Por Maximiliano VillenaLas razones del exdirector de Sartor, Óscar Ebel, para colaborar en la investigación de la CMF
Alejandro Espinoza, abogado de Óscar Ebel, adelanta que apelarán a la sanción del regulador, pese a que este redujo la multa de su cliente en 70%, y que no descartan iniciar acciones civiles en contra de Pedro Pablo Larraín, fundador y controlador de Sartor AGF. Además advierte: "Hay plata que se perdió... nominalmente había una ganancia que se consolidaba en los aportantes, pero que nunca era tal, no existió".
Óscar Ebel, exdirector de Sartor AGF, fue multado este martes por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por la suma de UF22.500. No fue el único. En total, el regulador sancionó a ocho exdirectores y gerentes de la administradora por un total de UF367.500 ($14.569 millones), pero a diferencia del resto, Ebel obtuvo una rebaja del 70% luego de considerar su colaboración en la investigación.
En su resolución, la CMF argumentó que los sancionados faltaron a su deber fiduciario y que “pasaron por alto las normas que buscan prevenir el conflicto fe interés”.
Alejandro Espinoza, abogado de Óscar Ebel, asegura que los antecedentes entregados por su cliente a la CMF en el marco de la investigación, “permitieron construir la formulación de cargos”, y si bien se muestra conforme con el reconocimiento de este organismo, no lo está con la sanción recibida: “Estamos evaluando un reclamo de ilegalidad contra la resolución. Estimamos que se debieron considerar otros aspectos que hacían a Óscar Ebel merecedor de un mayor beneficio y de una rebaja del 100%”.
La investigación
Según Espinoza, no fue hasta la primera resolución de la CMF de noviembre de 2024, cuando suspendió los aportes a los fondos de Sartor AGF, que Ebel sintió desconfianza.
Dicha intervención del regulador, a su juicio, “mitigó el daño que se podría haber causado a otros aportantes que hubieran seguido ingresando fondos a un grupo que estaba funcionando de forma irregular”. Sostiene que fue en ese momento cuando “Óscar Ebel empieza a pedir explicaciones a la administración. Las explicaciones no eran satisfactorias, pide una asesoría legal independiente y él toma conciencia clara y absoluta de que hay irregularidades graves y contrata, bajo su cuenta, una auditoría independiente y decide realizar una denuncia a la CMF y al Ministerio Público”.
En esa línea, detalla que “en el tiempo en el que él fue director de la matriz de Sartor y de la AGF, jamás los comités de riesgo, los abogados ni los auditores reportaron alguna irregularidad o advertencia”.
Relata que tras la asesoría legal y el informe pericial elaborado por Juan Pablo Tejerina Olivares, socio director de GNT Consultores, cuando Ebel “toma conciencia de que hay graves infracciones a las normas que regulan la administración de fondos y que habrían eventuales comisiones de delito”. Y subraya que su cliente “fue el primero, antes que nadie, en presentar la denuncia al Ministerio Público. La investigación criminal parte con una denuncia de Óscar Ebel”.
Espinoza indica que “si él hace un mea culpa, es haber confiado en personas que no lo merecían”.
Detalla que al momento de presentar una operación para su aprobación, esta ya contaba con “los vistos buenos de los comités de compliance. Él (Eben) hacía fe de que esto era absolutamente regular. Pero una vez que presenta sus reparos y empieza a estudiar la trazabilidad de las diferentes sociedades y la conexión que tenían con otros directores, cae en cuenta de que estamos en presencia de conductas derechamente dolosas”.
En ese sentido, sostiene que en algunas operaciones “se le ocultó información”, y en otras, “pecó de exceso de confianza”.
“Óscar Ebel actuó absolutamente de buena fe, depositó confianza en personas que no la merecían, y la prueba más importante de esto es la pérdida importante de su patrimonio”, afirma el abogado.
En el detalle, comenta, Ebel y su familia invirtieron $3.500 millones en vehículos de Sartor, recursos que hasta ahora “no han recuperado”.
El origen
Fue en 2012 cuando Sartor inició sus operaciones, relata Espinoza. “Pedro Pablo Larraín (fundador y controlador de la AGF) conoce a Óscar Ebel y este pone el primer millón de dólares para partir este negocio”.
Según el abogado, Ebel “está profundamente afectado por esta situación. Él tiene una trayectoria empresarial y familiar intachable, verse involucrado en esto es de la más alta gravedad, y ver que su nombre fue utilizado para defraudar a otras personas, también lo afecta de manera importante. Verse enlodado en esta situación es muy grave”.
“Por eso nuestro mandato es que esto se esclarezca, especialmente ante el Ministerio Público, donde se podrá determinar qué personas actuaron dolosamente. Tenemos la convicción de que hay directores, al igual que Óscar Ebel, que actuaron confiadamente y que no participaron dolosamente en esto, pero hay otros, que tenemos individualizados, que claramente actuaron dolosamente y se beneficiaron con estas operaciones fraudulentas”, asegura.
Carlos Larraín Mery, exdirector de Sartor AGF, dejó la gerencia general de Aramco este jueves. Es mencionado en varias oportunidades en la resolución de la CMF aprobando operaciones cuando ya no era director del grupo, ¿debió ser sancionado?
-Las sanciones de la CMF son por infracciones reglamentarias, fundamentalmente a deberes fiduciarios como director o en ciertas posiciones de la administración que formalmente él no tenía. Pero eso no significa que él no pueda ser investigado por el Ministerio Público.
¿Piensan interponer acciones civiles en contra de Pedro Pablo Larraín?
-Vamos a esperar que el proceso continúe, y evidentemente no descartamos ninguna acción, porque Óscar Ebel y su familia han sido gravemente perjudicados por el acto doloso de integrantes del Grupo Sartor.
La intervención de la CMF
Ebel entregó en tres ocasiones una serie de antecedentes a la CMF, y entre estos se encuentran transacciones que permitieron al fondo Tactical Sport adquirir el 62% de Azul Azul.
Según la resolución de la CMF, el monto de las operaciones realizadas con entidades relacionadas a la gestora y sus directores, que implicaron infracciones a la Ley Única de Fondos y que fueron en perjuicio de los fondos, asciende a $95.578 millones.
“Consideramos graves todas las operaciones donde dineros de los fondos públicos fueron triangulados hacia inversiones como Azul Azul, porque, finalmente, ese tipo de operaciones estaba prohibida. Como inversor ingreso recursos a un vehículo con un reglamento que detalla en qué se invertirá el dinero. Yo debería poder saber a dónde van a parar mis recursos, y tendría que poder decir si me interesa que esa plata vaya a un club de fútbol o a un proyecto inmobiliario”, manifiesta Espinoza.
¿Cuál creen ustedes que es el origen de esta especie de mecanismo, por decirlo de alguna forma?
-La actuación dolosa de personas precisas y determinadas. Esto se ocupa como una gran caja donde no había una línea divisoria entre los recursos de los fondos públicos, privados y la matriz. La administración ocupaba las platas de un lado para otro.
Los estados financieros de 2024 dieron cuenta de importantes pérdidas para los fondos. ¿Qué ocurrió con esos recursos?
-Creo que hay plata que se perdió porque aquí, lo que había, eran renovaciones indefinidas de operaciones y otorgamiento de intereses. Nominalmente había una ganancia que se consolidaba en los aportantes, pero que nunca era tal, no existió. Por otro lado, hay recursos que derechamente se distrajeron a través de diferentes operaciones, y eso es parte de la investigación del Ministerio Público.
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