El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió aprobar la suspensión condicional de los ex ejecutivos de Larrain Vial investigados por la Fiscalia en el marco del caso Factop-Audio en su arista vinculada al Fondo de Inversión Privada Capital Estructurado (FIP).

La suspensión condicional beneficia a Andrea Larraín, Sebastián cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, como directores de la AGF, junto a Claudio Yáñez, Manuel Bulnes y Felipe Porzio.

En la audiencia, se opuso sólo uno de los aportantes del fondo, Nanomed, representado por Germán Ovalle, pero sus argumentos fueron desestimados.

En la audiencia, la fiscalía anunció que Larraín Vial propuso un acuerdo que satisface las condiciones del Ministerio Público. Esto consistió en la operación de recompra de las cuotas de los inversionistas que ya había anunciado y puesto en marcha la compañía.

La operación consideró a una buena parte de los inversionistas de Serie B, pero no incluye a las sociedades relacionados a los imputados Álvaro Jalaff y los hermanos Daniel y Ariel Sauer.

En total el monto desembolsado por Larraín Vial en el acuerdo reparatorio consideró $3.259 millones, correspondiente a 124.555 cuotas Serie B.

El tribunal también aprobó la solicitud del Ministerio Público de ampliar el plazo de investigación por 50 días.

Los ejecutivos quedaron obligados a firmar bimensual, salvo Claudio Yáñez, ex gerente general de Larraín Vial Activos, quien debe firma una vez al mes a la comisaría más cercana a su domicilio.

Audiencia

A mediados de enero de 2025, el Ministerio Público formalizó a ocho personas vinculadas a LarrainVial —entre ellas, directores y ejecutivos— en la arista relacionada con el fondo “Capital Estructurado I”, administrado por LarrainVial Activos.

Este fondo tenía como objetivo invertir en títulos representativos de capital de Inversiones Santa Teresita SpA y del fondo de inversión privado 180, vehículo a través del cual Antonio Jalaff mantenía indirectamente un 3,87% de Patio. La Fiscalía acusó a los ejecutivos y directores de LarrainVial de gestionar el fondo sin contar con las garantías exigidas ni cumplir con los acuerdos establecidos. La compañía, en tanto, respondió que fue engañada por Factop y que desconocía tanto las irregularidades como la existencia de facturas falsas.

En aquella oportunidad, LarrainVial calificó la formalización como una medida “carente de fundamento” y sostuvo que tanto la administradora, como sus directores y el gerente general “han actuado en todo momento con estricto apego a la legislación y normativa vigentes, velando siempre por el mejor interés del Fondo y sus aportantes”, según expresó en una carta enviada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

¿Qué es la suspensión condicional?

Según la Biblioteca del Congreso Nacional, la suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa al juicio penal que puede ser solicitada por el fiscal, con el acuerdo del imputado, ante el juez de garantía. Esta medida se puede aplicar si el delito tiene una pena baja (no más de tres años de cárcel), si el imputado no tiene condenas anteriores y si no tiene otra suspensión vigente por hechos similares. Para que sea válida, el defensor del imputado debe estar presente en la audiencia, y si la víctima o el querellante asisten, el juez debe escucharlos.

Si se aprueba, el juez fija una serie de condiciones que el imputado debe cumplir por un periodo que va entre uno y tres años. Durante ese tiempo se detienen los plazos para que avance la causa penal. Además, aunque se suspenda el proceso penal, la víctima igual puede seguir un juicio civil para pedir una compensación económica. La decisión sobre la suspensión puede ser apelada por cualquiera de las partes.