gente (PDG), cuyos votos fueron clave para que la idea de legislar se aprobara con holgura -90 respaldos- en su primer trámite.

Mientras esa definición se juega en el Congreso, el Ejecutivo ya mira el siguiente frente: la defensa del proyecto ante el Tribunal Constitucional (TC), escenario que dan prácticamente por descontado luego de que la oposición resolviera impugnar parte del articulado.

La decisión quedó zanjada este lunes, durante la tradicional reunión de coordinación entre presidentes de partido, secretarios generales, jefes de bancada y los abogados constitucionalistas del bloque. Ahí se acordó presentar tres requerimientos ante el TC: dos en el Senado -uno por la norma de invariabilidad tributaria y otro por la indemnización contemplada para inversionistas privados en caso de revocarse una Resolución de Calificación Ambiental- y un tercero en la Cámara de Diputados, que recogerá ambos puntos.

Ante ese escenario, en el Ejecutivo ya iniciaron la búsqueda del abogado que asumirá la representación ante el tribunal.

Hasta la semana pasada, en el gobierno transmitían que Hacienda se encontraba revisando una nómina de posibles nombres y que la definición sería conversada con el Presidente.

Y es que es el ministro Jorge Quiroz quien ha liderado el diseño de la megarreforma durante toda su tramitación legislativa y es quien mejor conoce el contenido del proyecto.

En La Moneda, sin embargo, recalcan que la decisión será consensuada -como es usualmente- entre Interior, la Secretaría General de la Presidencia -en particular con la opinión de su división jurídica- y Hacienda. En Interior en particular han seguido de cerca el proceso y esperan tener incidencia en la definición final.

El interés de ambas reparticiones por influir en esa decisión no es sorpresivo. La relación entre Quiroz y el biministro del Interior, Claudio Alvarado, quedó resentida durante la recta final de la negociación de la reforma en el Senado, luego de que fracasara el acuerdo alcanzado con el PPD.

Aunque finalmente la norma sobre invariabilidad tributaria se votó en los términos pactados con esa colectividad, sus parlamentarios terminaron restándose después de que el ministro de Hacienda anunciara públicamente que el gobierno impulsaría una rebaja del impuesto corporativo al 22%.

La situación obligó a Alvarado a intervenir y el Ejecutivo terminó retirando esa indicación. Si bien el oficialismo contaba con los votos para aprobar la iniciativa en el Senado, el entendimiento con el PPD era visto en Palacio como una señal política de amplitud que finalmente no prosperó.

En Hacienda, por otro lado, resintieron que Alvarado fuera tan explícito en restarle respaldo a Quiroz en esta materia.

En La Moneda, además, buscan evitar un nuevo revés ante el Tribunal Constitucional. Hace algunas semanas, el órgano declaró inconstitucionales varios de los pilares de Escuelas Protegidas, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno para enfrentar la violencia escolar.

En esa oportunidad, la defensa del Ejecutivo estuvo encabezada por el exministro secretario general de la Presidencia Juan José Ossa. La derrota que instaló en Palacio la necesidad de preparar con antelación la estrategia jurídica para la megarreforma.

Consultado este lunes por la ofensiva opositora, Alvarado sostuvo que “lo que hace la oposición hoy día es materializar algo que nos anunció hace tres meses atrás. Están cumpliendo con lo que dijeron incluso antes de que presentáramos esta megarreforma al Congreso”. Si bien reconoció que se trata de una herramienta legítima, agregó que al gobierno le habría gustado que “la discusión se diera donde corresponde, que es en el Parlamento y no en los tribunales”.

De todas formas, aseguró que el Ejecutivo “está preparado para ejercer su legítima defensa”.

En la misma línea, Quiroz afirmó que “estamos, por supuesto, siempre adelantándonos a las situaciones y oportunamente haremos conocer quién va a poder ir a defender este proyecto y estos artículos, que los consideramos absolutamente coherentes y consistentes con nuestro orden constitucional”.