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Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

Aunque la Ley 21.431 redujo la informalidad y amplió el acceso a seguros laborales, los riders siguen enfrentando riesgos viales, brechas de información y una cobertura que no siempre llega a tiempo. Expertos advierten que la protección efectiva aún no alcanza a todos desde el primer día.

Durante la última década, el trabajo a través de plataformas digitales ha pasado de ser una actividad marginal a consolidarse como una fuente de ingresos estable para miles de personas en Chile. Repartidores y conductores, los ya conocidos riders, operan diariamente en la vía pública, expuestos a riesgos viales, climáticos y de seguridad personal, en un contexto laboral que combina altos niveles de autonomía con una protección social que aún presenta brechas.

Según el “Estudio Trabajadores de Plataformas Digitales” elaborado por Mutual de Seguridad, esta modalidad se ha legitimado como una ocupación permanente: más del 50% de los repartidores declara que esta actividad constituye su principal fuente de ingresos, cifra que aumentó en más de 14 puntos porcentuales entre 2021 y 2023. Al mismo tiempo, creció en 15% la proporción de trabajadores con más de dos años de antigüedad en plataformas, lo que refuerza la idea de que no se trata solo de un empleo transitorio.

Menos informalidad, pero no sin fricciones

Uno de los principales cambios del período ha sido la reducción de la informalidad. El estudio muestra que el porcentaje de repartidores sin contrato ni emisión de boletas cayó desde 27% en 2021 a solo 6% en 2023, mientras aumentaron tanto los trabajadores dependientes como quienes operan mediante boleta de honorarios. Este avance está directamente asociado a la entrada en vigencia de la Ley 21.431, que regula el trabajo en plataformas digitales desde septiembre de 2022.

Para Sebastián Hurtad, fiscal de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y miembro de la subcomisión del Consejo Laboral de Independientes y Plataformas, la normativa ha permitido una formalización inédita. De acuerdo con datos del Servicio de Impuestos Internos citados por el Consejo, entre abril y diciembre de 2024, 107.652 trabajadores al mes emitieron boletas asociadas a plataformas digitales, incorporándose al sistema formal.

Sin embargo, Hurtad advierte que persiste un problema estructural: los trabajadores independientes solo acceden plenamente a la seguridad social después de la operación renta del año siguiente al inicio de sus servicios. “Mientras no se modifique la ley de impuesto a la renta y la Ley 21.133, seguirá existiendo un período en que los nuevos riders quedan desprotegidos”, señala.

Riesgos en la calle

El foco de mayor preocupación para los repartidores no está solo en los ingresos, sino en la seguridad cotidiana. El estudio revela que, al preguntar por los aspectos más relevantes que busca resolver la ley, un 67% menciona la protección de sus bienes personales y un 50% el acceso a la seguridad social, mientras que la prevención de riesgos aparece rezagada.

En la práctica, los siniestros son una realidad concreta. Desde 2022, Mutual de Seguridad ha registrado más de 750 accidentes asociados a trabajadores de plataformas, principalmente choques, caídas y sobreesfuerzos en la vía pública. Aun así, las tasas de accidentabilidad y siniestralidad son más bajas que las del sector transporte en general, lo que desde Mutual interpretan como un uso responsable del seguro, concentrado en eventos de mayor gravedad.

Mariana Alcérreca, gerente de Asuntos Corporativos de Mutual de Seguridad, sostiene que el desafío es acompañar la flexibilidad con una gestión activa de riesgos. “El trabajo en plataformas se realiza en la calle, por lo que la seguridad vial es crítica. La ley reconoce por primera vez la seguridad y salud en el trabajo como un derecho, independiente de la condición contractual”, explica.

El rol de las plataformas

PedidosYa ha sido una de las plataformas con mayor participación en los programas de cobertura y prevención. Según datos de Mutual, más de 8.500 repartidores vinculados a esta empresa están adheridos al sistema, y más de 7.500 han sido capacitados en materias de seguridad laboral.

Mónica Collel, directora de Asuntos Corporativos de PedidosYa, subraya que la formalización fue una decisión temprana. “Desde 2019 pagamos las ganancias mediante boleta de honorarios, lo que permite acceso a seguridad social y certificación de ingresos. Esto es clave para que los repartidores puedan arrendar una vivienda o acceder a crédito”, afirma.

La compañía, en alianza con Mutual, ha implementado capacitaciones online, entrega de elementos de protección personal y acciones presenciales como simuladores de conducción. Además, ha impulsado puntos de descanso con municipios de Santiago, incorporando baños, espacios de alimentación y conectividad, una de las principales carencias identificadas por los riders en su experiencia diaria.

Conocimiento de la ley: una tarea pendiente

Pese a los avances, el nivel de información sigue siendo dispar. Solo un 37% de los repartidores declara tener un buen conocimiento de la Ley 21.431, y un 57% no percibe que esta los proteja más que antes de su entrada en vigencia. La brecha es mayor entre los trabajadores más jóvenes y quienes llevan menos tiempo en la actividad.

Desde el Consejo Laboral coinciden en que es necesario reforzar los canales de información y avanzar en ajustes legales que permitan cobertura desde el primer día. También se identifican desafíos operativos, como mejorar la transparencia en los pagos, fortalecer los mecanismos de reclamo y evitar prácticas irregulares como el arriendo de cuentas.

Un modelo en evolución

El diagnóstico compartido por autoridades, empresas y organismos de seguridad laboral es claro: el trabajo en plataformas llegó para quedarse. La flexibilidad, autonomía y capacidad de generación de ingresos explican su atractivo, pero también obligan a repensar los sistemas tradicionales de protección social.

La experiencia chilena muestra avances significativos en formalización y seguridad laboral, impulsados por la regulación y por modelos de colaboración público-privada. Sin embargo, como advierten los expertos, el desafío de fondo es cerrar las brechas estructurales para que la protección no dependa del tiempo ni de la condición contractual, sino que acompañe efectivamente a quienes hoy recorren la ciudad para sostener una economía cada vez más digital.

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