SEÑOR DIRECTOR:

En relación con el persistente debate público sobre el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM, resulta imperativo aclarar que, más allá de las legítimas críticas políticas o económicas, los cuestionamientos de índole jurídica han sido sistemáticamente abordados y resueltos por las instituciones competentes de nuestro país.

Se ha instalado la idea de que el acuerdo adolece de vicios legales, pero un análisis de los hechos y la jurisprudencia demuestra lo contrario.

Primero, el principal argumento legal en contra, la supuesta omisión de la consulta indígena, ha sido zanjado por nuestros tribunales superiores. La Corte Suprema (rol 61082-2024), confirmando una decisión de la Corte de Antofagasta, determinó que no existe tal omisión, pues el propio acuerdo contempla la realización de este proceso en la etapa correspondiente, como condición previa a su materialización. De hecho, Corfo ya ha iniciado formalmente dicho proceso.

Segundo, la crítica sobre una presunta falta de facultades de Codelco para explotar litio también ha sido desestimada. La justicia, en un recurso de amparo económico, concluyó que el marco legal de Codelco (Decreto Ley 1.350) sí le permite explotar minerales no ferrosos, como el litio. Asimismo, declaró que la ausencia de una licitación pública no constituye una ilegalidad en este caso (Corte Suprema, rol 2790-2025).

Tercero, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) determinó que la aprobación del acuerdo por parte del directorio de SQM, y no por una junta de accionistas, se ajusta a la legalidad vigente.

El debate sobre la conveniencia estratégica de esta alianza es válido y necesario. No obstante, es fundamental para la confianza en nuestras instituciones y para el estado de derecho reconocer que los flancos legales que algunos insisten en levantar ya han sido debidamente examinados y resueltos por los organismos cuyo mandato es, precisamente, velar por el imperio del derecho.

William García

Claudia Sarmiento

Abogados