Un nuevo revés tuvo el gobierno en su propósito por permitir el levantamiento del secreto bancario en el proyecto de ley de inteligencia económica. Y si bien el Ejecutivo ha realizado varios cambios sobre ese punto en particular, no ha logrado convencer a la oposición de que es una buena herramienta para combatir el crimen organizado.

En proyecto está hoy en su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados. En su última sesión, la Comisión de Seguridad Pública rechazó esta normativa que permitía que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pudiera acceder a información bancaria sin autorización judicial previa.

La indicación del Ejecutivo buscaba que la UAF pudiera solicitar datos directamente a los bancos en casos excepcionales. En este caso para operaciones sospechosas que involucren personas jurídicas, funcionarios públicos o delitos bajo su competencia. Además, según el Ejecutivo, garantizaba que el acceso fuera justificado y limitado.

Así, se planteaba que el director de la UAF autorizará cada solicitud con respaldo de las divisiones de Inteligencia Financiera y Jurídica. Mientras, la Auditoría Interna revisaría el cumplimiento de las condiciones legales.

Se esperaba, asimismo, que la información mantuviera carácter secreto y solo podía usarse para análisis específicos o entregarse al Ministerio Público. Por último, la norma establecía que la UAF debía publicar cada año datos agregados sobre su uso para garantizar transparencia.

Este aspecto era relevante para el gobierno. De hecho, en una entrevista con Pulso el director de la UAF, Carlos Pavez afirmó que “sin el levantamiento del secreto bancario estaremos mucho más atados de manos para la detección del crimen organizado”.

Asimismo, en esa misma oportunidad expresó que “de no aprobarse en el trámite parlamentario, advierte, “se ampliaría la brecha entre las herramientas que disponibles para quienes cometen los delitos y forman parte de las organizaciones criminales, en relación a las herramientas con que cuentan las instituciones que estamos a cargo de poder prevenir, detectar y combatir estos delitos”.

En el debate legislativo, la diputada del partido Nacional Libertario, Gloria Naveillan fijó postura: “El acceso al secreto bancario debe realizarse mediante una decisión del Poder Judicial, como forma de resguardar la protección de los datos personales”.

Pese a que esta norma no prosperó, la senadora dijo que “el proyecto se fortaleció, ya que establece reglas claras para el acceso a la información y refuerza las capacidades de organismos como la UAF y el Servicio de Impuestos Internos, tanto en personal como en tecnología”.

Por su parte, la diputada Alejandra Placencia (PC) cuestionó la demora en la tramitación del proyecto y afirmó que se perdió tiempo valioso para enfrentar el crimen organizado. Señaló que la discusión apunta a casos específicos de corrupción a gran escala y no a ciudadanos comunes.

Por lo mismo, lamentó que la oposición haya rechazado el levantamiento del secreto bancario, lo que, a su juicio, impidió perfeccionar herramientas clave.

En la comisión, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner lamentó el rechazo a los cambios propuestos para ampliar la facultad de la UAF de solicitar el alzamiento del secreto bancario en sede administrativa.

No obstante, explicó que, aunque la UAF mantiene esta atribución en sede judicial, la negativa a permitir solicitudes conjuntas para casos vinculados a un mismo reporte dificulta el seguimiento oportuno del dinero del crimen organizado.

Pese a ello, la subsecretaria valoró los avances alcanzados, entre ellos, las “adecuaciones a la Ley de la UAF que amplían su mandato desde el análisis financiero en relación a lavado de activos y financiamiento del terrorismo a las asociaciones delictivas y criminales. Y, entre otras cosas, se generó un conjunto de herramientas para perseguir el juego ilegal”, destacó. Recordó que también se aumentaron las multas para los sujetos obligados que no reporten adecuadamente a la UAF.

Asimismo, se aclararon las reglas de funcionamiento del Sistema, distinguiendo expresamente dos formas en que desarrollará su quehacer: la actividad autónoma y la a requerimiento. Ello consagra una nueva relación con el Ministerio Público: el Fiscal Nacional puede requerir la colaboración del Sistema en el marco de investigaciones en curso, cuando la complejidad de los antecedentes conocidos lo haga necesario.

Se fortaleció la gobernanza del Sistema a través de la creación de un Comité de Coordinación, Prevención y Seguridad, conformado por los jefes de los servicios que lo integran y presidido por el director la UAF. Este comité velará por que el sistema cumpla sus cometidos coordinadamente y propenda a la unidad de acción. También le corresponderá definir los lineamientos estratégicos que orienten el desarrollo de las actividades del Sistema y definir medidas de contrainteligencia aplicables a sus funcionarios.

Ahora el proyecto será revisado por la Comisión de Hacienda para luego seguir su trámite en la sala de la Cámara.