El pleno del Tribunal Constitucional (TC), pasadas las 22.00 de este martes, dio a conocer el acuerdo por los requerimientos que presentaron un grupo de diputados y senadores de oposición contra el proyecto Escuelas Protegidas.

La larga deliberación del TC fue protagonizada por un pleno integrado por la presidenta Daniela Marzi, las ministras María Pía Silva, Nancy Yáñez, Catalina Lagos, Marcela Peredo y Alejandra Precht. A ellas se sumaron los ministros Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery, Raúl Mera y Mario Gómez.

La iniciativa que se sometió al examen constitucional era el proyecto estrella de la ministra de Educación María Paz Arzola para enfrentar la violencia escolar. La idea del proyecto surgió como respuesta al ataque que protagonizó un alumno en Calama y que terminó con una masacre que conmocionó al sistema escolar.

Por parte de los parlamentarios de oposición alegaron la abogada y exconvencional Bárbara Sepúlveda y el abogado Pablo Sandoval. En representación del Ejecutivo estuvo el exministro y excomisionado Juan José Ossa.

Luego de la vista de la causa, y casi terminando el día, en un escueto comunicado el TC dio a conocer el resultado. Sin detallar cómo fue la votación de los ministros, se comunicó que casi la totalidad del requerimiento de los senadores y parte del libelo de los diputados fue acogido.

Eso quiere decir que el gobierno sufrió una dura derrota en uno de sus proyectos más emblemáticos. Uno de los golpes más duros es que el TC declaró contrario a la Constitución el artículo 6 del proyecto.

Esa norma es la que planteaba la inhabilidad para acceder a la gratuidad. Es decir, se creaba un nuevo requisito para acceder a dicho beneficio.

Esa nueva exigencia apuntaba a “no haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”.

Que dicha inhabilidad haya sido declarada inconstitucional constituye una de las grandes victorias de la oposición ya que sentará un fuerte precedente que tendrá efectos en otros proyectos del gobierno como el Registro de Vándalos. La clave estará cuando se notifique la sentencia y la argumentación del TC.

Dicho mensaje del Ejecutivo, que recién está partiendo su tramitación en el Congreso, también propone inhabilidades para acceder a prestaciones sociales como la gratuidad universitaria o la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Otra de las normas declaradas contrarias a la Constitución tiene que ver con la revisión de mochilas. Si bien la revisión de esas pertenencias se podrá hacer, se caen algunas hipótesis, como por ejemplo, cuando el alumno se niega.

Es decir la revisión de mochilas y otros objetos logró pasar el test del TC, pero nunca podrá hacerse de manera forzosa.

Si el alumno se niega, “el personal del establecimiento educacional deberá informar de manera inmediata a sus padres y apoderados, para que al menos uno de ellos concurra a revisar las pertenencias del estudiante en presencia del personal autorizado del establecimiento”.

La futura ley detalla que “durante el tiempo que tome la gestión anterior, el estudiante deberá permanecer bajo resguardo y acompañamiento del personal autorizado, en un espacio adecuado, que deberá ser distinto del de la sala de clases. Si el padre, madre o apoderado concurre y el estudiante persiste en su negativa, aquel deberá retirar las pertenencias del establecimiento, debiendo el sostenedor del colegio dejar constancia de lo ocurrido e informar del hecho a la Oficina Local de la Niñez competente”.

En casos de negativa del alumno, y ante la ausencia del padre o apoderado incluso luego de ser llamado, el TC declaró inconstitucional la norma que creaba la posibilidad de que las policías registraran a los estudiantes sin orden previa del fiscal.

Otra norma que también se declaró inconstitucional tiene que ver con la disposición que planteaba como una afectación grave a la convivencia escolar los actos estudiantiles que impiden la realización de clases y cuyo efecto es la paralización de esas labores docentes.

La misma suerte tuvo la norma que prohibía el uso de accesorios “o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, drogas o conductas delictuales u contrarias a la ley”.

También se cayó, y por lo tanto se declaró contrario a la Constitución, la norma que permitía dejar fuera de los procesos de admisión a alumnos que previamente habían sido expulsados o sus matrículas canceladas de otros establecimientos educacionales.

El proyecto del gobierno había agregado como requisito para que los establecimientos educativos pudieran impetrar la subvención escolar, que el reglamento interno de la escuela contuviera esa prohibición para los procesos de admisión, pero dicha disposición también fue declarada inconstitucional.