El 30 de marzo de 2022, solo 19 días después de asumir el Presidente Gabriel Boric, el gobierno anunció la designación de la abogada y profesora de la Universidad de Chile, Valentina Durán, como nueva Directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Tras casi cuatro años en el cargo, Durán hace un balance positivo de su gestión e insiste en que el SEA, como órgano clave en la tramitación de proyectos de inversión y en la coordinación de acciones entre diversos estamentos públicos, ha cumplido con los plazos establecidos. Además, destaca la implementación de inteligencia artificial en los procesos.

Durán afirmaba en esta conversación, realizada al finalizar el Encuentro Nacional de la Industria, de la Sofofa, el 3 de diciembre, que el SEA ya había aprobado US$ 35 mil millones en inversión y que la cifra se acercaría a fin de año a US$ 40 mil millones. Efectivamente, en la plataforma de búsqueda del SEA, entre el 1 de enero de 2025 y el 23 de diciembre de 2025 se han aprobado 349 proyectos, los cuales suman una inversión total de US$40.402 millones.

¿Cuáles son los puntos que podría resaltar de su gestión versus la anterior?

Estoy muy satisfecha, porque hemos logrado este año aprobar ambientalmente US$35 mil millones en inversión. Estos son proyectos que aseguran el cumplimiento de la normativa ambiental y que adoptan medidas adecuadas de mitigación, de reparación y de compensación de su impacto durante todas las etapas de los proyectos, desde la construcción hasta la operación y el cierre. Y eso con participación ciudadana y sin rebajar los estándares ambientales. Chile tiene un compromiso de Estado de no retroceder en protección ambiental.

Nunca antes en la historia de la evaluación ambiental se había aprobado tanta inversión en un año calendario, y no ha terminado el año: nos vamos a acercar a US$40 mil millones. Nunca había ocurrido esto en la historia. Por lo tanto, como somos un termómetro de la inversión, esta es la expectativa de inversión que se materializará en los próximos años.

Además, hemos acelerado procesos y a través de distintas medidas de gestión estamos logrando quebrar la curva de los plazos de evaluación. Todos sabemos que el Servicio cumple con los plazos de evaluación y trabajamos para unificar criterios, porque estamos convencidos, y lo hemos comprobado, que cuando ingresan proyectos robustos solidos y bien construidos con participación temprana, fluye de mejor manera la evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta recomendó la aprobación del proyecto Volta, un proyecto de amoniaco verde de US$2.500 millones y esto va ser calificado en los próximos días con una reducción de 20% a 30% de los plazos que se han tenido. El proyecto Kimal Lo Aguirre, que acabamos de aprobar, se logró con un 30% menos de tiempos de tramitación y esto nos muestra que nuestra apuesta de unificar criterios de evaluación a través de guías, acompañado con capacitación, diálogo, participación ciudadana y cumplimiento del Acuerdo de Escazú, está dando frutos.

¿Cree que los compromisos ambientales que ha tenido Chile han entrampado el desarrollo de los proyectos de inversión?

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental hoy es reconocido como un activo.

¿Qué podría decirnos sobre los problemas laborales que enfrentó por eventuales vulneraciones a derechos fundamentales?

Hemos trabajado en el fortalecimiento. Hemos tenido distintos ejes de gestión y uno de ellos ha sido el fortalecimiento institucional. Tenemos un nuevo edificio, la dirección ejecutiva, tenemos un completo programa de fortalecimiento del clima y del liderazgo. Hemos logrado tener teletrabajo para el 35% de la dotación, demostrando que somos un servicio eficiente y que cumple. Así que estamos muy conformes con eso.

¿Qué medidas han tomado para modernizar el servicio?

Hemos incorporado de manera histórica la Inteligencia Artificial en la evaluación de impacto ambiental y hemos hecho un completo plan de modernización tecnológica que implica automatización de procesos, la emisión de los certificados PAS, que ha tenido una muy buena recepción, que consiste en que automáticamente, junto a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), se emiten en el expediente los certificados que dan cuenta del cumplimiento de los requisitos de los permisos ambientales sectoriales, para que estos se otorguen sin más trámite.

También hemos automatizado procesos para que la tramitación de las consultas de pertenencias sea completamente electrónica y, a través de este conducto poder hacernos cargo del alto porcentaje de consultas de pertenencias de proyectos nuevos para automatizar procesos.

También hemos mejorado toda la geoinformación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Nosotros tenemos la obligación de administrar las líneas de base de los proyectos. Antes de esto, era un punto en el mapa. Hoy día, tú tienes un polígono en el que puedes cruzar esta información de los proyectos con las distintas capas de análisis territorial. Con apoyo de la GIZ (Agencia de Cooperación Alemana, por sus siglas en alemán) y del Ministerio de Energía, hemos digitalizado todas las partes, obras, acciones, áreas de influencia, líneas de base de los proyectos de Antofagasta y de Magallanes. Con eso estamos entregando confianza y certezas jurídicas y técnicas en la evaluación de impacto ambiental.

¿Han existido demoras en la tramitación de los proyectos de inversión, por ejemplo, en Magallanes?

El Servicio de Evaluación Ambiental cumple siempre y sin excepción con los plazos legales de evaluación. Sucede que los titulares de proyectos, en algunas ocasiones, solicitan extensiones de plazo para poder cumplir con ellos.

Y eso ocurre en todos los sectores de la economía y en todas las áreas. A veces, un titular de un proyecto se encuentra, conoce las sensibilidades, por ejemplo, del territorio y se da cuenta de que es más conveniente realizar una modificación, por ejemplo, de un trazado, de una línea, por decirte cualquier cosa. Y por eso es que siempre la construcción de un proyecto de manera sólida, y lo hemos comprobado, es lo que permite que mejor fluya, claro. Por ejemplo, construir buenas líneas de base en los proyectos.

Si tú desarrollas un proyecto, por ejemplo, en un lugar donde hay jirafas que están en extinción, por decir algo -me entantan las Jirafas, pero en Chile no hay jirafas- que son muy importantes en su papel en un determinado ecosistema, tienes que presentar ese proyecto, haciendo un buen análisis y caracterización del hábitat de la jirafa, de cómo tu proyecto impacta a la jirafa. Bueno, a veces los proyectos requieren más tiempo para poder hacer análisis de alguna especie, de algún componente del medioambiente, y por eso requieren exenciones de plazo.

¿Existen también demoras en la tramitación Declaraciones de Impacto Ambiental de Magallanes y Ñuble?

(...) Lo que quiero reiterar es que el servicio cumple siempre con los plazos de evaluación, y a nosotros nos interesa que los proyectos fluyan, reducir plazos, y con colaboración pública y privada, cuando los proyectos llegan sólidos, completos y bien construidos, estamos logrando, incluso a veces, no tener una tercera etapa de interacción, no sacar ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones) en una etapa complementaria y aprobar el proyecto con un ICE (Informe Consolidado de Evaluación).

¿Eso ha disminuido el número de ICSARA?

Se ha logrado, en algunos casos, con colaboración de los titulares de los proyectos, que presentan sus proyectos muy sólidos, robustos, bien construidos, y eso nos permite reducir los plazos, y hemos sacado, en distintas regiones. Estamos quebrando la curva de los tiempos de evaluación. Nosotros siempre, cumpliendo con nuestros plazos, estamos quebrando esa curva, logrando significativas reducciones de plazos, entre un 30, 40, hasta 50% en algunos casos.

¿Esa situación, al comienzo de esta actual administración de gobierno, no era así, o era así, tal cual? ¿Existía un trámite expedito de proyectos de inversión, o no?

El servicio siempre ha cumplido con sus plazos de evaluación.

¿Se lo pregunto en particular por las Coevas?

No, el servicio siempre cumple con sus plazos de evaluación, y las Comisiones de Evaluación de Impacto Ambiental tienen que sesionar obligadamente, porque existe una regla de silencio administrativo positivo. Por lo tanto, si dentro de los plazos legales de evaluación, un proyecto no se califica, se podría llegar a entender como que está aprobado si es que el titular pide la certificación, y eso hace que las comisiones de evaluación, los delegados presidenciales y el Servicio se empeñen en cumplir siempre con los plazos legales de evaluación.

Al inicio de la actual administración en las Coeva, existía reparos constantemente sobre proyectos de inversión. ¿Ahora es distinto que el gobierno está de salida?

La OCDE le recomendaba a Chile reforzar el carácter técnico de la evaluación de impacto ambiental. Recibimos en la última evaluación de desempeño ambiental un reconocimiento a los esfuerzos que ha hecho el país y estamos trabajando en esa dirección, y eso incluye los organismos del Estado con competencias ambientales, y nuestro permanente trabajo de coordinación con los delegados presidenciales a través de nuestras direcciones regionales y con los distintos Seremis.

¿El cumplimiento del Acuerdo de Escazú ha bloqueado proyectos de inversión?

Todo lo contrario. Existe la convicción en todos los sectores de que una mejor y mayor participación ciudadana informada solo fortalece a los proyectos de inversión.

¿Se ha demorado, por ejemplo, en la entrega de las RCA en la actual administración?

Se ha cumplido siempre con los plazos legales.