“Hay que esperar el fallo”. Esa es la frase que, desde la noche del martes, se repite una y otra vez entre ministros, asesores y dirigentes oficialistas al ser consultados por el revés que sufrió el gobierno en el Tribunal Constitucional (TC) respecto de Escuelas Protegidas, una de las iniciativas emblemáticas impulsadas por la administración del Presidente José Antonio Kast para enfrentar la crisis de violencia en los establecimientos educacionales.

La cautela tiene una explicación. Aunque el TC informó qué disposiciones fueron declaradas contrarias a la Constitución, aún resta conocer la sentencia completa y sus fundamentos. Y es precisamente en esa argumentación donde el Ejecutivo espera encontrar las claves para dimensionar el alcance político y jurídico de una derrota que golpea directamente una de las apuestas legislativas más relevantes de esta administración.

Sin embargo, más allá de la espera oficial, el resultado encendió las alarmas en Palacio y algunos en el oficialismo comenzaron a preguntarse si el desenlace pudo haberse previsto con mayor anticipación.

La iniciativa llegó al TC luego de que parlamentarios de oposición impugnaran distintas disposiciones del proyecto. Durante la jornada del martes, el pleno escuchó los alegatos de las partes y analizó los cuestionamientos presentados por senadores y diputados.

Por parte de los requirentes expusieron la abogada y exconvencional Bárbara Sepúlveda y el abogado Pablo Sandoval. En representación del Ejecutivo alegó el exministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, quien defendió la constitucionalidad de las normas impulsadas por el gobierno.

Horas después, mediante un breve comunicado, el tribunal informó que acogió prácticamente la totalidad del requerimiento presentado por los senadores y parte importante de la presentación realizada por los diputados. Entre las disposiciones objetadas figura el artículo que establecía una inhabilidad para acceder a la gratuidad en la educación superior, una de las medidas más simbólicas del proyecto.

La norma creaba un nuevo requisito para obtener ese beneficio estatal: no haber sido condenado por delitos contra las personas, la propiedad o la infraestructura pública. Su eliminación representa una de las principales victorias de la oposición y podría tener efectos sobre otras iniciativas que impulsa el Ejecutivo, como el Registro Único de Vándalos.

También fueron declaradas inconstitucionales algunas disposiciones vinculadas a la revisión de mochilas en establecimientos educacionales. Si bien el mecanismo general sobrevivió al examen constitucional, el TC eliminó la posibilidad de que, ante la negativa del estudiante y la ausencia de sus apoderados, Carabineros o la PDI pudieran intervenir sin una orden previa del fiscal.

A ello se sumaron objeciones a normas que calificaban como una afectación grave de la convivencia escolar determinadas acciones que derivaran en la interrupción de clases, a la prohibición de ciertas vestimentas o accesorios asociados a la violencia o conductas delictivas y a disposiciones que restringían la admisión de estudiantes previamente expulsados de otros establecimientos.

El resultado golpeó especialmente porque Escuelas Protegidas se había transformado en uno de los proyectos insignia de la ministra de Educación, María Paz Arzola. La iniciativa fue presentada originalmente junto a la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, como una respuesta a la creciente preocupación por los episodios de violencia escolar y, particularmente, al ataque protagonizado por un estudiante en Calama contra una inspectora, con resultado de muerte.

Por lo mismo, aunque públicamente el gobierno ha optado por la prudencia, en privado comenzaron a surgir recriminaciones dirigidas hacia la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encabezada por el ministro José García Ruminot y la subsecretaria Constanza Castillo. Un golpe para una cartera que, hasta ahora, había logrado sortear con éxito las tramitaciones en el Congreso.

Las miradas apuntan particularmente a la División Jurídica de la cartera, liderada por la abogada Carolina Helfmann.

Entre quienes han seguido de cerca la tramitación legislativa sostienen que, desde el inicio, Escuelas Protegidas fue un proyecto controvertido y que los cuestionamientos constitucionales eran previsibles. En ese contexto, argumentan, si existía una decisión política de avanzar igualmente, el texto debía estar construido con resguardos jurídicos especialmente robustos.

En ese diagnóstico también aparece una segunda crítica: que una vez que el proyecto ingresó al Tribunal Constitucional tampoco se levantaron alertas suficientemente claras respecto del riesgo que enfrentaban algunas de sus disposiciones más sensibles.

Helfmann es considerada una de las principales guardianas jurídicas de la firma presidencial, labor que comparte con el abogado del Segundo Piso y exgerente de Colbún, Rodrigo Pérez. Aunque lejos de la magnitud del actual episodio, en el oficialismo algunos recuerdan otros traspiés recientes.

Entre ellos figura la controversia por la tramitación del reajuste al salario mínimo, luego de que diputados solicitaran la intervención de la Contraloría acusando que el Ejecutivo habría omitido la consulta al Consejo Superior Laboral exigida por ley.

Con todo, en Palacio rechazan que el episodio pueda reducirse únicamente a un problema jurídico. Distintas fuentes del gobierno insisten en que la discusión de fondo es también política y destacan que Escuelas Protegidas logró un amplio respaldo ciudadano durante su tramitación y contó con apoyo transversal en el Congreso.

Por lo mismo, recalcan que el TC no es un órgano que opere exclusivamente bajo criterios técnicos o jurídicos -en particular, por su composición- y que la evaluación definitiva sólo podrá hacerse una vez que se conozcan los fundamentos del fallo. Mientras eso no ocurra, la instrucción sigue siendo la misma: esperar la sentencia.

Si bien en el gobierno apuntan a que la decisión del TC -de mayoría progresista- fue política, aún falta por ver cómo fueron los votos de los ministros.

El argumento de La Moneda podría perder fuerza cuando se sepa cómo votaron los “ministros judiciales” del TC. Se trata de los ministros Mario Gómez y Raúl Mera, ambos jueces de carrera que dejaron sus cortes de apelaciones para integrar el TC. Si ambos llegasen a estar en los votos de mayoría, la decisión del órgano será aún más contundente contra el emblemático proyecto del gobierno.

En el gobierno, en todo caso, apuestan a instalar públicamente que no perdieron todo. Así, destacan que lograron un triunfo en lo esencial del proyecto: que los colegios podrán revisar las mochilas. Esto, agregan, sumado a los detectores de metales que se acaba de aprobar, es un gran avance.

También relevan que se aprobó que los alumnos no podrán taparse la cara ni estar encapuchados, lo que permitirá buscar más fácilmente a los responsables de la violencia escolar.

Sobre la gratuidad -añaden las mismas versiones- lo mejor es esperar el fallo para ver las razones. Sobre esto último, aseveran, creen que el TC dirá que no debe legislarse en leyes de seguridad, sino como una iniciativa propia.